La brecha de seguridad protagonizada por un grupo de internos de la prisión de Puig de les Basses, en Figueres (Girona), abre un nuevo frente.
El sindicato CSIF Prisiones reclama que la investigación no se limite a determinar cómo consiguieron acceder a la documentación interna de la Generalitat, sino que también se extienda a las empresas tecnológicas encargadas de prestar servicios a la Administración catalana.
Y ponen un nombre sobre la mesa: T-Systems ITC Iberia.
Piden una investigación formal
El sindicato pide investigar qué papel desempeñaba la compañía en los sistemas afectados, cuáles eran exactamente sus responsabilidades contractuales en materia de seguridad, qué mecanismos de control y supervisión estaban implantados y, especialmente, si existían vulnerabilidades conocidas.
Bandera y logo de T-Systems
CSIF evita atribuir por ahora ninguna responsabilidad a T-Systems y subraya que deberán ser las investigaciones abiertas las que determinen qué ocurrió.
Sin embargo, considera "absolutamente necesario" esclarecer si los servicios prestados, los sistemas de control y los mecanismos de seguridad se cumplieron adecuadamente.
Más de 500 millones en adjudicaciones
El señalamiento del sindicato cobra especial relevancia por la importante relación contractual que mantiene T-Systems con la Generalitat a través del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI).
Según la documentación recopilada por CSIF, desde 2010 las adjudicaciones acumuladas a la tecnológica superarían ampliamente los 500 millones de euros.
El sindicato destaca, entre otras, la adjudicación en el macroconcurso del CTTI de 2023 de un bloque de proyectos tecnológicos valorados en 164 millones de euros.
Un año después, en 2024, una UTE formada por SDG y T-Systems recibió un contrato del CTTI de 1,26 millones de euros para prestar servicios relacionados con la construcción y el desarrollo de aplicaciones para el Departament de Justícia.
Servidores 'cloud' de T-Systems
Pero hay más. CSIF también señala que en 2025 la Generalitat prorrogó un contrato para el control y la gestión de centros de datos por un valor estimado de otros 120 millones de euros.
Y, ya en enero de 2026, T-Systems resultó adjudicataria de otro contrato de 1,98 millones relacionado con el sistema de gestión procesal de menores, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y otros proyectos derivados de modificaciones legislativas.
Accedieron a información interna
Esta semana, el Departamento de Justicia ha reconocido oficialmente el incidente y ha explicado que ya se ha abierto una investigación para esclarecer cómo se produjo.
Asimismo, ha solicitado la intervención de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, ha denunciado los hechos ante el Juzgado de Guardia de Figueres y ha notificado la situación a la Autoridad Catalana de Protección de Datos.
Imagen de Puig de les Basses en Figueres (Girona)
CSIF sostiene, sin embargo, que el alcance de la brecha podría ser muy superior al comunicado inicialmente por Justicia.
Según la información recopilada por el sindicato, los internos habrían podido acceder a listados de funcionarios y mandos, protocolos de seguridad, planos, normativa y formularios modificables.
La organización afirma además que la vulnerabilidad podría haber dejado expuesta buena parte de la intranet de la Generalitat y permitido acceder a datos sanitarios, pruebas médicas y documentación judicial y de otros organismos públicos.
Son extremos que, como reconoce el propio sindicato, deberán ser confirmados por la investigación.
¿Hubo advertencias previas?
Otro de los puntos que CSIF reclama investigar es si la Administración conocía previamente las vulnerabilidades.
Tal y como adelantó este medio y confirma ahora el sindicato, uno de los internos implicados ya había advertido anteriormente de un fallo en el sistema de seguridad de Justicia y que incluso habría sido recompensado por su colaboración.
Un pasillo en la prisión de Puig de Les Basses
Y no solo eso. Y es que ya durante la puesta en marcha del proyecto En Viu Digital —para digitalizar los centros penitenciarios—, un trabajador que participaba en su implementación habría elaborado un informe advirtiendo de problemas de seguridad del sistema.
Precisamente por ello, el sindicato quiere determinar no solo quién conocía la vulnerabilidad y desde cuándo, sino qué hicieron la Administración y sus proveedores tecnológicos para comprobarla y corregirla.
Un precedente durante el 'procés'
No es la primera vez, sin embargo, que los trabajos de T-Systems para la Generalitat quedan bajo el foco.
En marzo de 2019, la multinacional tuvo que salir públicamente al paso de las informaciones surgidas a raíz de un informe de la Guardia Civil sobre el procés, que investigaba la contratación de una tecnológica alemana para desarrollar soportes informáticos vinculados al proyecto independentista.
Entonces, T-Systems negó tajantemente haber cometido irregularidad alguna y defendió que todos sus servicios para la Administración catalana respondían a contratos públicos adjudicados mediante concurso, con transparencia y conforme a la legislación vigente.
La compañía aseguró, además, que colaboraría con las autoridades administrativas y judiciales para acreditar el correcto cumplimiento de sus contratos con la Generalitat.