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Rodrigo Rato, expresidente de Bankia y Caja Madrid, cuando fue detenido en abril de 2015 / EFE

Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel para Rodrigo Rato por las 'tarjetas black'

El ministerio público ha solicitado una pena de seis años para Miguel Blesa, su antecesor en el cargo

Redacción
2 min

Malas noticias para Rodrigo Rato. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para el ex presidente de Bankia y Caja Madrid --y ex vicepresidente económico durante los gobiernos de José María Aznar-- una pena de cuatro años y medio de prisión por un presunto delito de apropiación indebida en el caso de las tarjetas black, las tarjetas de crédito opacas con que se premiaron a sí mismos un total de 66 ex consejeros de Caja Madrid.

En su escrito de calificación provisional, el fiscal Alejandro Luzón pide una pena aun mayor para el predecesor de Rato al frente de Cajamadrid, Miguel Blesa, para quien solicita seis años de prisión, por el mismo presunto delito.

También multas millonarias

Anticorrupción solicita también multas para los dos principales acusados, por valor de 2,69 millones en el caso de Rato, y de 9,34 millones para Blesa.

Para los 66 imputados en la causa el fiscal solicita penas que van del año a los seis años. Entre otros, destacan los casos del exsecretario de Estado de Comercio José Manuel Fernández Norniella, para quien solicita tres años de prisión, o del ex director general financiero de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj y el ex jefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno, para quienes solicita dos años.

Gastos en discotecas o peleterías

Los directivos imputados cargaron a la entidad un total de 15,2 millones de euros en gastos personales entre 2003 y 2012. En ocasiones, por conceptos tan dispares --y alejados de su labor al frente del consejo de administración-- como comidas en restaurantes de lujo, discotecas y salas de fiesta, peleterías y galerías de arte.

El caso provocó una notable indignación en la opinión pública. Principalmente, por el hecho de que Bankia tuvo que ser rescatada con una inyección de más de 22.000 millones de euros de dinero público, la mayor parte de los cuales ya se dan por irrecuperables.