Nueve años después del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, cuatro agentes de la Policía Nacional se sentarán este miércoles en el banquillo de la Audiencia de Barcelona por el disparo de una pelota de goma que provocó que Roger Español perdiera la visión del ojo derecho.
El juicio, señalado para los días 16, 17 y 30 de septiembre y 1 de octubre, enfrentará dos interpretaciones radicalmente distintas de aquella intervención policial.
Mientras que la Fiscalía sostiene que los agentes actuaron en cumplimiento de su deber y reclama su libre absolución; en el extremo opuesto, Español, Irídia y Òmnium Cultural solicitan 13 años de prisión para cada procesado, mientras que la Assemblea Nacional Catalana (ANC) pide 12.
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En el banquillo se sentarán el agente que efectuó el disparo —conocido en el argot policial como bocachero—, el inspector jefe que dirigía el grupo CAMEL 50 y dos subinspectores que ejercían como mandos intermedios.
Las cargas en la calle Sardenya
Los hechos ocurrieron durante la intervención policial en el Instituto Ramon Llull de Barcelona. Tras incautarse de urnas y papeletas, los agentes intentaron abandonar la zona, pero sus furgonetas quedaron bloqueadas en la calle Sardenya por una concentración de entre 600 y 800 personas.
Según el relato de la Fiscalía, los vehículos permanecieron inmovilizados entre 30 y 45 minutos. Después de tres avisos por megafonía y de varios intentos de mediación, el mando del operativo ordenó utilizar las defensas policiales para abrir paso.
Una imagen de un agente de la UIP de la Policía Nacional
El ministerio público sostiene que desde la multitud comenzaron a lanzarse vallas metálicas, adoquines, piedras, botellas y otros objetos. La Policía empleó primero salvas y, al comprobar que no conseguía dispersar a los concentrados, autorizó el uso de pelotas de goma.
Para la Fiscalía, esta sucesión demuestra que hubo un empleo progresivo de los medios policiales y que los acusados actuaron respetando los principios de “congruencia, oportunidad y proporcionalidad”.
Trece años de prisión
La acusación particular ofrece una lectura completamente opuesta. Atribuye a los cuatro policías un presunto delito de lesiones con pérdida de órgano principal y otro de torturas, con la agravante de prevalimiento de carácter público.
Por ello, reclama para cada uno nueve años de prisión por las lesiones y otros cuatro por torturas. También solicita una indemnización de 320.632 euros, de la que debería responder el Ministerio del Interior como responsable civil subsidiario.
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Òmnium Cultural e Irídia, personadas como acusación popular, se alinean con esta petición y reclaman igualmente 13 años de cárcel para cada procesado.
La ANC, por su lado, rebaja la solicitud a 12 años, pero coincide en que el uso de las pelotas de goma no estaba justificado y que la orden de disparar fue compartida y aceptada por los cuatro acusados.
Excluidos de la amnistía
Roger Español también llegó a estar procesado por atentado contra agentes de la autoridad por el lanzamiento de una valla metálica contra la línea policial. La Audiencia de Barcelona, sin embargo, archivó la causa contra él tras aplicarle la ley de amnistía.
La Fiscalía y las defensas intentaron que la medida alcanzara también a los cuatro policías, pero el tribunal lo rechazó al considerar que existían indicios suficientes de criminalidad y que la pérdida de un órgano o de un sentido figura entre las excepciones contempladas por la norma.
El juicio deberá determinar ahora si el disparo que dejó tuerto a Español fue consecuencia de un uso legítimo y reglamentario de la fuerza, como sostiene la Fiscalía, o de una actuación desproporcionada y consciente del riesgo, como mantienen las acusaciones.