La madre de Noelia Castillo, la joven del Garraf que recibió la eutanasia el pasado 26 de marzo tras un largo proceso judicial, ha presentado dos denuncias ante las fiscalías de Barcelona y Tarragona para que se investiguen las dos presuntas agresiones sexuales que, según sostiene, sufrió su hija antes del intento de suicidio que la dejó parapléjica.
Las denuncias incluyen escritos manuscritos de la propia Noelia y diversa documentación que, a juicio de la familia, permitiría identificar a los presuntos responsables.
Las dos denuncias
La primera denuncia se refiere a una presunta violación cometida por la entonces pareja de la joven, con quien mantuvo una relación durante cuatro años.
Fachada de la Ciutat de la Justícia de Barcelona
La segunda relata una supuesta agresión sexual ocurrida en Salou (Tarragona), donde, según el testimonio de la víctima, habría sido drogada por un camarero y posteriormente violada por tres hombres.
Tres días después de este segundo episodio, Noelia intentó suicidarse arrojándose desde un quinto piso. Sobrevivió, pero sufrió una paraplejia irreversible.
Las denuncias, presentadas por separado al haberse producido los hechos en provincias distintas, sostienen que ambos casos podrían constituir delitos de agresión sexual con diversas circunstancias agravantes.
Nueva documentación
La madre de la joven, representada por Abogados Cristianos, sostiene que no pudo denunciar los hechos cuando presuntamente ocurrieron por falta de pruebas.
Tras el fallecimiento de Noelia, asegura haber accedido a documentación y escritos personales de su hija que permitirían impulsar la investigación e identificar a los presuntos agresores.
La entidad jurídica recuerda que el fallecimiento de la víctima no extingue la responsabilidad penal por este tipo de delitos y ha solicitado al Ministerio Fiscal que practique las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y depurar posibles responsabilidades.
Un caso marcado por la batalla judicial
Noelia Castillo falleció el pasado 26 de marzo en el Hospital Residencia Sant Camil, en Sant Pere de Ribes (Barcelona), tras recibir la eutanasia autorizada por el sistema sanitario catalán.
Su caso permaneció bloqueado durante más de un año y medio por los recursos judiciales presentados por su padre, que se oponía a la muerte asistida.
La petición de la joven fue finalmente avalada por todas las instancias judiciales que analizaron el caso, incluido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, mientras que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazaron los últimos recursos presentados contra la eutanasia.
La joven había solicitado la prestación en abril de 2024 tras quedar parapléjica y defendió públicamente hasta el final que su decisión era firme.