El Juzgado de Instrucción número 2 de El Vendrell (Tarragona) investiga al alcalde de Altafulla, Jordi Molinera, y a su primer teniente de alcalde, Tomàs Serra, por un presunto delito de cohecho vinculado a la crisis de gobierno que sacudió el consistorio en febrero de 2025.
El juez ha acordado incoar diligencias previas al considerar que los hechos denunciados presentan "características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", según consta en un auto del pasado 22 de junio al que ha tenido acceso Crónica Global.
Presunto caso de transfuguismo retribuido
La investigación trata de esclarecer las circunstancias que rodearon la ruptura de Serra con la disciplina de voto de su formación hasta entonces, Junts per Altafulla, su abstención en la votación de los presupuestos municipales, su decisión de permanecer en el ejecutivo y su posterior ascenso a primer teniente de alcalde.
La acusación particular sostiene que esta secuencia podría encajar en un supuesto de "transfuguismo retribuido".
El alcalde de Altafulla (i), Jordi Molinera
Serra votó en contra de su partido
Según la denuncia, el origen del procedimiento se encuentra en la crisis política que estalló en el Ayuntamiento de Altafulla a finales de febrero de 2025.
Días antes, la ejecutiva local de Junts había acordado votar en contra de los presupuestos municipales y abandonar el gobierno de coalición que mantenía con EINA, una decisión que fue ratificada por la asamblea de afiliados el 27 de febrero y en la que participó el entonces concejal Tomàs Serra.
Sin embargo, durante el pleno celebrado apenas un día después, el 28 de febrero, Serra rompió la disciplina de voto de su formación y se abstuvo en la votación de las cuentas municipales, en lugar de votar en contra como había acordado el partido.
En la misma sesión, mientras la portavoz de Junts anunciaba oficialmente la salida del ejecutivo local, el edil comunicó que se desmarcaba de la decisión de su grupo y que permanecería en el gobierno municipal.
Posible acuerdo
La denuncia sostiene que esa decisión tuvo una recompensa inmediata. Ese mismo 28 de febrero, a las 13.40 horas, el alcalde Jordi Molinera firmó un decreto por el que reorganizaba el gobierno municipal y nombraba a Serra primer teniente de alcalde y miembro de la Junta de Gobierno Local.
La salida formal de Junts del ejecutivo no quedó registrada en el Ayuntamiento hasta las 22.05 horas de esa misma jornada, una secuencia temporal que la acusación considera clave para sostener la existencia de un presunto acuerdo entre ambos responsables municipales.
Fachada del Ayuntamiento de Altafulla (Tarragona)
Existe jurisprudencia
En su escrito, la acusación sostiene que el nombramiento y las retribuciones vinculadas al nuevo cargo podrían constituir la contraprestación exigida por el delito de cohecho.
Para fundamentar esta tesis, cita varias resoluciones del Tribunal Supremo y de diferentes audiencias provinciales sobre supuestos de "transfuguismo retribuido", en los que el cambio de posición política de un cargo electo habría estado motivado por la obtención de cargos públicos o beneficios económicos.
El juez, por el momento, no entra a valorar el fondo de esas acusaciones, pero sí considera que los hechos denunciados presentan indicios suficientes para continuar la investigación.
Primeras declaraciones
En el mismo auto, además, rechaza la petición de archivo planteada por una de las defensas, admite la personación de la acusación y de las representaciones de ambos investigados y acuerda las primeras diligencias de instrucción.
Entre ellas, el magistrado ha citado a declarar a la acusación particular, ejercida por Antoni Capell, el próximo 15 de diciembre de 2026, en calidad de perjudicado, mientras que Tomàs Serra y Jordi Molinera comparecerán como investigados el 2 de enero de 2027, asistidos de sus respectivos abogados.
Asimismo, el juzgado ha ordenado incorporar a la causa los antecedentes penales de ambos investigados, en el marco de unas diligencias que deberán determinar si los hechos responden exclusivamente a una decisión política o si, por el contrario, existió una contraprestación suficiente para integrar un presunto delito de cohecho.