Anticorrupción pide documentación sobre el legado municipal de Junqueras

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) documentación relativa a una nueva ordenanza fiscal elaborada durante el mandato del exalcalde Oriol Junqueras (ERC), actual vicepresidente económico de la Generalitat. Estas pruebas solicitadas por el ministerio público se enmarcan en una investigación, tal como publicó Crónica Global, sobre un supuesto trato de favor a la empresa Fercable, a cuya plantilla pertenecía el concejal de Hacienda Manuel Ortega. Hombre de confianza de Junqueras y miembro de la formación independentista Súmate, Ortega presidía el comité de empresa de Fercable, pero actualmente está en régimen de excedencia.

Fercable, perteneciente al grupo Prysman y que cerró su factoría de Sant Vicenç en 2012, fue la primera empresa en beneficiarse de las nuevas ordenanzas fiscales aprobadas en el pleno municipal el 15 de octubre de 2015 y que entró en vigor el 29 de diciembre de ese mismo año, coincidiendo con la renuncia de Junqueras como alcalde. Esa norma contempla una rebaja del 50% del impuesto de la plusvalía municipal en determinadas operaciones de compraventa.

Fercable se ahorró unos 500.000 euros en impuestos por la venta de sus instalaciones a la empresa china Ta-Tung. El 25 de enero de 2016, Fercable solicitó la bonificación, que le fue concedida el 12 de febrero.

"Una buena ordenanza"

En mayo, el concejal no adscrito del Ayuntamiento de Sant Vicenç, Santos Mateo, presentó una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción por un supuesto delito de prevaricación. Poco después, PSC y CDC también emprendieron acciones judiciales por este asunto, por lo que el ministerio público decidió agrupar las dos denuncias en una misma investigación.

En el último pleno municipal, celebrado esta semana, el ayuntamiento admitió que el ministerio público le ha pedido documentación y ha expresado su voluntad de colaborar con la investigación, convencido de que el caso “quedará en nada”. El gobierno municipal –liderado por la alcaldesa Maite Aymerich desde la renuncia de Junqueras-- defiende que esa ordenanza fiscal fue “una buena medida” porque “el pago de plusvalías era un obstáculo para determinados inversores”. El consistorio rechaza retirar esa nueva regulación que, añade, supone un incentivo para las empresas que quieren instalarse en el municipio.