Dos novatos llevarán la política industrial catalana

El personal de la conselleria de Empresa se despertó ayer con un nuevo jefe, Santi Vila, y un proyecto de gran calado, el Pacto Nacional por la Industria (PNI) pendiente de su presentación ante los agentes políticos y empresariales.

De la noche a la mañana, el PNI pasa a ser pilotado por dos recién llegados, Vila y la directora General de Industria, Àngels Chacón, quien se incorporó al departamento hace apenas un par de semanas. “Santi Vila es un liberal cuyo discurso moderado encaja bien con los empresarios, pero poco más. Dice lo que ellos quieren oír. Y Chacón era una concejal convergente del Ayuntamiento de Igualada (Barcelona) que no tiene experiencia suficiente para afrontar un tema tan gordo como el PNI”, explican a Crónica Global fuentes internas de la conselleria.

Chacón, mano derecha del alcalde de Igualada

Entre los activos de Chacón destaca ser la mano derecha del alcalde de Igualada, Marc Castells, valor en alza del PDeCAT.

Tal como informó este diario, Chacón sustituyó a Núria Betriu, esposa de Manel Prat, exdirector de los Mossos d’Esquadra, y que entró en el departamento de la mano del exconsejero Felip Puig. Las diferencias entre Betriu y el destituido Jordi Baiget, así como las presiones de la conselleria de Treball, dirigida por ERC, están detrás del relevo en ese segundo nivel del organigrama de Empresa.

El consejero saliente fue despedido por los cargos convergentes del departamento, que le hicieron un pasillo mientras aplaudían.

Hoja de ruta que debe transcender legislaturas

Tanto Vila como Chacón no han estado vinculados a la creación del PNI, la gran obra de Baiget fruto de una concertación entre patronales y sindicatos. La oposición lo ha criticado, a pesar de haber firmado en un primer momento el acuerdo en el que se comprometían a mantener las políticas industriales fijadas en un documento que debe transcender a las legislaturas.

El objetivo es “impulsar la transformación del modelo industrial de Cataluña para que pueda liderar, desde el sur de Europa, la cuarta revolución industrial”, según el borrador del documento al que ha tenido acceso este medio.

4.900 millones de presupuesto hasta 2020

El pacto incluye 108 actuaciones concretas a las que se deberían destinar 468 millones de euros del ejercicio en curso. La inversión global irá mucho más allá de esta cifra. La ejecución completa implica la movilización de 1.844 millones de presupuesto hasta 2020 y algo más de 3.100 millones de otras administraciones y del sector privado. Es decir, unos 4.900 millones.

Las medidas que se deberían aplicar sin demora se han pactado distribuir en seis grupos de trabajo en los que han debatido representantes del Gobierno catalán, las tres patronales con representatividad (Foment del Treball, Pimec y Fepime) y los sindicatos CCOO y UGT.

Medidas aplicadas

Se ha hablado de la competitividad y la ocupación industrial; la dimensión empresarial y la financiación; la industria 4.0 y la digitalización; la formación; infraestructuras y energía; y sostenibilidad y economía circular.

El documento habla desde transformar la Agencia de Residuos de Cataluña en la Agencia de Recursos de Cataluña, un cambio de nombre que señala el cambio en la gestión del ciclo productivo en el que se ponen en valor los deshechos; a marcar 2050 como el año en que la economía catalana debería no depender de combustibles fósiles. Se da un impulso a las renovables y se prioriza desarrollar el Pacto Nacional para la Transición Energética.

Además, pone fecha y presupuesto a la estrategia del impuso al vehículo eléctrico (14 millones hasta 2020 con un plan de puntos de recarga); la promoción y adecuación de infraestructuras logísticas para atraer inversiones asociadas; o establecer programas para fomentar la emprendeduría y las “vocaciones industriales”.

Aplicación transversal

Las líneas de trabajo del PNI son transversales para todos los departamentos de la Generalitat. Sus impulsores esperan que los cambios en la cúpula de la conselleria de Empresa y Conocimiento fruto del procés no afecten al desarrollo. Indican que el acuerdo alcanzado tiene vigencia más allá del referéndum anunciado que deja en el aire el sentido de la legislatura.