Los efectos del turismo ya son el segundo problema de los barceloneses, solo superado por el paro. Es posible que la masificación afecte únicamente a los habitantes de las zonas más céntricas, pero el encarecimiento de la vivienda, en especial de los alquileres, se ha extendido como una mancha de aceite por todo el municipio.

El fenómeno no es nuevo, se veía venir. Aunque hasta hace bien poco las autoridades locales, empezando por el que entonces era alcalde, Xavier Trias, y el propio Govern no han querido darse por aludidos. El hecho de que la Generalitat siga racaneando al Ayuntamiento de Barcelona los fondos de la tasa turística y encima quiera destinarlos a actividades de promoción para atraer más visitantes da idea de lo lejos que está del problema.

La actividad turística tiene tal importancia en Barcelona que el consistorio debería replantearse algunas de sus políticas, en especial la de la vivienda. Los Presupuestos de este año destinan a este capítulo solo 28,5 millones de los 2.736 totales, y aunque sumados los recursos para urbanismo llegue a 119 millones --el 5,5%--, se trata de cantidades insuficientes para hacer frente a la principal amenaza de Barcelona. No es una exageración: los precios de los pisos están vaciando la ciudad de barceloneses, lo que supone una transformación de efectos difíciles de calcular. Es urgente una intervención pública si no queremos convertirnos en una especie de parque temático lleno de turistas y viejos.

El ayuntamiento tiene unas cuentas saneadas que le permiten estirar un poco más su mano visible y pelear con la llamada mano invisible del mercado 

El equipo de gobierno de Barcelona en Comú y del PSC desarrollan el Plan por el Derecho a la Vivienda 2016-2025 lleno de buenas intenciones, pero hecho desde la perspectiva paliativa de la solidaridad con quienes no pueden hacer frente al pago de sus casas o son víctimas de desahucios. Los propios munícipes son conscientes, además, de que los objetivos que persiguen son inalcanzables.

La ciudad no puede, lógicamente, intervenir en la fijación de los precios de la vivienda, pero sí debería diseñar una política de intervención, proactiva, como una fuerza más, para contrarrestar la especulación.

El ayuntamiento está obligado por ley a equilibrar sus números, sin déficit, y con una deuda por debajo del 60% de sus ingresos. Pero tiene unas cuentas muy saneadas, con margen para estirar un poco más su mano visible y pelear con la llamada mano invisible del mercado como un agente más.

La perspectiva de la política municipal de vivienda en Barcelona no debería ser la beneficencia, sino de freno al nuevo boom que sufre la población de esta ciudad apenas diez años después del último.

No se trata de hacer la revolución ni de ir contra el libre mercado, sino de proteger los intereses de la mayoría y conservar la ciudad en las mejores condiciones posibles.

Barcelona tiene experiencia en esas políticas, que ya se aplicaron en la época de los Juegos Olímpicos cuando promovió pisos y plazas de aparcamiento de concesión municipal que tuvieron efectos balsámicos sobre los precios.