Pujol Ferrusola: "No existen maniobras de ocultación de dinero ni pruebas"

Jordi Pujol Ferrusola afirma que el auto de prisión dictado contra él por el juez central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, está plagado de inexactitudes e incongruencias.

Júnior pide abandonar la cárcel alegando que las supuestas operaciones de "despatrimonialización" o "descapitalización" que le atribuye el magistrado son inciertas y corresponden, en realidad, a operaciones financieras ya recogidas en la causa y cuya dinámica y origen es anterior al momento en el que el juez dictó contar él medidas de cautelares como la retirada del pasaporte y el embargo de sus cuentas. "En suma, los hechos que hoy son el sostén de la medida ya obraban en autos con mucha anterioridad y no son, a mayor abundamiento, constitutivos de elusión a la satisfacción civil del proceso y, mucho menos, constitutivos de reiteración delictiva", señala el recurso.

Operaciones transparentes

Pujol Ferrusola asegura que siempre ha estado a disposición de lo que ha ordenado la justicia y que ya tiene "trabados", entre saldos e inmuebles, más de 22 millones de euros.

Los abogados del primogénito del expresidente de la Generalitat, Cristóbal Martell y Albert Carrillo, desgranan una a una las operaciones financieras que De la Mata asegura son muestra inequívoca del intento de Júnior de descapitalizarse ante la tormenta judicial que se cierne sobre él.

"Es decir, la disposición y salida de fondos se produce con mucha anterioridad a la incoación misma de esta causa y los contratos de renovación que el auto destaca no constituyen una salida de fondos novedosa y para eludir las consecuencias civiles del proceso, sino, pura y simplemente, un reforzamiento de la posición acreedora", señalan.

De la Mata imputa a Pujol Ferrusola haber mentido sobre la tenencia de cuentas bancarias en Andorra. Pero Júnior dice que eso no es cierto. O no del todo. Afirma que nunca negó disponer de cuentas en Andorra. Simplemente, añade, cuando se le preguntó al respecto se negó a declarar acogiéndose a su derecho a no hacerlo.

Sin pruebas

Por último, Pujol Ferrusola lanza una dardo a la UDEF y a la instrucción al afirmar que, tras cinco años, no han acumulado prueba alguna de las supuestas comisiones recibidas por él o por alguien de su familia a cambio de facilitar contratos públicos.

"Estas afirmaciones u otras de idéntico tenor se repiten como un latiguillo, mas no por repetirse resultan procesalmente aprovechables. La actividad delictiva antecedente viene a presentarse en la causa como pura petición de principio. Y, sin embargo, sin venir acompañada del más mínimo atisbo probatorio orientado a esa dirección. En efecto, la profusa y exhaustiva investigación durante cinco años no ha permitido identificar, por inexistentes, a qué concreta licitación, concurso o adjudicación pueda referirse. No ha permitido concretar resolución administrativa en que su dictado se hubiere visto enfilado por gestión o tráfico ejecutado por nuestro mandante. No ha permitido concretar un singular funcionario o mesa de contratación que hubiere visto alterada su libre decisión y condicionada su voluntad resolutoria por razón de la actividad de nuestro poderdante. Los informes UDEF se explayan en la altisonante afirmación de delitos de 'cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos y subastas públicas', sin que, en rigor, aporten un solo dato concreto para colmar rudimentarios elementos estructurales de esas tipicidades", concluye el recurso.