Carolina Villacampa, experta en victimología
“Los matrimonios forzados no se solucionan a golpe de Derecho Penal”
La experta en victimología de la UdL alerta de las dificultades para detectar la violencia por causa de honor y reclama respuestas más flexibles
Carolina Villacampa se crió en el barrio de Sant Andreu, en el seno de una familia trabajadora, y su infancia estuvo siempre alejada de la violencia y las injusticias. Sin embargo, siempre tuvo claro que quería estudiar Derecho, una carrera que le permitía “contribuir a un mundo más justo”.
“Mi idea era dedicarme a la abogacía, pero mientras estudiaba me interesó mucho la asignatura de Derecho Penal y acabé quedándome como becaria de investigación”, dice. Desde entonces, Villacampa ha desarrollado su carrera en el ámbito académico, primero como profesora, hasta llegar a catedrática de Derecho Penal de la Universitat de Lleida (UdL), especialista en victimología y coordinadora del Grupo de Trabajo de Victimología de la Sociedad Española de Investigación Criminológica (SEIC), entre otros cargos.
Con el tiempo, su investigación se ha ido centrando específicamente en los procesos de victimización y en las distintas formas de violencia contra las mujeres, desde la violencia sexual o la mutilación genital femenina hasta el matrimonio forzado. “Me ha interesado mucho analizar estos procesos y, sobre todo, las respuestas institucionales desde el punto de vista de la protección de la víctima”, explica Villacampa, que el pasado mes de septiembre viajó a Varsovia para participar en Eurocrim 2026, el encuentro anual de la Sociedad Europea de Criminología (ESC).
Su participación en el congreso se centró precisamente en una de sus últimas líneas de investigación: la violencia por causa de honor, una realidad todavía poco conocida en España, pero que es la causa de más de 5.000 asesinatos al año a nivel mundial, según la ONU.
“Las víctimas de violencia por causa de honor -generalmente mujeres jóvenes y adolescentes atacadas sobre todo por sus parientes masculinos- necesitan más apoyo institucional”, remarca Villacampa.
Violencia invisible
En palabras de la Catedrática, la violencia por causa de honor es aquella violencia que se ejerce contra una persona porque su familia o su comunidad considera que ha realizado un comportamiento deshonroso. Y no son necesariamente los hombres quienes la ejercen: en el castigo o control de la víctima pueden participar diferentes miembros de la familia o de la comunidad.
El fenómeno suele asociarse a los llamados “crímenes de honor”, o “honor killings”: los casos más extremos en los que una persona, por lo general una mujer, llega a ser asesinada por haber transgredido determinadas normas familiares o comunitarias.
Villacampa en Eurocrim 2026
Sin embargo, Villacampa recalca que existe un amplio abanico de conductas mucho menos “visibles” que también se engloban en este tipo de violencia. Desde controlar cómo viste una joven, con quién se relaciona, a impedirle determinados desplazamientos, vigilar su teléfono móvil o tratar de decidir con quién debe casarse.
“No es un único ejercicio”, señala la investigadora. Toda esta serie de mecanismos de control pueden ir aumentando de intensidad hasta desembocar en violencia física o, en los casos más graves, la muerte.
La lucha contra el matrimonio forzado
El matrimonio forzado es una de las manifestaciones más evidentes. Sin embargo, también resulta de las más difíciles de detectar, tanto para las instituciones como para las propias afectadas.
“Muchas veces es difícil para estas personas identificarse o autoidentificarse como víctimas”, explica Villacampa. Una joven puede haber crecido considerando “normales” determinadas restricciones impuestas por su familia y tardar en percibir que el control sobre su ropa, sus amistades, sus relaciones sentimentales o sus movimientos constituye una forma de violencia.
Por otro lado, hablar de violencia por causa de honor, al menos en Europa, tiene el riesgo de asociarse rápidamente con determinados colectivos y comunidades inmigrantes, alimentando prejuicios culturales o determinados discursos políticos.
“Estamos hablando de un discurso de derechos humanos, no de derechas o izquierdas. Hay que evitar en todo momento la 'alterización'", recalca.
¿Una realidad importada?
Para Villacampa, es importante introducir matices. Las investigaciones realizadas muestran que muchas de las víctimas son jóvenes y que una parte de ellas ha nacido o crecido en el país en el que vive. Es decir, no estamos necesariamente ante una realidad importada que sucede al margen de nuestra sociedad, sino ante “chicas que se han educado aquí, que están estudiando en la universidad, y que pueden encontrarse atrapadas entre la autonomía que les reconoce el entorno social y las normas que rigen dentro de su familia o comunidad”.
El problema empieza cuando alguna de estas jóvenes decide que no quiere aceptar el matrimonio forzado o cualquier otra forma de control.
“Lo último que quieren estas jóvenes es denunciar a sus padres”, explica la catedrática.
Un proceso doloroso
En Cataluña existen protocolos y mecanismos de actuación para algunas de estas situaciones, especialmente en los casos de matrimonio forzado. Sin embargo, no son del todo adecuadas. “Para conseguir una orden de alejamiento, por ejemplo, la joven, en el caso de ser mayor de edad, debe poner una denuncia, y muchas no quieren”, explica.
Según Villacampa, cuando una joven consigue identificar lo que está ocurriendo y decide buscar ayuda, acudir a las instituciones puede darle miedo, ya que el posible agresor no es un desconocido: puede ser su padre, su madre, sus hermanos u otros miembros de su familia, de los que dependa su sustento o incluso su estancia legal en el país.
“Es un proceso muy doloroso”, reconoce Villacampa.
Una respuesta institucional integral
Por eso, una de las cuestiones que plantea su investigación es hasta qué punto la respuesta institucional puede descansar exclusivamente en la denuncia penal. Proteger a la víctima es imprescindible, pero también lo es escucharla, informarla de sus opciones y permitirle participar en las decisiones sobre su futuro.
“Entre aceptar un matrimonio impuesto o someterse al control familiar y denunciar en comisaría a los propios padres existe un espacio enorme y difícil de gestionar”, explica Villacampa. El reto es cómo ofrecer a las víctimas una respuesta que no solo las proteja, sino que les permita recuperar el control sobre sus propias vidas.
Por otro lado, la frontera entre un matrimonio concertado y uno forzado no siempre es tan evidente. “La diferencia fundamental está en el consentimiento”, explica. En el primero, las familias pueden intervenir en la elección de la pareja, pero los jóvenes aceptan libremente. En el segundo, existe coacción. “El problema es que muchas formas de consentimiento son muy coercitivas”, señala Villacampa.
Las cifras oficiales muestran que los casos de matrimonio forzado que llegan a conocimiento de la policía son pocos. En 2024, los Mossos d'Esquadra atendieron en Catalunya a siete niñas y mujeres por matrimonios forzados, cinco de ellas menores de edad. En 2025 fueron ocho, seis de ellas menores.
Menos paternalismo
Otra de las cuestiones que Villacampa planteó en Eurocrim es la necesidad de mejorar la atención que reciben estas víctimas. Las mujeres con las que han trabajado los investigadores critican la falta de información clara y accesible y la escasa coordinación entre los diferentes servicios de atención.
Asimismo, los protocolos de respuesta a las crisis “tienen deficiencias importantes, como interrogatorios innecesarios durante las llamadas de emergencia o medidas de protección temporales que caducan sin que exista un seguimiento posterior”, remarca.
Para Villacampa, la respuesta ideal de atención institucional debería ofrecer “un apoyo integral sin paternalismo”, acompañando a las víctimas en sus decisiones en lugar de decidir por ellas. “Hay que respetar la esencia de estas jóvenes. Son mayores de edad”, insiste.
Paralelamente, el sistema jurídico-judicial “tendría que permitir respuestas graduadas: desde advertencias formales o orden de protección en los casos menos graves, a procesamiento penal o sanciones privativas de libertad en casos más graves”, plantea. “No todo es blanco o negro, ni todo se puede solucionar a golpe de Derecho Penal. Tiene que haber respuestas más flexibles”, insiste.
Por último, Villacampa remarca la importancia de no “sobreculturalizar” estas situaciones. “Es un tema de derechos humanos. Paternalismo, no; empatía, sí”, concluye.
