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Esta semana ha salido a la luz que un interno de la prisión de Quatre Camins, en La Roca del Vallès (Barcelona), dirigía desde su celda una de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de armas más activas de Cataluña.

Daniel D., encarcelado desde 2009, mantenía un contacto constante con el exterior. Fuentes policiales reconocen incluso la facilidad con la que conseguía teléfonos móviles dentro del centro penitenciario: "Le quitaban uno y, a los pocos días, ya tenía otro", admiten.

Gracias a esos terminales, el preso seguía ejerciendo el liderazgo de un entramado que actuaba como intermediario en la compraventa ilegal de armas.

Armas incautadas durante el operativo contra la banda liderada por Daniel D. Mossos y Policía Nacional

Contacto permanente con el exterior

La investigación revela que Daniel D. gestionaba varios grupos en WhatsApp y Telegram desde los que mantenía conversaciones prácticamente a diario con personas interesadas en adquirir armamento.

Por supuesto, también se comunicaba de forma habitual con su mujer y su hija mayor, ambas consideradas por los investigadores integrantes activas de la organización.

Es más, los compradores contactaban directamente con él para solicitar las armas que necesitaban y, a partir de ahí, el interno movilizaba a su red de colaboradores para localizarlas. Todo ello, sin salir de su celda de Quatre Camins

Daniel D., el 'capo' de la organización desmantelada por Mossos d'Esquadra y Policía Nacional Crónica Global

El 40% de los internos tiene móvil

Sin embargo,es un secreto a voces que los presos tienen acceso a teléfonos móviles en el interior de los centros. Según datos oficiales, en 2024 se intervinieron 855 terminales en las prisiones catalanas.

Las estimaciones del ámbito penitenciario apuntan, además, a que alrededor del 40% de los internos tiene acceso a un teléfono móvil, muchos de ellos de última generación, con conexión a Internet y cámaras de alta calidad.

Fuentes del entorno penitenciario explican que numerosos reclusos apenas intentan ocultarlo. Las sanciones por la tenencia de estos dispositivos suelen ser limitadas y, para muchos, les compensa asumir el castigo a cambio de seguir conectados con el exterior.

Amenazas desde prisión

El elevado número de teléfonos intervenidos demuestra que el caso de Daniel D. dista mucho de ser una excepción. Eso sí, no todos los internos utilizan estos dispositivos para dirigir organizaciones criminales.

Muchos los emplean simplemente para mantener el contacto con sus familiares. Otros, sin embargo, los utilizan para continuar delinquiendo o para intimidar a personas que permanecen en libertad.

Es el caso de una víctima de violencia de género que lleva años denunciando las amenazas que, según sostiene, recibe desde el interior de Quatre Camins: "Llevamos cinco años documentando amenazas constantes desde el centro penitenciario", explica su entorno.

Sus familiares ya relataron hace un tiempo a este medio que el condenado disponía de un teléfono móvil en el módulo 6 de la prisión, desde donde publicaba imágenes en su perfil de WhatsApp, mantenía conversaciones con el exterior y enviaba mensajes intimidatorios dirigidos a su expareja.

No se trata de un episodio aislado. De hecho, Quatre Camins es, año tras año, la prisión catalana donde más teléfonos móviles se decomisan.

Exterior de la prisión de Quatre Camins Europa Press

'Influencers' carcelarios

El acceso a Internet también ha dado lugar a otro fenómeno: el de los llamados 'influencers' carcelarios.

Cada vez son más los internos —en su mayoría jóvenes— que utilizan las redes sociales para mostrar su día a día entre rejas.

Publican fotografías desde sus celdas, graban vídeos en el interior de los módulos e incluso aparecen junto a otros reclusos, proyectando una imagen de normalidad incompatible con las restricciones propias de un centro penitenciario.

Un plan en marcha

Consciente de esta realidad, el Departamento de Justicia de la Generalitat lleva aproximadamente un año trabajando en un plan integral para reforzar la seguridad digital en las prisiones catalanas.

La hoja de ruta contempla un despliegue progresivo entre 2026 y 2028 de sistemas de detección e inhibición de drones, inhibidores de telefonía móvil y escáneres corporales.

La conselleria que dirige Ramon Espadaler considera estas herramientas esenciales para mejorar la seguridad, reforzar el control de los centros y dificultar la entrada de objetos prohibidos.

Fachada del Centro Penitenciario Brians 2 en Sant Esteve Sesrovires, Barcelona Marc Trilla Europa Press

Inhibidores de señal

Uno de los pilares del plan pasa por instalar inhibidores capaces de bloquear las comunicaciones no autorizadas y neutralizar el funcionamiento de los teléfonos móviles introducidos de forma ilegal.

Desde Justicia admiten que estos dispositivos representan un riesgo para el control, el orden interno y el buen funcionamiento de los centros penitenciarios.

La intención es implantar un sistema suficientemente preciso para impedir únicamente las comunicaciones ilícitas, sin interferir en los servicios esenciales.

Las mismas fuentes recuerdan que los internos ya disponen de un sistema regulado de comunicaciones y tienen derecho a realizar hasta 20 llamadas gratuitas a la semana, lo que garantiza el contacto con sus familiares.

Escáneres corporales

El plan también contempla la incorporación de escáneres corporales para reforzar los controles de acceso y detectar con mayor eficacia la introducción de objetos prohibidos.

Con esta tecnología se pretende reducir los registros integrales, en los que los internos deben desnudarse ante los funcionarios, sustituyéndolos por un sistema menos invasivo y más preciso.

Interior de la cárcel de mujeres de Wad-Ras en Barcelona Conselleria de Justicia Europa Press Barcelona

Desde la conselleria sostienen que la medida supondrá un avance tanto en seguridad como en eficiencia y respeto a la dignidad de las personas internas.

Por ahora, sin embargo, el proyecto continúa en una fase inicial. Ni los inhibidores de señal ni los escáneres corporales están todavía operativos. El calendario del Departamento de Justicia prevé una implantación gradual hasta 2028.