Imagen de Puig de les Basses en Figueres (Girona)
Presos de la cárcel de Figueres hackean la red de la Generalitat y acceden a datos confidenciales
Los internos responsables de la intromisión ya han sido identificados y se ha abierto una investigación para averiguar el alcance y sus afectaciones
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Varios internos del Centre Penitenciari Puig de les Basses, en Figueres (Girona), han accedido sin autorización a documentación interna de la Generalitat de Cataluña desde ordenadores de la propia prisión.
El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica ha confirmado este miércoles la existencia de una brecha de seguridad después de detectar un acceso no autorizado a documentación compartida y almacenada en unidades de red desde el centro penitenciario.
Los presuntos responsables son internos de la prisión, que ya han sido identificados. Por el momento, la Generalitat sostiene que el incidente no ha permitido acceder a los sistemas de información penitenciarios críticos ni ha comprometido el funcionamiento de los servicios de la cárcel.
Un pasillo en la prisión de Puig de Les Basses EUROPA PRESS
Sin embargo, el sindicato SICAP-FEPOL asegura que el problema podría ser mucho más amplio y que las primeras advertencias sobre accesos indebidos se remontan a 2025.
Datos personales y sanitarios
Según las evidencias recabadas por SICAP-FEPOL, los accesos no autorizados se realizaron desde equipos informáticos instalados en módulos penitenciarios y al alcance de los internos.
El sindicato sostiene que entre la información que habría quedado expuesta figuran documentos privados, datos personales y penitenciarios, así como información relativa a la salud de los internos, considerada especialmente protegida por la normativa de protección de datos.
Centro penitenciario Puig de les Basses / JUSTICIA
Para SICAP-FEPOL, el incidente demostraría que la separación entre los ordenadores destinados al uso de los presos y los sistemas corporativos de la Administración no habría funcionado correctamente.
"Si una persona interna puede entrar desde un ordenador del módulo en información reservada de la Generalitat, el sistema de seguridad ha fallado de raíz", denuncia el sindicato.
Justicia rebaja la gravedad de los hechos
Desde Justicia, en cambio, recalcan que, con la información disponible hasta ahora, no se ha producido ningún acceso a sistemas penitenciarios críticos.
Los responsables del centro detectaron el incidente y activaron, según el departamento, de manera inmediata las medidas de seguridad correspondientes para corregirlo.
Además, las prisiones catalanas están reforzando sus medidas de seguridad con el objetivo de evitar que puedan producirse episodios similares.
El 'conseller' de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, en el Parlament de Catalunya EUROPA PRESS
Avisos desde 2025
Uno de los aspectos más delicados del caso es determinar desde cuándo existía esta vulnerabilidad. SICAP-FEPOL asegura que tanto internos como trabajadores habían advertido ya durante 2025 de la existencia de accesos indebidos y de deficiencias en la configuración y el control de estos ordenadores.
Por este motivo, el sindicato reclama a la Generalitat que determine durante cuánto tiempo permaneció abierta la brecha, desde cuántas prisiones se pudo acceder, qué documentos fueron consultados y si alguno de los archivos llegó a ser descargado, copiado o difundido. También pide conocer cuántas personas podrían haberse visto afectadas.
La organización sindical va incluso más allá y advierte de las consecuencias que una brecha de estas características puede tener dentro de una prisión.
El acceso ilegítimo a información sobre internos, trabajadores, protocolos o incidencias podría, según SICAP-FEPOL, facilitar presiones, amenazas, suplantaciones, extorsiones o intentos de eludir las medidas de seguridad.
Investigación abierta
El Departament de Justícia ha abierto una investigación interna para esclarecer los hechos y ha contactado con la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, que está realizando un análisis técnico para determinar cómo se produjo el acceso y cuáles pueden ser sus afectaciones.
Los hechos también han saltado ya a la vía judicial. Justicia ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Guardia de Figueres y ha comunicado el incidente a la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT).
Penal de Puig de les Basses / EFE
Por su parte, SICAP-FEPOL ha anunciado que también presentará una denuncia ante la APDCAT y pondrá a su disposición los indicios recabados para que investigue tanto el alcance de la brecha como las posibles responsabilidades.
Entre otras medidas, reclama retirar provisionalmente los equipos potencialmente afectados, realizar una auditoría técnica externa de los ordenadores y redes utilizados en las prisiones catalanas, revocar las credenciales que puedan estar comprometidas y garantizar una separación efectiva entre los equipos utilizados por los internos y los sistemas corporativos.
El sindicato pide la destitución de Estepa
La crisis ha llegado también al terreno político. SICAP-FEPOL reclama la destitución inmediata del director general de Asuntos Penitenciarios, Domingo Estepa, al considerar que la gravedad de la brecha, su posible extensión a distintos centros y las supuestas advertencias previas hacen incompatible su continuidad en el cargo.
![José María Montero, hasta ahora al frente de Asuntos Penitenciarios](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/503017.jpg?p=c:1104:828:nowe:0:252\/w:320\/h:240&h=75Ik5KeY"])
Precisamente Estepa se ha reunido este miércoles por la mañana con representantes de las organizaciones sindicales del ámbito penitenciario para informarles del incidente y explicarles las medidas adoptadas por el departamento.
Mientras Justicia circunscribe el incidente detectado a un acceso desde Puig de les Basses y asegura que los sistemas penitenciarios críticos no han resultado comprometidos, SICAP-FEPOL sostiene que la vulnerabilidad podría haber permitido accesos desde varios centros penitenciarios y reclama esclarecer qué información llegó a manos de los internos, durante cuánto tiempo pudieron acceder a ella y si los datos salieron de los sistemas de la Generalitat.
