Nuevo secuestro en Cataluña, esta vez en Calella (Barcelona). La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra investiga una nueva presunta detención ilegal después de que varios testigos alertaran este domingo de lo que parecía un rapto en plena calle en este municipio del Maresme.
Según confirman fuentes policiales a Crónica Global, los hechos ocurrieron pasadas las nueve y media de la noche en la calle Puig de Popa, situada en las afueras de Calella.
De acuerdo con las primeras informaciones, un grupo de personas abordó a la víctima cuando se encontraba en el interior de su coche y la obligó a subir a otro vehículo, tipo 4x4, con el que abandonaron rápidamente el lugar.
Agente de los 'Guilles' de los Mossos d'Esquadra durante un patrullaje
El automóvil de la víctima, de hecho, quedó abandonado en el lugar de los hechos, donde fue localizado posteriormente por agentes de la policía catalana.
La víctima todavía no ha aparecido
Este último episodio presenta, por ahora, una diferencia importante respecto a las otras detenciones ilegales registradas durante las últimas semanas en Cataluña: la víctima no ha sido localizada.
Al menos, por el momento, no existe constancia policial de que haya aparecido.
La DIC de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo de las pesquisas para tratar de esclarecer las circunstancias y el móvil de lo ocurrido.
Detención ilegal y no secuestro
De confirmarse que se trata de una nueva detención ilegal, sería el cuarto episodio de estas características registrado en Cataluña durante las últimas semanas, después de los casos de Gavà, la AP-7 y el del distrito barcelonés de Sant Martí.
Los Mossos utilizan jurídicamente la expresión "detención ilegal" y no "secuestro" cuando no consta que los captores hayan impuesto una condición para liberar a la víctima, como podría ser el pago de un rescate.
En el caso de Calella todavía falta determinar qué ocurrió después de que el hombre fuera introducido por la fuerza en el todoterreno y si los responsables han realizado algún tipo de exigencia.
Cuatro casos en pocas semanas
El primero de esta sucesión de episodios violentos se produjo el pasado 7 de septiembre en Gavà, cuando varios individuos tirotearon a un hombre, lo introdujeron por la fuerza en un vehículo y huyeron con él. La víctima apareció posteriormente en Sabadell.
El segundo ocurrió el 19 de septiembre en plena AP-7, entre Montornès del Vallès y Vilanova del Vallès. Cinco hombres armados y vestidos con chalecos identificativos de la Policía Nacional provocaron un choque para interceptar un vehículo y sacar a rastras a uno de sus ocupantes.
Secuestro AP-7
El hombre, que había salido recientemente de prisión, apareció horas después en Sant Llorenç Savall con signos de violencia.
La investigación apunta a un posible ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico y a una operación policial en la que fueron intervenidas dos toneladas de hachís.
Apenas dos días después, durante la madrugada del 21 de septiembre, varios encapuchados abordaron a un joven de 22 años en la calle Huelva, en el distrito barcelonés de Sant Martí, y lo introdujeron por la fuerza en un coche.
Cinco horas después apareció en las inmediaciones de una gasolinera de Salt (Girona), con lesiones compatibles con una paliza.
Un lenguaje propio del crimen organizado
Este tipo de detenciones ilegales forman parte de los métodos empleados en determinados entornos del crimen organizado, especialmente para resolver disputas, reclamar deudas o lanzar advertencias entre grupos rivales. Una especie de lenguaje criminal en el que la violencia sirve tanto para castigar como para enviar un mensaje.
En los episodios anteriores investigados en Cataluña, las pesquisas han apuntado hacia entornos relacionados con el narcotráfico. En el caso de la AP-7, por ejemplo, los investigadores trabajan con la hipótesis de una represalia relacionada con una partida de hachís intervenida por la Policía Nacional.
Un coche de los Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo
Son, además, investigaciones especialmente complejas. Las propias víctimas pueden mostrarse reticentes a colaborar con los agentes de la DIC y facilitar información sobre lo sucedido, tanto por miedo a sufrir nuevas represalias como por las consecuencias que podría tener revelar su eventual relación con actividades delictivas.
Ahora, los investigadores tratan de determinar si lo ocurrido este domingo en Calella responde a ese mismo patrón y, especialmente, dónde se encuentra la víctima.