Montaje con una imagen del alcalde de Cabrera de Mar, Òscar Fernández, en el centro y de fondo una imagen de dos agentes cívicos y la resolución de Inspección de Trabajo
El plan para reforzar la seguridad en Cabrera de Mar acaba bajo la lupa de Inspección de Trabajo
El organismo detecta que el consistorio incorporó agentes cívicos sin acreditar la formación preventiva obligatoria y sin una evaluación específica de riesgos
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La promesa del alcalde de Cabrera de Mar (Barcelona), Òscar Fernández (Junts), de reforzar la seguridad ciudadana ha derivado en un serio toque de atención por parte de Inspección de Trabajo.
El organismo regulador ha requerido al Ayuntamiento que corrija de inmediato varias deficiencias detectadas en la contratación de los agentes cívicos incorporados por el consistorio, al considerar que se vulneraron distintos preceptos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
La resolución llega tras una denuncia presentada por ADN Sindical Seguridad y Servicios de Cataluña.
El sindicato de seguridad privada cuestionó la decisión del Ayuntamiento de reforzar la presencia en las calles mediante agentes cívicos en lugar de incrementar la plantilla de la Policía Local o recurrir a vigilantes de seguridad titulados, tal y como, según sostiene la organización, se había trasladado a la ciudadanía.
Sin evaluación específica
Después de analizar la documentación aportada por el consistorio durante una comparecencia celebrada el pasado 12 de febrero, la Inspección de Trabajo concluye que el Ayuntamiento incumplió varios artículos de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
De izquierda a derecha: un agente de la Policía Local de Cabrera de Mar junto al alcalde Òscar Fernández
En concreto, el informe señala que no existía una evaluación específica de riesgos para el puesto de agente cívico.
El consistorio aportó la documentación correspondiente al puesto de "agente notificador", alegando que ambos desempeñaban funciones similares. Una justificación que, sin embargo, la inspectora ha considerado insuficiente.
Sin la formación correspondiente
Asimismo, el organismo no pudo acreditar que estos trabajadores hubieran recibido la formación e información preventiva obligatoria, adaptada a las funciones que desempeñan.
A ello se suma que tampoco se les ofreció la vigilancia de la salud mediante los preceptivos reconocimientos médicos.
![Un termómetro muestra la temperatura en el interior del obrador de un 365](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/555922.jpg?p=w:320\/h:240&h=B_ldVrT-"])
Como consecuencia de estas deficiencias, la Inspección considera vulnerados los artículos 14, 15, 16, 18, 19 y 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y requiere al Ayuntamiento que planifique y ejecute de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de estos empleados.
"Que no engañen a los vecinos"
Desde ADN Sindical consideran que el caso de Cabrera de Mar trasciende las deficiencias detectadas por la Inspección de Trabajo y refleja una práctica que, aseguran, se está extendiendo en distintos municipios.
"Es vergonzoso que haya alcaldes que jueguen con el dinero público prometiendo más seguridad y luego no incorporen profesionales de la seguridad", afirma Sergio Sánchez Torregrosa, portavoz de la organización sindical.
El sindicato sostiene que muchos ayuntamientos anuncian refuerzos para responder a la preocupación vecinal por la inseguridad, pero terminan recurriendo a agentes cívicos, una figura cuyas funciones son muy distintas a las de los cuerpos policiales o la seguridad privada.
Sin competencias en seguridad
"Si quieren reforzar la seguridad, que contraten a profesionales de la seguridad. Lo que no pueden hacer es hacer creer a los vecinos que esa función la pueden desempeñar agentes cívicos", añade.
Desde ADN Sindical insisten en que estos trabajadores desarrollan una labor útil de información, mediación y promoción de la convivencia, pero recuerdan que no tienen competencias en materia de seguridad ciudadana.
Aviso antes de las elecciones
La organización sindical enmarca esta denuncia en un contexto de creciente preocupación por este tipo de contrataciones y asegura que pretende lanzar un mensaje a los alcaldes de cara a las próximas elecciones municipales.
"Queremos que esto sirva de aviso. Los alcaldes no pueden prometer cosas que después no son legales ni generar falsas expectativas sobre la seguridad", sostiene Sánchez.
![Pedro Antonio Pizarro, jefe de la Guardia Civil en Cataluña; Mari Carmen García-Calvillo, subdelegada del Gobierno en Barcelona; Carlos Prieto, delegado del Gobierno en Cataluña; Gemma Badia, alcaldesa de Gavà; y Manuel Rodríguez, jefe superior de Policía en Cataluña, durante la 22ª edición del Día de la Seguridad Privada](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/553666.jpg?p=w:320\/h:240&h=q4SX46aB"])
En este sentido, el sindicato recuerda que, cuando el alcalde anunció el pasado otoño un refuerzo de la seguridad en el municipio, esperaba que el Ayuntamiento licitara un servicio de seguridad privada o ampliara los recursos policiales, como hacen otros consistorios.
Sin embargo, asegura que finalmente se optó por incorporar agentes cívicos.
Dos vigilantes de seguridad de la empresa Prosegur ante la Sagrada Familia, en una imagen de archivo
“Presión indebida”
Sánchez Torregrosa advierte, además, de que esta situación puede acabar generando una "presión indebida" sobre los propios trabajadores.
"Si se presenta a los agentes cívicos como un refuerzo de la seguridad, muchos vecinos acabarán exigiéndoles actuaciones para las que ni están habilitados ni han sido contratados", concluye el representante sindical.
