Pancartas del 15-M en Madrid.

Pancartas del 15-M en Madrid. CG

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El Sindicat de Llogateres lleva a Barcelona 'el nuevo 15M' con una protesta este lunes

La movilización coincide con la visita de Pedro Sánchez a Barcelona en plena negociación del decreto de vivienda que el Gobierno prevé aprobar este martes

Más información: Illa pide la aprobación del decreto de vivienda en el Congreso tras el desahucio de Maricarmen

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Tras el estallido de indignación en Madrid por el desahucio de Maricarmen, el movimiento por la vivienda busca trasladar este lunes a Barcelona ese clima de movilización con ecos del 15-M y, en palabras de las convocantes, "colapsar" la ciudad.

El Sindicat de Llogateres aprovechará la asistencia de Pedro Sánchez a los Premios Vanguardia para redoblar la presión en la calle con la meta de forzar cambios de calado en el decreto de vivienda que el Gobierno prevé debatir en el Consejo de Ministros del martes.

Se trata de un texto, ya bautizado como Decreto Maricarmen, que ha devuelto la crisis de la vivienda al centro del tablero político mientras el Ejecutivo hace malabares para asegurar sus apoyos parlamentarios.

Sánchez, a pocos metros

La organización de inquilinas ha desvelado este domingo por la tarde su hoja de ruta, que eleva la tensión de cara a la visita presidencial.

La jornada arrancará a las 7:30 de la mañana, con acciones de protesta en las calles Sant Agustí y Tarragona, el entorno del Hipercor de la avenida Meridiana y la plaza de Sants.

Por la tarde, a las siete, la protesta resurgirá en el entorno del Palau de Congressos de Catalunya. Carme Arcarazo, una de las portavoces del Sindicat, ha llamado explícitamente a "colapsar Barcelona" una hora antes de que Sánchez participe en la entrega de los premios.

El portavoz del Sindicat de Llogateres Enric Aragonès, interviene durante la manifestación por el derecho a la vivienda, desde Universitat a Països Catalans, a 23 de noviembre de 2024, en Barcelona.

El portavoz del Sindicat de Llogateres Enric Aragonès, interviene durante la manifestación por el derecho a la vivienda, desde Universitat a Països Catalans, a 23 de noviembre de 2024, en Barcelona. David Oller / Europa Press

Enric Aragonès, el otro portavoz del grupo, ha llamado a los ciudadanos a acudir para "decirle a la cara" al PSOE y a Sumar que los contratos de alquiler deben poder renovarse automáticamente y convertirse, en la práctica, en indefinidos. Si el decreto no incluye esta medida, ha advertido, será "una farsa".

El Sindicat considera que limitar la respuesta del Gobierno a la protección frente a determinados desahucios dejaría fuera uno de los problemas que, a su juicio, genera mayor inseguridad entre los inquilinos.

Del 15-M a la huelga de alquileres

Las imágenes de la Puerta del Sol, donde cientos de personas acamparon tras la manifestación del sábado, han despertado el paralelismo con el 15-M.

En 2011, la macroacampada de Sol, impulsada por la plataforma Democracia Real Ya, convirtió la protesta contra la crisis económica y el sistema político en un movimiento de alcance nacional recogido por la prensa extranjera.

Pancartas del 15M.

Pancartas del 15M.

No obstante, desde Cataluña procuran marcar distancias. Aldo Reverte, también portavoz del Sindicat, argumenta que, a diferencia de aquel estallido social, el actual sindicalismo de vivienda cuenta con objetivos muy concretos y una hoja de ruta que contempla avanzar hacia una huelga general de alquileres.

En Barcelona, de momento, descartan la acampada para priorizar el pulso directo frente al evento de Sánchez.

Contratos indefinidos

La principal reivindicación del Sindicat es, así pues, que los contratos puedan renovarse automáticamente una vez vencidos, de modo que el propietario tenga que acreditar una causa para poner fin al alquiler.

La organización apunta que los actuales plazos de cinco o siete años "generan inseguridad" y reclama "una estabilidad similar a la de una relación laboral".

Protesta del Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC), el Sindicat de Llogateres y la Confederació Sindica d’Habitatge de Catalunya (COSHAC) contra un desalojo en Barcelona.

Protesta del Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC), el Sindicat de Llogateres y la Confederació Sindica d’Habitatge de Catalunya (COSHAC) contra un desalojo en Barcelona. SHSC

La medida debería formar parte del mencionado Decreto Maricarmen, donde también se deberían incluir cinco demandas de las organizaciones de inquilinos: medidas frente a determinados desahucios, una regulación más estricta de los alquileres de temporada y de habitaciones, la congelación de las rentas, prórrogas efectivas y la citada renovación automática de los contratos.

El otro frente del debate

Maricarmen, el nuevo rostro de las protestas de inquilinos, fue desahuciada a sus 87 años del piso de Madrid en el que había vivido durante más de siete décadas, tras considerar el Tribunal Supremo que su contrato de renta antigua no podía prolongarse después de una segunda subrogación. La nueva propiedad reclamaba una renta muy superior a la que podía asumir con su pensión.

Las organizaciones de inquilinos han convertido el caso en el símbolo de una reivindicación más amplia; las asociaciones de propietarios ofrecen una lectura distinta.

Lucía Aguirre, portavoz de Som Habitatge, considera que Maricarmen se ha convertido en “un instrumento político” para presionar a los partidos y endurecer las políticas de vivienda contra los propietarios.

Su organización sostiene, asimismo, que son las Administraciones las que deben hacerse cargo de las situaciones de vulnerabilidad y reclama más vivienda pública y social.

Un nuevo rostro barcelonés

Pero Barcelona ya sabe lo que es convertir una fachada en un símbolo o, tal vez, en "un instrumento político".

El precedente de la Casa Orsola —el bloque del Eixample que se erigió en febrero de 2025 en sinónimo de la lucha contra los fondos de inversión— sobrevuela ahora la estrategia del Sindicat, que insiste en que el drama de Madrid no es ninguna excepción. "De Maricarmen tenemos en todas partes con muchos nombres y rostros", ha remarcado Aragonès.

Casa Orsola

Casa Orsola AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

En la capital catalana, la organización ha situado el nuevo foco de resistencia en Rosario Castelló, una vecina del número 69 de la calle Entença en inminente riesgo de desahucio.

Según el sindicato, Castelló es la única residente que queda en un edificio donde la mayoría de las viviendas se han destinado al modelo de coliving.

La organización ha organizado este domingo una acción ante el inmueble, como antesala de la movilización de este lunes.

Resultados para el martes

El Ejecutivo ya intentó sacar adelante un paquete de medidas de vivienda en abril, pero el Congreso lo rechazó. En julio, PSOE y Sumar volvieron a pactar un nuevo decreto que incluía una prórroga extraordinaria de dos años para determinados contratos que venzan antes de junio de 2028, además de medidas sobre los alquileres de temporada y los pisos turísticos. El Gobierno, sin embargo, aplazó su aprobación ante una nueva falta de apoyos parlamentarios.

El desahucio de Maricarmen del pasado miércoles ha acelerado de nuevo los plazos. Sumar reclamó ese mismo día que el decreto llegara al Consejo de Ministros del 29 de septiembre, una presión que ha aumentado durante el fin de semana y el Gobierno prevé ahora llevar el texto este martes, aunque las negociaciones todavía no están cerradas.

Maricarmen, saliendo en camilla de su casa

Maricarmen, saliendo en camilla de su casa Gustavo Valiente - Europa Press

Sumar reclama que el texto incluya medidas de mayor alcance sobre los alquileres, los desahucios y los usos que pueden quedar fuera de la regulación ordinaria. Concretamente, entre sus prioridades están la prórroga de los contratos, la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones y una mayor protección frente a los fondos de inversión.

Oriol Junqueras (ERC), por su parte, ha reclamado este domingo topar los alquileres de temporada y de habitaciones, prorrogar durante dos años los contratos en vigor y acabar con los privilegios de las sociedades de inversión, advirtiendo de que "el miedo a perder tu casa no puede ser el negocio de nadie".

Junts, a poca distancia

Junts también ha vuelto a negociar con el Gobierno. Entre sus propuestas figuran impedir determinados desahucios de familias vulnerables cuando el propietario sea un fondo de inversión y limitar algunas compras de viviendas por parte de estas sociedades.

Jordi Turull, el secretario general, ha lanzado otro aviso al Gobierno este domingo. Su formación no apoyará un texto que criminalice al pequeño propietario. Turull apuesta por huir de la "trinchera ideológica" y priorizar estímulos fiscales que ofrezcan seguridad jurídica tanto a dueños como a inquilinos.

Ante este escenario, Sánchez ha instado a los grupos parlamentarios a hacer un "último esfuerzo" para convalidar un paquete de medidas concebido, según el presidente, para dar respuesta a una auténtica "emergencia habitacional".