La magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sabadell ha anunciado este viernes la apertura del juicio oral contra Santi Laiglesia, que permanece en libertad provisional, por la muerte violenta de Helena Jubany en 2001.
Así lo ha hecho después de que Fiscalía y la acusación particular hayan ratificado su solicitud para la apertura de un juicio oral contra Santiago Laiglesia por un delito de asesinato y otro delito de detención ilegal, en una comparecencia celebrada también este viernes, y en la que la defensa del investigado ha pedido el sobreseimiento definitivo de la causa.
El auto de la jueza en sustitución, Neus Soriano, al que ha tenido acceso Crónica Global, considera que el hallazgo de ADN en el jersey de la víctima --la prueba que precipitó la reapertura del caso cuando estaba a punto de prescribir-- "permitiría situar al investigado en el lugar de los hechos y en el momento de producirse el fallecimiento".
Helena Jubany
Además, estima que, sobre el acusado, existen "indicios de que él mismo participó en todos o alguno de los actos descritos, teniendo en todo momento capacidad de no realizarlos o de impedir que las personas que los materializaban llevasen a cabo la privación de sentido de Helena Jubany y la posterior precipitación que le causó la muerte".
Piden 26 años
Puesto que trata de un presunto delito de asesinato, el texto aclara que lo juzgará un Tribunal del Jurado, según lo estipula la Ley Orgánica 5/1995, en la Audiencia Provincial de Barcelona.
La familia Jubany pide 26 años de prisión, la misma pena privativa de libertad que la Fiscalía: 20 años por el delito de asesinato con alevosía y otros seis por la detención ilegal, además de una indemnización de 600.000 euros.
Muerte en 2001
Los hechos ocurrieron la madrugada del 2 de diciembre de 2001. Sobre lo ocurrido, la justicia considera probado que una o varias personas suministraron benzodiacepinas a la joven de 27 años "de forma consciente en la cantidad necesaria para impedir que tuviera la capacidad física y psíquica necesaria para que pudiera huir del lugar en el que se encontraba".
En este estado de "absoluta incapacidad para desplegar conducta alguna de defensa", Helena Jubany fue trasladada hasta la azotea del número 48 de la calle Calvet Estrella de Sabadell, desde donde la arrojaron al vacío y causaron su muerte a raíz de los traumatismos ocasionados en la caída. La jueza subraya que los atacantes actuaron "en todo caso con la intención de acabar con su vida o al menos con el conocimiento de las altas probabilidades de hacerlo con dicha conducta".
Notas anónimas
Meses antes de su muerte, la bibliotecaria de Santmentat ya había recibido una serie de mensajes anónimos que marcarían el inicio de uno de los grandes casos criminales de Cataluña.
La familia de Helena Jubany, en noviembre de 2025
Durante los meses previos al asesinato, alguien le hizo llegar varias notas acompañadas de bebidas y alimentos. Primero fue una horchata, después un zumo adulterado con benzodiacepinas que le provocó somnolencia y malestar. Aquellos episodios nunca llegaron a esclarecerse completamente, pero acabaron convirtiéndose en una de las piezas centrales de la investigación.
Las notas, escritas a máquina y firmadas con mensajes ambiguos, fueron analizadas durante años por los investigadores y derivaron en múltiples informes caligráficos y periciales incorporados al sumario.
Prueba de ADN
El procedimiento dio un vuelco definitivo tras los últimos avances forenses y las pruebas de ADN practicadas sobre el jersey de Helena Jubany. Precisamente, dos días antes de que el crimen prescribiera para los investigados, Laiglesia fue citado nuevamente a declarar y terminó ingresando en prisión provisional sin fianza.
En paralelo, las nuevas diligencias también sirvieron para descartar definitivamente la participación de Montse Careta, la profesora que fue encarcelada por el caso en 2002 y que se suicidó meses después en la prisión de Wad-Ras, donde siempre defendió su inocencia.
Último intento de archivo
Este mismo viernes, durante una audiencia preliminar, la defensa de Laiglesia, que ejerce el abogado Jaime Lapaz, había pedido que se archive el procedimiento, tras introducir la hipótesis de que la presencia de su ADN en el jersey que llevaba la víctima podría deberse a una "transferencia indirecta".
Según el abogado de la acusación particular en representación de la familia Jubany, Benet Salellas, Lapaz ha puesto en duda la cadena de custodia del jersey y, por lo tanto, la validez de los indicios, y ha sugerido que el ADN de Laiglesia pudo llegar hasta la prenda de ropa porque su defendido fue pasante en el bufete del que fue abogado de Careta.
La defensa ha planteado que el abogado de Careta solicitó acceso a las piezas de convicción, una petición que fue atendida por el juzgado, y que la "contaminación cruzada" se habría producido al revolver los indicios.
Por su parte, tanto la Fiscalía como la acusación particular han contestado a la impugnación de la cadena de custodia argumentando que esta es una cuestión que, en todo caso, debería discutirse durante la fase del juicio oral y que este hecho entorpece el procedimiento: "Es un debate de alguna manera ficticio, porque viene provocado por una contaminación que, según ellos, habrían provocado ellos mismos".
Además, ante la introducción de esta nueva hipótesis, la acusación particular ha interpelado a la defensa de Laiglesia para preguntar por la ropa interior que llevaba puesta la víctima cuando fue asesinada, que ha desaparecido durante la fase de instrucción.
Sobreseimiento para Xavier Giménez
La jueza también ha procedido al sobreseimiento provisional de la causa contra Xavier Giménez, también investigado, pero contra quien, ni el Ministerio Fiscal ni la acusación particular, han presentado escrito de acusación, ante una falta de indicios sólidos. De este modo, han quedado sin efecto las medidas cautelares que se acordaron contra él en un auto del 22 de abril de 2022.
Sí que se mantienen, sin embargo, las medidas cautelares acordadas para Laiglesia, que incluyen la obligación de entregar su pasaporte, la prohibición de salir del territorio español sin autorización y comparecencias mensuales en los juzgados.