Un tren arrasador de inundaciones ha terminado por dictar la sentencia de derribo de diez viviendas de la urbanización Estona de Alcanar Platja, en la comarca del Montsià (Tarragona).
El Govern ha aprobado esta semana la concesión de una subvención de dos millones de euros al ayuntamiento de la localidad tarraconense para que estas casas, ubicadas en el barranco del Llop —una zona del litoral con alto riesgo de inundación—, dejen de estar habitadas.
El consistorio las adquirirá y posteriormente las derribará para renaturalizar el espacio.
Las diez casas de la urbanización Estona d'Alcanar Platja.
Los vecinos de la urbanización, que se han mostrado a favor del derrocamiento de las edificaciones desde que el Ayuntamiento de Alcanar lo propuso tras los estragos de la DANA Alice el pasado octubre, están pendientes de una fase de negociación a partir de una tasación oficial validada por la Generalitat.
"Se trata de salvar vidas", apunta el alcalde de Alcanar, Marc Chavalera.
Cuando formalicen la venta y las casas (que habían sido construidas legalmente) sean demolidas, no habrá forma de volver atrás. No será otra evacuación temporal por una irrupción de agua, como las de 2018, 2021, 2023 y 2024; será una huida definitiva del riesgo por inundación en el marco de una creciente crisis climática. Son los primeros desplazados climáticos de Cataluña.
"Si los de Alcanar son los primeros, desde luego no van a ser los últimos", asevera el presidente de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado, el biólogo y antropólogo Miguel Pajares, en conversación con Crónica Global.
Un largo recorrido
La decisión de declarar "inhabitable" el barranco del Llop es la conclusión de la II Taula Tècnica dels Aiguats (II Mesa Técnica de los Aguaceros), un foro impulsado por el gobierno local, con la participación de la Generalitat y el apoyo técnico de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), con el fin de encontrar una solución definitiva ante los aguaceros que han golpeado recurrentemente el Montsià.
La II Mesa deriva de mesas precedentes organizadas por el exalcalde Joan Roig (ERC). Roig admitió desde el principio que era inútil forzar una resistencia a fenómenos de los que, alertaba, "no pueden proteger a las personas". Reclamaba actuaciones preventivas, aceptar "el origen" del problema y asumir que la solución pasa por "renaturalizar, devolver al medio aquello que era suyo, los circuitos naturales del agua".
El exalcalde de Alcanar, Joan Roig, y el 'conseller' de la Presidencia en una rueda de prensa en el Govern tras pactar el 'Protocol d’intencions per a la gestió integral del risc d’inundació al barranc del Llop', con el objetivo de construir las infraestructuras hidráulicas necesarias y solucionar el problema histórico de las viviendas situadas en zona inundable.
"Una carga titánica"
Con todo, el edil republicano acabó renunciando a la alcaldía porque, según hizo constar en una carta abierta a los vecinos, los episodios de lluvias torrenciales habían "generado una carga de trabajo titánica y responsabilidades que van más allá del cargo".
Añadió que "intuía la exigencia del camino, pero sin saber que Alcanar se enfrentaría a cinco inundaciones provocadas por fenómenos meteorológicos extremadamente violentos".
Cada vez menos excepcional
Esas cinco catástrofes climáticas en siete años han puesto en claro que una inundación en el barranco del Llop había dejado de ser una anomalía.
A la mañana siguiente de la DANA Alice, desde el Servei Meteorològic de Catalunya explicaban que la orografía, con sierras próximas y paralelas al litoral como las del Montsià y Godall; el aumento de la temperatura del Mediterráneo y el incremento de los episodios de lluvia intensa agravaron el impacto del episodio extremo.
Dos personas atraviesan campos de cultivo de Sant Carles de la Ràpita tras el paso de la DANA.
Pajares sintetiza los pronósticos, consecuentes del calentamiento global: "A medida que la atmósfera siga calentándose, estará más cargada de humedad; las aguas del Mediterráneo estarán más calientes y desprenderán más humedad. Todo eso es alimento para las DANAS, las lluvias torrenciales y los huracanes".
"Se dan periodos de sequía muy prolongados y muy graves, como el que tuvimos en Cataluña hace dos años, y de repente empieza a llover y llueve como no había llovido nunca. Estamos condenados a eso", sostiene el experto.
Y concluye: "Todas las poblaciones que viven en zonas inundables, sobre todo en la costa, van a ir sufriendo cada vez más y se van a ir produciendo desplazamientos. Esto va a seguir pasando".
En alerta constante
El agua ha señalado ya diez viviendas. En otros lugares, el límite podría llegar después de un gran incendio forestal como cualquiera de la decena que están quemando miles de hectáreas en estos momentos en el país.
Cataluña ha entrado en este verano con una presión creciente sobre el territorio. Hasta el 15 de julio, los Agents Rurals habían contabilizado más de 460 incendios y 4.500 hectáreas quemadas, 3.536 de ellas forestales.
La relación es compleja. El calentamiento favorece unas condiciones de mayor sequedad y calor que pueden hacer más propicia la propagación del fuego, pero el origen y la evolución de cada incendio dependen también de otros factores.
Lo que sí está cambiando es el escenario en el que trabajan los servicios de emergencia y en el que viven las poblaciones próximas a las zonas forestales. El problema surgiría si la sucesión de episodios y el deterioro de las condiciones de seguridad hicieran inviable el regreso.
El bosque de Tiana, calcinado tras un incendio del pasado junio.
Una casa, un cobijo
Así pues, parece ser que la resolución final de escapar anticipadamente de peligros provocados por la emergencia climática preludia una decisión que puede repetirse en otros territorios expuestos a fenómenos extremos.
Y ahí vuelve a aparecer la pregunta de Alcanar: ¿en qué momento una evacuación deja de ser una medida de emergencia y se convierte en una decisión sobre dónde puede seguir viviendo la población? La recurrencia de los estragos está alterando las condiciones bajo las que se diseñó buena parte de las ciudades y sistemas de protección.
¿Solos ante el peligro?
En el caso de que más administraciones determinaran que más viviendas ya no son seguras, las dudas se amontonan. ¿Quién debe encargarse del coste? Si un barrio entero entra progresivamente en una zona de riesgo, ¿cuándo se debe actuar? ¿Qué alternativa se ofrece a quienes deben marcharse?
Varios vecinos limpian el barro de las calles de Sant Carles de la Ràpita.
Para Pajares, la respuesta pasa por avanzarse. "Todos los planes urbanísticos, toda la planificación del territorio tienen que hacerse teniendo en cuenta los cambios que van a darse en el territorio fruto de la crisis climática, que van a ser importantes", sostiene.
A su juicio, existe ya sensibilidad en las administraciones, pero "no es suficiente".
Alcanar ya ha estrenado una opción segura: dos millones de euros de la Generalitat para aceptar que, en ese punto del mapa, proteger ya no significa resistir al agua.
Reorganización climática
La presión climática también provoca cambios más lentos, pero igualmente progresivos, que pueden acabar marcando diferencias según la capacidad económica de cada hogar.
Las autoras de un estudio del ICTA-UAB han presentado el primer índice de vulnerabilidad a la gentrificación climática del área metropolitana de Barcelona, con datos de 36 municipios.
Las zonas más vulnerables son áreas de la periferia más verdes, menos densas y bien conectadas.
Un mapa con las zonas más vulnerables a la gentrificación climática en el área metropolitana de Barcelona (el morado indica mayor vulnerabilidad).
"Es importante pensar que, a medida que el cambio climático nos traiga olas de calor más largas e intensas en viviendas que no están preparadas para ellas, las prioridades de la población pueden cambiar", explica Amalia Calderón-Argelich, investigadora del proyecto.
La gentrificación climática aparece cuando esa mejora ambiental empieza a tener efectos sobre el mercado de la vivienda. Nuevas zonas verdes, espacios de sombra o edificios más eficientes pueden hacer más atractiva una zona y, con ello, elevar su valor inmobiliario. El riesgo es que ese proceso termine desplazando a la población vulnerable que ya vive allí.
Para Calderón-Argelich, la cuestión es también de "justicia ambiental": el acceso a unas condiciones de vida confortables frente al cambio climático puede convertirse en un nuevo elemento de desigualdad.