Estamos en plena campaña electoral y la vivienda vuelve a ser un tema recurrente. En Cataluña, y más concretamente en Barcelona y toda su área metropolitana, es misión imposible encontrar un piso de alquiler que combine un precio menor al de los 1.000 euros mensuales y condiciones mínimas de salubridad.

Esta situación en la que se encuentra la capital catalana, que es la peor de todas las ciudades del país, es resultado de la nefasta política de vivienda llevada a cabo por la exalcaldesa Ada Colau, que dinamitó cualquier posibilidad de acceder a una vivienda digna en la ciudad, condenándola a la gentrificación y a ser coto exclusivo de turistas, concretamente de turistas baratos, con la degradación que ello conlleva para la metrópoli.

Cada una de sus decisiones fue peor que la anterior. Recopilemos. Para empezar, la orden de no dejar abrir establecimientos hoteleros en la ciudad fue una de las peores decisiones que se podían llevar a cabo en una de las ciudades que más visitantes reciben al año del mundo.

Pensaron quizás Colau y su equipo de mentes brillantes que, reduciendo el número de plazas hoteleras, iban a reducir el número de turistas. Nunca en la historia de la política municipal se tomó una decisión más estúpida al respecto. Los turistas han seguido incrementando y el precio de la pernocta aumentado, sólo que ahora ya no se hace en hoteles que generar puestos de trabajo, sino en alquileres turísticos, muchas veces ilegales, que atraen al turismo low cost de lata de cerveza e incivismo, y que reduce drásticamente el mercado de la vivienda de alquiler. 

Después, pensaron en obligar a las constructoras a que de cada promoción que se realizara en la ciudad, tendrían que dedicar el 30% a vivienda social, construcción que pagarían por supuesto de su propio bolsillo y que nadie les retribuiría de ninguna manera. El resultado de esta nueva maravillosa idea ha sido la caída en picado de las promociones de vivienda nueva de compra.

Ni que decir tiene que el número de viviendas públicas puestas directamente en el mercado por el Ayuntamiento de Barcelona ha sido ridículo, rondando las 4.000, de las cuales sólo 1.500 son de construcción propia, en una ciudad de más de dos millones de personas.

Mientras, la Generalitat de Cataluña también ha estado muy preocupada por el mercado de la vivienda y por ello, en su propia ley sobre la materia, obliga a los bancos a regularizar la situación de quienes les hayan ocupado sus viviendas de manera ilegal, es decir, a los de la patada en la puerta. Dicho de otro modo: a hacerles un alquiler social sólo por el hecho de haber llegado antes.

Esto, que en principio puede no parecer un problema, lo es y muy grande, ya que genera una total discriminación para las personas que cumplen con los requisitos de la Agència Catalana de l'Habitatge, rellenan formularios, se apuntan a bolsas de vivienda y respetan la legalidad, que se someten a un riguroso orden de preferencia según sus circunstancias, ante quienes utilizan el método de la ocupación por la fuerza.

Los pisos vacíos de los bancos son unos de los poquísimos recursos de vivienda a los que pueden acceder ayuntamientos pequeños y medianos para ofrecer a sus vecinos, sobre todo porque la mayoría de esos ayuntamientos no tienen dinero para construir. Esos pisos se ceden a los consistorios por parte de los bancos y son las Administraciones quienes, según criterios de preferencia por situación de vulneración social, los adjudican.

Nada de eso puede hacerse ahora gracias a la Generalitat, que ha materializado que, en cuanto a vivienda se refiere, no cumplir la ley tiene ventajas y que el único que tiene que cumplirla es el propietario.

Y por último, llega la ley de vivienda nacional, una ley que atenta directamente contra el derecho a la propiedad privada y a la que posiblemente, en los tiempos en los que había independencia judicial en el Tribunal Constitucional, hubiera sido anulada por ser contraria a más de uno de los artículos de la Carta Magna.

La ley de vivienda establece que, dentro de lo que ellos llamar “zonas tensionadas”, los propietarios tendrán limitado su derecho a la propiedad privada de sus viviendas, siendo obligados a renovar los contratos de alquiler al mismo inquilino, sin posibilidad de revisar la renta y sin posibilidad de rescindir el contrato de alquiler si no demuestra el propietario la no vulnerabilidad del inquilino.

La potestad para declarar cuáles son las zonas tensionadas es de las comunidades autónomas, y aquí, de nuevo, la Generalitat, cuya política de vivienda pública es nula, acaba de decidir que prácticamente el 90% de las ciudades y pueblos de Cataluña son zona tensionadas, sin por supuesto tener en cuenta en lo más mínimo la opinión de alcaldes y alcaldesas, demostrando de nuevo su autoritarismo y falta total de conocimiento sobre la materia. Resultado: menos pisos aún de alquiler en el mercado.

Ahora ya sólo falta que obliguen a los propietarios a poner sus viviendas en alquiler al precio que marque el Gobierno de turno, mientras los Gobiernos de turno ni construyen ni gestionan porque no saben, ni facilitan la labor de las constructoras, que son quienes realmente pueden ampliar el parque de vivienda disponible. 

Así, en vivienda, la Administración garantiza y usted paga.