Una denuncia anónima, alertando del incesante trasiego de hombres en una vivienda de Sabadell (Barcelona), acabó destapando una de las mayores redes de trata de seres humanos con fines de explotación sexual desmanteladas en Cataluña en los últimos años.
Aquella ficha llegó a la Policía Nacional durante el verano de 2025. Los investigadores comenzaron a comprobar la información y confirmaron que aquel inmueble funcionaba como un prostíbulo.
Poco después descubrieron que no era un caso aislado, sino la punta del iceberg de una estructura mucho más amplia repartida por distintas localidades catalanas.
En paralelo, los Mossos...
Casi al mismo tiempo, aunque por una vía completamente distinta, los Mossos d'Esquadra identificaban a una joven víctima de trata gracias a la actuación de los profesionales del servicio de urgencias de un hospital de Sabadell.
El personal sanitario detectó indicios compatibles con una posible situación de explotación y activó el protocolo correspondiente.
📍L'entramat actuava en diversos immobles de Sabadell, Vic, Manresa, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Granollers, Terrassa, Girona, Palafrugell i Mataró.
— Mossos (@mossos) June 29, 2026
L'operativa es caracteritzava per la rotació de dones, la publicació d’anuncis sexuals i la gestió coordinada dels pisos. pic.twitter.com/2AyX1D7ipX
El Grupo de Atención a la Víctima (GAV) realizó la primera asistencia y trasladó el caso a la División de Investigación Criminal (DIC), dando origen a una investigación judicial tutelada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Manresa.
23 detenidos, 6 mujeres liberadas
Las pesquisas de ambos cuerpos acabaron confluyendo en octubre de 2025. Mossos d'Esquadra y Policía Nacional constituyeron entonces un equipo conjunto de investigación para desmantelar dos organizaciones criminales que llevaban años explotando sexualmente a mujeres vulnerables.
Así lo explicaron este lunes el subinspector de los Mossos d'Esquadra y jefe del grupo de Trata de Seres Humanos, Luis Moreno, y el inspector Marcos Gómez, jefe del Grupo I de la UCRIF de la Policía Nacional, durante la presentación de la denominada 'operación Andrómeda-Atalaya'.
De izquierda a derecha: el subinspector de los Mossos d'Esquadra y jefe del grupo de Trata de Seres Humanos, Luis Moreno, y el inspector Marcos Gómez, jefe del Grupo I de la UCRIF de la Policía Nacional
Nueve meses después, la investigación ha culminado con la detención de 23 personas —15 mujeres y ocho hombres—, de las que ocho han ingresado en prisión provisional, la liberación de seis víctimas de trata, la identificación de otras 53 mujeres, víctimas de explotación, y que ejercían la prostitución en once casas-prostíbulo distribuidas por toda Cataluña.
El operativo se desarrolló el pasado 17 de junio con 16 entradas y registros en Manresa, Girona, Sant Feliu de Guíxols, Dosrius, Granollers, Pals, Palafrugell, Sitges, Castelldefels, Sabadell, Terrassa, Begur, Palamós y Vic, además de detenciones practicadas en Madrid y Jaén.
Dos clanes, un mismo negocio
La investigación permitió descubrir que detrás de la trama operaban dos organizaciones criminales independientes, pero perfectamente coordinadas.
Por un lado, un clan familiar español que llevaba alrededor de diez años dedicado al negocio de la prostitución y que ya había sido investigado y detenido en 2023 por hechos similares.
Este grupo gestionaba nueve de los prostíbulos investigados, alquilaba las viviendas mediante testaferros para ocultar su identidad, abría cuentas bancarias a nombre de terceros y se encargaba de toda la infraestructura necesaria para poner en funcionamiento cada nuevo inmueble.
Dos investigadores de los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional durante el desarrollo de la 'operación Andrómeda'
El segundo grupo, integrado principalmente por ciudadanos brasileños y asentados en Vic (Barcelona), asumía principalmente las tareas de captación de mujeres en Latinoamérica. Sus integrantes también acumulaban antecedentes policiales relacionados con actividades similares.
Aunque ambos clanes mantenían estructuras diferenciadas, trabajaban como una sola organización. Existía una constante movilidad de mujeres entre los distintos prostíbulos y un reparto de beneficios.
De hecho, según explicaron los responsables policiales, miembros del clan español acudían con frecuencia a los establecimientos gestionados por el grupo brasileño para recoger personalmente la recaudación.
La investigación continúa abierta con una pieza separada destinada a reconstruir todo el entramado económico y el presunto blanqueo de capitales derivado de la explotación sexual.
Más de cien clientes en tres días
Las primeras vigilancias realizadas por los investigadores confirmaron rápidamente la magnitud del negocio.
Durante 72 horas consecutivas de seguimiento, los agentes contabilizaron la entrada de más de un centenar de hombres en uno de los prostíbulos investigados, una cifra que calificaron de "desproporcionada" y que evidenciaba el enorme volumen de actividad que soportaban estos inmuebles.
Imagen de archivo de la Policía Nacional en un prostíbulo de Girona
El secreto estaba en las tarifas.
Las organizaciones habían implantado un modelo de prostitución low cost, con servicios sexuales por apenas 20 euros durante diez minutos, entre 50 y 60 euros por media hora y hasta 120 euros por una hora completa. El objetivo era incrementar al máximo la rotación de clientes y, con ello, los beneficios diarios.
Captadas mediante engaños
Las víctimas eran mujeres jóvenes, en su mayoría latinoamericanas, que atravesaban situaciones de extrema vulnerabilidad económica y social.
En algunos casos ni siquiera sabían que viajarían a España para ejercer la prostitución. Otras aceptaban hacerlo convencidas de que podrían elegir libremente los servicios que prestarían y las condiciones en las que trabajarían. Nada de eso ocurría.
Una vez llegaban a España, las organizaciones les imponían deudas de entre 8.000 y 10.000 euros correspondientes al viaje, el alojamiento y otros gastos. Para devolver ese dinero debían prostituirse prácticamente sin descanso.
Las mujeres permanecían controladas las 24 horas del día, solo podían abandonar las viviendas entre una y dos horas diarias y debían estar permanentemente disponibles para atender clientes. La mayor parte del dinero obtenido iba destinado directamente al pago de esa deuda.
Varias trabajadoras sexuales durante una inspección de Policía Nacional en un burdel de Barcelona
Amenazadas y controladas 24/7
Dentro de las casas-prostíbulo existían además las denominadas "controladoras" o "mamis", encargadas de supervisar continuamente a las mujeres y garantizar que cumplieran las normas impuestas por la organización.
Como destacaron Moreno y Gómez, el elemento común en prácticamente todas las víctimas era su enorme vulnerabilidad emocional y económica.
Muchas permanecían sometidas a las amenazas de represalias contra sus familiares en sus países de origen si intentaban escapar o denunciar a la organización.
Una auténtica franquicia de prostíbulos
La investigación también permitió constatar el sofisticado funcionamiento de la red.
Las viviendas eran alquiladas por el clan español utilizando testaferros, sin ningún tipo de licencia administrativa y procurando mantener el máximo anonimato. Muchas estaban situadas en casas aisladas, lejos de grandes núcleos urbanos.
Una vez conseguían el inmueble, la organización se encargaba de todo: lo acondicionaba, instalaba el mobiliario necesario, trasladaba a las mujeres e iniciaba inmediatamente la actividad mediante anuncios publicados en redes sociales y páginas especializadas de contactos.
Algunos pantallazos de ofertas laborales y los perfiles sociales de una red de captación, en una investigación anterior
Precisamente, el operativo permitió detener también a varios de los presuntos captadores encargados de reclutar mujeres mediante falsas ofertas laborales difundidas por internet.
Seis víctimas liberadas
La investigación permitió liberar a seis víctimas de trata.
La primera fue la joven cuya detección en un hospital de Sabadell dio origen a las pesquisas. Otras dos fueron rescatadas durante el desarrollo de la investigación y las tres restantes aparecieron durante la explotación final del operativo.
En total, los agentes identificaron a otras 53 mujeres, víctimas de explotación, ejerciendo la prostitución en los inmuebles investigados.
Como subrayaron los responsables policiales, no todas eran víctimas de trata: sus declaraciones permitieron distinguir entre mujeres captadas mediante engaño o coacción y las víctimas de explotación sexual por las condiciones a las que estaban sometidas.
De izquierda a derecha: el subinspector de los Mossos d'Esquadra y jefe del grupo de Trata de Seres Humanos, Luis Moreno, y el inspector Marcos Gómez, jefe del Grupo I de la UCRIF de la Policía Nacional
Clausura cautelar de cinco casas
Durante el dispositivo también fueron intervenidos más de 200.000 euros en efectivo, sustancias estupefacientes, abundante documentación relacionada con la organización y tres vehículos de alta gama.
Además, la autoridad judicial acordó la clausura cautelar de cinco de las casas-prostíbulo, donde habían sido explotadas las seis víctimas identificadas.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Mientras tanto, las seis mujeres liberadas permanecen bajo la tutela de instituciones y entidades especializadas en la asistencia a víctimas de trata.
Ahora podrán optar por regresar de forma segura a sus países de origen o iniciar un proceso de regularización en España que les permita obtener autorización de residencia y trabajo, lejos ya de la organización que las captó mediante falsas promesas y las convirtió en mercancía.