Foto del escrito acusatorio del fiscal Ulled expuesto durante el juicio / CG

Foto del escrito acusatorio del fiscal Ulled expuesto durante el juicio / CG

Política

‘Caso Palau’: el fiscal rebaja las penas para Millet y los Montull, pero aumenta la de Osácar

Sánchez Ulled pide ocho años y 10 millones para el extesorero de CDC; 14 años y sendas multas para los exdirigentes de la institución, y sólo tres para la antigua responsable de finanzas

17 mayo, 2017 13:54

Caso Palau. El extesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Daniel Osácar está en el centro de la diana. El fiscal aumenta la petición de cárcel para él, al tiempo que rebaja las del expresidente del Palau de la Música, Fèlix Millet; de su otrora mano derecha, Jordi Montull, y de la hija de éste, Gemma.

El fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled ha subido ligeramente la petición de pena para el que fuera tesorero de CDC Daniel Osácar: de siete años y medio a ocho años de cárcel por tráfico de influencias y blanqueo, además de solicitar para él una multa de 10 millones de euros.

La fiscalía considera probada la financiación de CDC con mordidas de Ferrovial a través del Palau de la Música. Por ello ha subido también la petición de penas a para los dos directivos de esta constructora acusados, Juan Elizaga y Pedro Buenaventura, para quienes solicita cinco años de cárcel a cada uno y una multa de 10 millones.

Duro con Millet

Sánchez  Ulled ha sido igualmente duro con Fèlix Millet. Le pide una multa de 22 millones de euros y 14 años de condena por delitos de malversaciones, falsedad, apropiación y tráfico de influencias y blanqueo.

La misma multa y 10 años de cárcel pide para Jordi Montull a pesar de haber disfrutado, ambos, de dos eximentes: la de confesión y la de reparación económica del daño ocasionado.

Como ya se anunció, el fiscal ha rebajado la pena a Gemma Montull de una forma drástica: de 25 años a sólo tres años y una multa 10 millones. Eso implicará que, en caso de ser condenada, no ingresará en la cárcel. Esta disminucuión obedece al pacto entre anticorrupción y la familia Montull para incriminar a CDC en las supuestas mordidas de Ferrovial.