El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha estimado parcialmente el recurso de un padre, obligando a un centro de Sant Cebrià de Vallalta (Barcelona) a impartir al menos una asignatura no lingüística en castellano, además de la propia de Castellano.
La sentencia responde al recurso contencioso administrativo interpuesto por la familia ante la Conselleria de Educación. Este buscaba la modificación del régimen lingüístico aplicable a la hija del recurrente, así como impugnar el proyecto lingüístico del centro educativo.
Derecho al 25% en castellano
El tribunal ha declarado el derecho del actor a que su hija reciba una "enseñanza efectiva y equilibrada en lengua castellana". Esta deberá incluir, aparte de la asignatura de lengua, otra área o materia no lingüística.
El TSJC fundamenta su decisión en la reciente resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de junio. Dicha resolución avalaba el 25% de castellano en las escuelas catalanas.
Los tribunales: último recurso
La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha valorado el pronunciamiento del tribunal, afirmando que no es una novedad y que "continúa estimando las reclamaciones individuales de las familias".
La AEB ha criticado que, "pese a la claridad y reiteración de la jurisprudencia, la Administración catalana sigue excluyendo el castellano como lengua vehicular". Esto obliga a las familias a recurrir a los tribunales.
Hacen énfasis en que "La reiteración de decisiones contrarias a una doctrina judicial consolidada sitúa la actuación administrativa peligrosamente cerca de la arbitrariedad y evidencia una política deliberada para limitar beneficiarios mediante la judicialización individual".
Asimismo, critica la decisión del tribunal de que "no imponer las costas a la Administración traslada a las familias el coste económico de la resistencia administrativa y reduce los incentivos para modificar esa conducta".
Recurso en marcha
Por su parte, Plataforma per la Llengua, como parte codemandada, ha anunciado que recurrirá la sentencia. Ha instado a convertir la defensa del catalán "en una prioridad compartida de las luchas educativas del nuevo curso".
Finalmente, la organización ha pedido a la Generalitat que impulse acciones procesales. El objetivo es solicitar la nulidad de la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la rotulación en las escuelas.
La Conselleria de Educación de la Generalitat ha declarado que presentará un recurso de casación.