CiU defiende su política de privatización de la gestión de las guarderías de Barcelona

El nuevo gobierno municipal de Barcelona, liderado por la alcaldesa, Ada Colau, ha hecho de la enseñanza preescolar uno de sus principales caballos de batalla. En concreto, ha exhibido la decisión de paralizar el concurso de externalización de dos guarderías que está previsto que entren en servicio en septiembre, revirtiendo una iniciativa del anterior equipo de CiU. Y estos defienden su modelo, asegurando que la externalización era la "única opción" para abrir nuevos centros y que la gestión indirecta no significa "precarizar".

Colau anunció esta semana que ha mandado frenar el concurso que debía "privatizar" la gestión de dos guarderías municipales de Barcelona, la del Mercat del Guinardó (Horta-Guinardó) y la de Escorial (Gràcia), que ya tienen ofertas presentadas y están solo a la espera de abrir las plicas. Y ya antes manifestó su intención de no prorrogar la concesión de las únicas tres guarderías de gestión indirecta ya en funcionamiento, otorgadas por el anterior equipo de gobierno del ex alcalde Xavier Trias, así como de no llevar a cabo otros dos concursos de adjudicación previstos para este mandato. Una decisión que responde al programa electoral de BComú, que prometía "asegurar la gestión directa de todas las guarderías públicas". Pero que ha sido duramente criticada desde CiU.

El anterior concejal de educación, Gerard Ardanuy (UDC), en declaraciones a CRÓNICA GLOBAL, ha defendido su política de externalizaciones con el argumento de que, después de 2011, no había otra opción para abrir nuevos centros. "Una ley de rango estatal impide crear más plazas de trabajadores públicos", ha recordado, refiriéndose a la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el Gobierno Rajoy al inicio de su mandato.

En este sentido, Ardanuy niega otras razones, como las económicas, para apostar por la externalización, y explica que, antes de que entrara en vigor la ley, "pusimos en funcionamiento 23 centros de gestión directa", además de haber "aumentado" el presupuesto del Ayuntamiento para educación preescolar.

Los recursos, "de donde sea"

De hecho, Colau admitió tácitamente está limitación de la ley de Estabilidad, al proclamar que el ayuntamiento "buscará de donde sea los recursos para mantener las guarderías y garantizar que sean públicas", a pesar del "ahogo que potencia el Gobierno español". Unos recursos que, para Ardanuy, serán necesarios, puesto que, según advierte, el ayuntamiento muy probablemente deberá afrontar indemnizaciones por paralizar ambos concursos.

"Todas las empresas licitantes, hayan presentado oferta o no, pueden presentar un recurso", señala Ardanuy, que precisa que, "como mínimo", las empresas pueden reclamar una indemnización por "las horas de redacción del proyecto". Pero CiU tiene más objeciones a la decisión de parar la externalización de estos dos centros.

El ex concejal de Educación cree que es imposible que ambos centros -con unos 200 alumnos en total- puedan abrir sus puertas "el 15 de septiembre", porque considera imposible llevar a cabo en tan poco tiempo un proceso de selección de personal. Especialmente, en el caso de la guardería de Escorial, que tiene nueve plazas reservadas para niños con pluridiscapacidad, en educación inclusiva con el resto de alumnos, y que define como "proyecto único", con una "singularidad altísima", y para el cual se necesitan educadores "muy especializados".

No ve posible un traslado de funcionarios

Además, Ardanuy señala que si el Ayuntamiento optara por crear nuevas plazas de funcionario se encontraría con la "negativa del Estado", a través del interventor del ayuntamiento. Y que un traslado de funcionarios -como se ha apuntado desde el equipo de Colau- tiene también sus dificultades, porque "los funcionarios tienen su plaza asignada". "Seguro que a alguien se le ocurrirá una solución brillante", ironiza.

Más allá de criticar la decisión de Colau, CiU defiende su modelo. Recalca que el coste de los centros de gestión directa e indirecta es el mismo, y asegura que la calidad del servicio es también la misma. Sí admite que los educadores de las guarderías con gestión externalizada cobran menos que los funcionarios de igual función en centros municipales de gestión directa. Pero asegura que los tres centros externalizados ya en marcha -Patufets de Navas, en Sant Andreu, Caspolino y Enxaneta, en Gràcia- han recibido una nota media de 8,6 sobre 10 por los padres de los alumnos, en la línea "de toda la red" de guarderías municipales, "a pesar de que se suponía que era una barbaridad educativa".

"La gestión externa no es maltratar niños, no es precarizar", defiende, a la vez que asegura que tampoco significa "privatizar", pues el servicio continúa siendo municipal. "Estas empresas no pueden hacer lo que quieren", explica, y señala que han de ceñirse a unas condiciones "muy marcadas" elaboradas por los propios técnicos municipales. E incluso apunta que las empresas adjudicatarias de los centros de gestión indirecta ya en marcha pertenecen a la "economía social", incluyendo una cooperativa.

"Cuestión de percepción"

"Este debate lo perdimos, no nos suplimos explicar bien", reconoce. "Durante cuatro años se ha simplificado mucho el debate", lamenta. "La gestión indirecta no es mala de por sí, y el ayuntamiento hace 20 años que la aplica. Es una cuestión más de percepción que otra cosa", asegura, añadiendo que el usuario, normalmente "ni se da cuenta" de cuando un servicio municipal es de un tipo u otro.

En el caso de las tres guarderías ya externalizadas, no obstante, sí se dan cuenta los padres de los alumnos. Y es que estas tienen unos horarios más amplios -del 4 de septiembre al 31 de julio, cuando el resto de guarderías abre del 15 de septiembre al 15 de julio- y un precio superior. Mientras el precio habitual de las guarderías de la red municipal ha sido en el curso actual de 1.749 euros anuales en concepto de escolaridad y 1.144 euros anuales en concepto de alimentación (comida y merienda), en el caso de estos tres centros es de 1.959 euros por escolaridad y 1.281 euros por alimentación. Es decir, un coste extra de 210 y 137 euros anuales por ambos conceptos, respectivamente.