Entidades presentan una campaña en apoyo a Roger Español
El juicio contra los agentes que dejaron tuerto a Roger Español llega en vísperas del aniversario del 1-O
Este viernes se ha conocido que Òmnium Cultural pide 13 años de prisión para los cuatro policías acusados de disparar contra el denunciante, que perdió un ojo tras recibir un impacto con una pelota de goma
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Nueve años después del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, cuatro agentes de la Policía Nacional se sentarán en el banquillo de la Audiencia de Barcelona por el disparo de una pelota de goma que provocó que Roger Español perdiera la visión del ojo derecho.
El juicio, que se celebrará los días 16, 17 y 30 de septiembre y 1 de octubre, enfrentará dos interpretaciones radicalmente distintas de una misma intervención policial.
Por un lado, la acusación particular ejercida por Irídia reclama 13 años de prisión para cada procesado; Òmnium Cultural, personada como acusación popular, también solicita 13 años, y la Assemblea Nacional Catalana (ANC), como acusación popular, exige 12 años.
La Fiscalía pide la absolución
En el otro extremo, la Fiscalía Provincial de Barcelona sostiene que los agentes actuaron amparados por el cumplimiento de su deber y pide su libre absolución.
Agente de la UIP de la Policía Nacional en una imagen de archivo
En el banquillo se sentarán el agente que efectuó el disparo, conocido en el argot policial como bocachero; el inspector jefe que dirigía el grupo CAMEL 50 y dos subinspectores que ejercían como mandos intermedios.
Las tres posiciones deberán confrontarse ante el tribunal en un juicio cuya última sesión coincidirá, precisamente, con el noveno aniversario del 1-O.
Disparos en la calle Sardenya
En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía recuerda que, tras la suspensión de la ley catalana del referéndum por parte del Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)ordenó a los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional impedir la utilización de locales públicos para la votación
Miniurnas del referéndum ilegal del 1-O ante la Jefatura Superior de Policía de Cataluña
La mañana del 1 de octubre, el núcleo policial CAMEL intervino en el instituto Ramon Llull de Barcelona, donde los agentes incautaron urnas y papeletas. Cuando trataban de abandonar la zona, las furgonetas quedaron bloqueadas en la calle Sardenya por una concentración de entre 600 y 800 personas.
Según el relato de la Fiscalía, los vehículos permanecieron inmovilizados durante un periodo de entre 30 y 45 minutos. El mando del operativo habría dado tres avisos por megafonía y habría intentado negociar con un bombero y varios periodistas para que los congregados permitieran la salida de las furgonetas.
![Roger Español, en 2022](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/480040.jpg?p=w:320\/h:240&h=Za0_EPYa"])
Uso progresivo de los medios
Ante el fracaso de la mediación, el inspector jefe ordenó emplear las defensas policiales para abrir paso.
Posteriormente, y siempre según el ministerio público, desde la multitud comenzaron a lanzarse vallas metálicas, adoquines, piedras, botellas, conos y otros objetos contra los agentes.
La Policía utilizó primero salvas y, al comprobar que tampoco conseguía dispersar a los concentrados, el mando autorizó el disparo de pelotas de goma.
Una imagen de un agente de la UIP de la Policía Nacional
La Fiscalía sostiene que, por tanto, hubo un uso progresivo de los medios policiales y que los acusados actuaron conforme a "los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad".
Roger Español reclama 13 años
La acusación particular ofrece una lectura completamente opuesta. Roger Español, representado por Irídia, atribuye a los cuatro procesados un delito de lesiones con pérdida de órgano principal y otro de torturas, con la agravante de prevalimiento de carácter público.
Reclama para cada uno de ellos nueve años de prisión por las lesiones y otros cuatro por torturas, además de la correspondiente inhabilitación.
Roger Español, en 2022 Europa Press
Irídia sostiene que el uso de las pelotas de goma no estuvo justificado y que el escopetero disparó en tres ocasiones, asumiendo el riesgo de causar daños graves. También extiende la responsabilidad a los mandos que ordenaron, transmitieron o permitieron los disparos.
Español solicita asimismo una indemnización de 320.632 euros, de la que pide que responda el Ministerio del Interior como responsable civil subsidiario.
Òmnium también reclama 13 años
A la petición formulada por Roger Español se ha sumado este viernes, 4 de septiembre, Òmnium Cultural, que ejerce la acusación popular y solicita también una condena de 13 años de prisión para cada uno de los cuatro policías nacionales que se sentarán en el banquillo.
De esta forma, la entidad se alinea con la acusación particular ejercida por Español, que reclama nueve años de cárcel por un delito de lesiones con pérdida de órgano principal y otros cuatro por un delito de torturas.
Sede de Òmnium Cultural Barcelona
La ANC solicita 12 años
Por su lado, la Assembla Nacional Catalana (ANC) plantea una petición similar, algo más rebajada: 12 años de prisión para cada policía.
La entidad sostiene que la orden de disparar fue “compartida y aceptada” por los cuatro acusados pese a que, según su relato, no existía una situación de peligro que justificara el empleo de pelotas de goma.
Frente a la progresividad descrita por la Fiscalía, la ANC afirma que el uso de la fuerza careció de justificación y que los policías actuaron prevaliéndose de su condición de funcionarios públicos.
Sin amnistía para los cuatro policías
Roger Español también llegó a estar procesado por atentado contra agentes de la autoridad por el lanzamiento de una valla metálica contra la línea policial. Sin embargo, la Audiencia de Barcelona archivó la causa contra él al aplicarle la ley de amnistía.
La Fiscalía y las defensas intentaron que la medida alcanzara igualmente a los cuatro policías, pero el tribunal lo rechazó al considerar que existen indicios suficientes de criminalidad y que la pérdida de un órgano o de un sentido figura entre las excepciones previstas por la norma.
Ahora, el juicio, que arrancará el próximo 16 de septiembre, deberá determinar si el disparo que dejó tuerto a Roger Español fue el resultado del uso legítimo y reglamentario de la fuerza, como sostiene la Fiscalía, o una actuación desproporcionada y consciente del riesgo que implicaba, como mantienen las acusaciones.
