Carles Puigdemont y Artur Mas con Anna Gabriel y a Julià de Jódar en el Parlament.

Carles Puigdemont y Artur Mas con Anna Gabriel y a Julià de Jódar en el Parlament.

Política

La CUP insta a Puigdemont a adelantar el referéndum y desobedecer al Estado

Los antisistema presentan en el Parlamento catalán una propuesta de resolución que enmienda la hoja de ruta del presidente autonómico

5 octubre, 2016 00:00

Ni una semana han tardado los antisistema en enmendar la hoja de ruta de Carles Puigdemont. Tras darle apoyo en la cuestión de confianza a la que se sometió el presidente catalán a cambio de que éste prometiera un referéndum unilateral en la segunda quincena de septiembre de 2017, la CUP ha presentado una propuesta de resolución con sus propias exigencias. Quieren que esa consulta sobre la independencia de Cataluña se celebre antes de julio de 2017 y que no quede subordinada a la eventual autorización o denegación de las instituciones españolas.

La CUP ha presentado esta propuesta con motivo del Debate de Política General que comienza hoy en el Parlamento catalán. Una especie de debate sobre el estado de la nación autonómica en el que Puigdemont explica su acción de gobierno y la oposición la valora. Finalmente, los grupos parlamentarios someten a votación sus propuestas, previa negociación con otras formaciones, pero será inevitable que la cuestión de referéndum eclipse el encuentro.

Ley de referéndum

La propuesta de la CUP, un órdago para CDC, incluye la celebración de “un referéndum vinculante antes de julio de 2017 con una pregunta binaria sobre si la ciudadanía está de acuerdo con que Cataluña se constituya en República independiente”. Con esta finalidad, propone la elaboración de una ley de referéndum en la que se tendría que empezar a trabajar “como muy tarde el 31 de diciembre de 2016”.

La CUP subraya que estos dos ejes de la desconexión no deben quedar “subordinados a la eventual autorización o denegación de celebración del referéndum por parte de los órganos del Estado español”. Asimismo, exigen que la ley de transitoriedad jurídica –la ley de desconexión que debe servir de transición entre las normas españolas y las catalanas-- sea votada en el Parlamento catalán antes del 31 de diciembre de 2016.