El cementerio nuclear de Cospedal, contaminado

El proyecto de un almacén destinado a gestionar los residuos nucleares de toda España a partir del 2019, empieza a pasar factura. Iniciado en 2005 por el exministro socialista de Industria Montilla, apadrinado por Cospedal en 2011 y ahora suspendido por el Gobierno Sánchez, arroja unas inversiones fallidas de 100 millones de euros y la dedicación de casi 60.000 horas por parte de expertos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y otras entidades.

El cuento de la lechera de la expresidenta de Catilla-La Mancha se ha venido abajo. Se han derramado los 1.000 millones de euros previstos para llevar a cabo una infraestructura aparejada con un parque tecnológico y empresarial y la generación de 400 empleos.

Los apenas 450 habitantes del ya famoso pueblo de Villar de Cañas (Cuenca), elegido para albergar el nicho atómico, solo han notado una mejoría en las carreteras, redes de abastecimiento y colegios en la comarca. Y el aterrizaje de una gestoría y una entidad bancaria.

Manifestación en contra del cementerio nuclear / EFE

Manifestación en contra del cementerio nuclear / EFE

Placaje de Page

Enresa, la empresa nacional de residuos encargada de la construcción, ha regado de dinero la zona con más de cincuenta contratos. Pese a la temprana oposición y continuo placaje ante los tribunales y organismos por parte del ejecutivo de Page tras levantarle en 2014 a la exministra de Defensa el sillón de Toledo.

El ejecutivo castellano-manchego alegado motivos medioambientales y falta de idoneidad del subsuelo, siempre en sintonía con los grupos ecologistas en permanente guerra contra este y cualquier basurero. “Se ha evitado un atropello a nuestra tierra”, repite ufano el presidente autonómico, acólito de Bono, con la vista puesta en las elecciones a la vuelta de la esquina en mayo.

Empresarios colgados

La cuarta parte de las inversiones realizadas (25 millones) han ido a parar a la filial de ingeniería Iberinco, filial de Iberdrola, a cuyo consejo se incorporó en 2012 Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal. Otros tantos corresponden a convenios con ayuntamientos, la Diputación provincial y la comunidad autónoma.

María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa y presidenta del PP de Castilla-La Mancha / EFE

María Dolores de Cospedal, exministra / EFE

Pero la decisión del Ministerio de Transición Ecológica deja en suspenso siete grandes contratos de diseño y obra del ATC (Almacén Temporal Centralizado) por un montante de 248,6 millones de euros. Los numerosos empresarios que se habían presentado a la licitación se han quedado colgados.

Modelo holandés 

Partidismos y votos aparte, el silo proyectado en Villar de Cañas sigue el patrón del ATC de Holanda, ubicado en Borsselle, localidad de unos 20.000 habitantes. Tiene capacidad para recibir 800 toneladas de combustible gastado de alta actividad que, mientras la ciencia no lo resuelva, requiere de un tratamiento temporal. España genera 160 toneladas anuales.

Almacén holandés de Borselle, elegido como modelo para la construcción del ATC de Villar de Cañas / EFE

Almacén holandés de Borselle, elegido como modelo para la construcción del ATC de Villar de Cañas / EFE

Euratom, el organismo público en la materia de la CE, resalta la inoperancia del Estado español, incapaz durante casi dos décadas de sobreponer los intereses nacionales a los propios de los gobiernos PSOE y PP. “Tratar la basura que generan los ocho reactores nucleares operativos no es una opción, es una obligación”, asegura.

Cerrazón socialista

Cristina Narbona, exministra de Zapatero de Medio Ambiente y hoy presidenta del PSOE, antinuclear militante, se opuso al proyecto incluso desde su asiento político e institucional como consejera en el CSN, con un salario de 103.921 euros durante los últimos siete años de crisis económica.

La presidenta del PSOE y exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona / EP

Cristina Narbona, exministra de Zapatero de Medio Ambiente / EP

La presidenta socialista y la responsable ministerial, Teresa Ribera, se mantienen en cerrada negativa, sobre todo con elecciones a la vista. Pese al razonamiento de Euratom de que ahora no se trata de debatir sobre la conveniencia de la energía nuclear, sino de abordar una instalación necesaria para gestionar los residuos de alta actividad.

Secesionistas de perfil

Mientras, España tiene que abonar 74.000 euros al día a Francia por el alquiler de los residuos generados fundamentalmente por la planta de Vandellòs I, desmantelada en 2007. Y seguir manteniendo el resto en almacenes dentro de las propias centrales.

Una Cataluña independiente heredaría este coste y la complicada gestión de tres de los siete grupos nucleares que existen en España. Se trata de Ascó I, Ascó II y de Vandellòs II, los tres en Tarragona. ERC y otros teóricos del independentismo las tienen bien estudiadas, ya que producen la mitad la energía eléctrica que se consume en la comunidad. Pero se ponen de perfil sobre el ATC. El silencio no quita votos.