Nadie podía imaginar que una investigación impulsada desde Reino Unido y Suecia acabaría con un agente de la Policía Nacional entre rejas.
Pero años de intercambio de información entre distintos cuerpos europeos y una investigación posterior de Asuntos Internos han permitido estrechar el cerco sobre J. B. G., un policía destinado en el grupo de Antidroga y Delincuencia Organizada de la Jefatura Superior de Cataluña.
El agente se encuentra actualmente en prisión provisional, comunicada y sin fianza, investigado junto a su pareja sentimental por los presuntos delitos de cohecho, revelación continuada de secretos, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
Imagen de archivo de un agente de la Policia Nacional
Según los indicios recabados, el policía habría aprovechado durante años su acceso a información reservada para facilitar datos policiales a personas vinculadas con el narcotráfico internacional.
Grupos principalmente asentados en Suecia y los Países Bajos, con ramificaciones en España y Cataluña.
La National Crime Agency
El primer aviso llegó desde fuera de España. Según la documentación de la causa a la que ha tenido acceso Crónica Global, las informaciones remitidas por la National Crime Agency británica y la Policía de Suecia permitieron poner el foco sobre la posible existencia de una filtración desde el interior de la Policía Nacional.
Las pesquisas acabaron conduciendo hasta J. B. G.
Los investigadores sitúan al menos desde 2020 los accesos presuntamente irregulares del agente a información reservada.
Valiéndose de sus credenciales profesionales, habría realizado consultas sin una justificación vinculada a sus funciones policiales en diferentes bases de datos de máxima seguridad.
900 consultas sospechosas
Una auditoría realizada por Asuntos Internos contabilizó cerca de 900 accesos bajo sospecha.
No se trataba de información menor. Entre los datos consultados aparecen: órdenes de busca y captura nacionales e internacionales, señalamientos penales, atestados policiales, denuncias de particulares e información sobre vigilancias y seguimientos de vehículos.
Un agente de la UIP de Policía Nacional cierra la puerta de un furgón policial en una imagen de archivo
La investigación sostiene que parte de esos datos habría terminado en manos de personas vinculadas al narcotráfico internacional.
A cambio, Asuntos Internos sospecha que el agente habría recibido contraprestaciones económicas y protección de los miembros del entramado criminal.
Mensajes encriptados
Las sospechas adquirieron una nueva dimensión gracias a otras investigaciones desarrolladas fuera de España.
En 2021, las autoridades francesas consiguieron intervenir SKY ECC, una plataforma de comunicaciones encriptadas utilizada de forma habitual por organizaciones criminales.
El acceso a sus servidores permitió recuperar millones de mensajes intercambiados entre usuarios de distintos países.
Agente de la Policía Nacional analizando un ordenador incautado, en una imagen de archivo
Entre ese material aparecieron comunicaciones relacionadas con la trama que posteriormente sería investigada en Barcelona.
Red de intermediarios
Uno de los nombres que emergen en esta parte de la investigación es el de Milan D., que, según la documentación judicial, habría utilizado SKY ECC para actuar como intermediario entre quienes solicitaban información policial y la persona encargada de proporcionarla.
Además, en noviembre de 2023, las autoridades suecas detuvieron a Amendeep S. El análisis de su teléfono permitió localizar conversaciones en las que aparecían capturas de pantalla procedentes de bases de datos policiales españolas.
Según los investigadores, el material habría sido facilitado por J. B. G.
Entrada de la Jefatura Superior de Policía en Cataluña
La actuación de Asuntos Internos
Con la información internacional sobre la mesa, la investigación avanzó en España.
A partir de junio de 2025, Asuntos Internos sometió al agente a vigilancias y seguimientos; y durante meses, se documentaron encuentros con las personas consideradas intermediarias de la trama.
Las diligencias quedaron en manos de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 6 de Barcelona, que a finales de diciembre autorizó las primeras medidas destinadas a profundizar en las sospechas.
Nuevas diligencias
El 2 de enero de 2026, el juzgado decretó el secreto de las actuaciones y autorizó un amplio paquete de medidas para seguir los movimientos del policía.
Imagen de la fachada de la Ciudad de la Justicia de Barcelona
Entre las medidas acordadas, se encontraba la intervención de su teléfono, pero también la instalación de un dispositivo de geolocalización en su motocicleta.
Paralelamente, se abrió una investigación sobre el patrimonio del agente y de su pareja.
El juzgado requirió a la Agencia Tributaria información fiscal, laboral y patrimonial correspondiente al periodo comprendido entre 2020 y 2025 y reclamó datos sobre cuentas, transferencias y operaciones a diferentes entidades financieras.
El objetivo era determinar si existían movimientos económicos compatibles con las supuestas contraprestaciones recibidas a cambio de la información policial.
El cerco se cierra
El cerco terminó de cerrarse el pasado 15 de junio, cuando el juzgado autorizó varias entradas y registros en inmuebles vinculados al investigado en Barcelona y Badalona.
Tras su detención y posterior puesta a disposición judicial, se acordó para J. B. G. prisión provisional, comunicada y sin fianza.
Detención de la Policía Nacional, en una imagen de archivo
La resolución aprecia la existencia de suficientes indicios contra el policía y contempla, entre otras cuestiones, los riesgos de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas.
Según ha podido saber Crónica Global, el agente recurrió su ingreso en prisión, pero su petición ha sido desestimada recientemente.
Por ahora, la causa continúa abierta y trata de determinar el alcance real de las presuntas filtraciones: cuánta información salió de las bases policiales, quién terminó recibiéndola y cuánto dinero pudo cobrar el agente.