Han pasado más de tres años desde que Javier Berzas, agente de la Policía Local de Piera, casi muere apaleado por unos okupas en L’Hospitalet de Llobregat.
Ese episodio no solo abrió la vía de un procedimiento penal por un presunto intento de homicidio, sino que, con el paso del tiempo, se sumó otro frente mucho más inesperado. En concreto, un litigio contra el ayuntamiento para el que trabaja para que le reconocieran su pase a segunda actividad.
Este viernes, 16 de octubre, arranca el juicio contra las tres personas acusadas de atentar contra su vida y pese a que, en paralelo, la vía contenciosa le había dado la razón y había obligado al consistorio a tramitar su nueva situación laboral, la realidad es que todo sigue igual que hace meses, cuando la justicia emitió la primera sentencia a su favor.
Las heridas que sufrió el policía agredido por tres okupas en L'Hospitalet
Una sentencia a su favor
Pero vayamos por partes. Aunque Javier esperaba llegar al juicio penal con su situación con el ayuntamiento resuelta, en la práctica sigue inmerso en este otro procedimiento laboral con nuevas demandas que exigen el cumplimiento de una sentencia emitida en marzo de 2026.
Por aquel entonces, el responsable del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Barcelona le dio la razón al agente, obligando al consistorio a tramitar su pase a segunda actividad, al considerar que ese derecho no podía sustituirse por una simple adaptación del puesto de trabajo.
Berzas había solicitado en dos ocasiones —en octubre de 2023 y en primavera de 2024— el acceso a la segunda actividad, una figura prevista en la Ley de Policías Locales para aquellos funcionarios que ven mermada su capacidad operativa.
El ayuntamiento, sin embargo, optó por una vía alternativa: declararlo “apto con restricciones” y reubicarlo en tareas de control de accesos en el centro de servicios La Bòbila, retirándole el arma reglamentaria y limitando sus funciones.
Ante esta situación, la sentencia dejó constancia de que la segunda actividad es un derecho estatutario, con un régimen propio y más garantista, y que no podía ser sustituida por medidas de prevención de riesgos laborales.
Fachada de la Ciutat de la Justícia de Barcelona
Mismo destino, mismas funciones
Pese a la respuesta de la justicia, el agente denuncia que en la actualidad el consistorio sigue sin cumplir el fallo judicial.
El pasado 22 de abril de 2026, el ayuntamiento dictó un decreto en el que, si bien declaraba formalmente el pase a la segunda actividad, volvía a destinarlo al mismo centro para desarrollar las mismas funciones de contención y control que habían motivado el litigio.
La situación llegó a tal extremo que Inspección de Trabajo intervino en el asunto. Su informe concluye que el puesto asignado en La Bòbila carecía de evaluación de riesgos y resultaba incompatible con el estado de salud del policía.
La documentación advierte de que dejarlo solo en un centro municipal, sin arma reglamentaria y sin capacidad funcional en los brazos para realizar contención física, supone un "riesgo grave e inminente para su integridad física y psicológica".
Una nueva demanda
Ante su inminente reincorporación, prevista para el 28 de septiembre de 2026 tras una baja médica, los abogados de Berzas presentaron el 23 de septiembre una nueva demanda contencioso-administrativa solicitando medidas cautelarísimas.
En ella reclamaron la suspensión urgente de su adscripción a La Bòbila y propusieron su reubicación provisional en tareas administrativas internas en la Jefatura de la Policía Local, a la espera de que el ayuntamiento haga efectivo el cumplimiento de la sentencia.
El ataque de los okupas
A todo esto, este viernes arranca en la Audiencia de Barcelona el juicio contra las tres personas que intentaron matarlo en L’Hospitalet de Llobregat.
Los hechos se remontan a la tarde del 20 de febrero de 2023. Berzas había acudido fuera de servicio al antiguo bar de sus padres, en L'Hospitalet de Llobregat, tras el aviso de unos vecinos de que varios okupas habían irrumpido en el local.
Mientras llamaba a la policía para pedir apoyo, fue la mujer del grupo quien lanzó la orden: “Es policía, matadlo”. Ahí empezó la lluvia de martillazos y machetazos.
Secuelas físicas y psicológicas
El agente llegó al hospital con dos arterias seccionadas, una importante pérdida de sangre y un pronóstico crítico. Llegó al hospital con dos arterias seccionadas, una importante pérdida de sangre y un pronóstico crítico.
Finalmente logró salir adelante, aunque con secuelas de por vida. Tiene reconocido un 33% de discapacidad, especialmente por la pérdida de movilidad y sensibilidad en las manos, y ha tenido que someterse a cerca de una veintena de intervenciones quirúrgicas.
Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)
Petición de 17 años de prisión
Por estos hechos, sus abogados piden 15 años de prisión por el presunto delito de homicidio agravado en grado de tentativa. Pena a la que añaden otros dos años por el presunto delito de usurpación con violencia.
Además, se reclama una indemnización de 248.667 euros por las lesiones y las secuelas sufridas tras el ataque, así como la prohibición de aproximarse a la víctima en un radio inferior a un kilómetro por un periodo de 10 años.
En el caso de dos de los tres acusados también se solicita la sustitución de la pena de prisión por la expulsión del país y una prohibición de retorno de cinco años.