Convergència ‘ayudó’ a salir de la crisis a una constructora a cambio de pagos

La llegada de Convergència a la Generalitat tras el tripartito, en 2010, no fue mal para Construcciones Deco. La empresa se salvó de la crisis gracias a la adjudicación de obras públicas de CDC, a cambio de donaciones. Una investigación que publica este jueves el diario El País revela la situación económica crítica que sufría la constructora en plena crisis económica –especialmente dura con el sector –y cómo cambió en los años siguientes debido a la concesión de varios proyectos públicos.

En 2011, las licitaciones concedidas por la administración pública se había reducido en un 70%, y, el año siguiente, había caído el 88%, según un documento de la empresa. Esta acusada disminución de los concursos repercutió directamente en Contrucciones Deco. La compañía pasó de facturar una veintena de millones de euros antes de la crisis a 2,1 millones en 2012.

Donaciones en pleno ERE

Las consecuencias fueron rápidas. La empresa ejecutó un ERE que afectó a la mitad de la plantilla, una treintena de trabajadores. Sin contratos y en plena reestructuración de sus empleados, empezaron las donaciones a CDC. El 8 de junio de 2011 se produjo la primera, valorada en 60.000 euros y destinada a la fundación CatDem del partido.

A esta siguieron cinco más, una de 50.000 euros a Fòrum Barcelona; otra de 10.000 euros para la fundación Coll i Alentorn (ésta vinculada a Unió Democràtica, entonces todavía socio de CDC); en 2012 y 2013 el esfuerzo continuó, con 25.000 y 50.000  euros para CatDem, y 25.000 más para el Fòrum Barcelona.

El 'caso 3%'

Todos estos pagos se tradujeron en adjudicaciones. La ampliación de un colegio de Sant Antoni de Vilamajor, en Barcelona, fue desbloqueada tras varios años. El proyecto se concedió a Contrucciones Deco y tuvo un valor de 740.000 euros. La licitación de las obras del CAP Onze de Setembre de Lleida fue para una UTE de la que esta empresa tenía la mitad del capital. En este caso, el contrato era de 6,07 millones.

Ambas adjudicaciones, junto a otras dos, dependían de Infraestructures, el departamento de la Generalitat encargado de convocar y resolver los concursos. El director del ente de aquel momento era Josep Antoni Rosell, imputado por el ‘caso 3%’.