El 'caso Cellex' suma un nuevo capítulo. Los tres albaceas del difunto Pere Mir, investigados por la presunta descapitalización de las fundaciones del mecenas, se han querellado por presuntas injurias contra Ángel Surroca, el empresario que los denunció; que ya ha sido citado a declarar como imputado.
En un auto, el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona acuerda admitir a trámite la querella, ante los indicios de delitos de injurias y calumnias en un artículo que Surroca publicó en julio de 2025 en La Vanguardia, y en el que se acusaba a los tres albaceas de haber engañado al empresario Pere Mir para hacerse con el control de su fortuna.
Surroca habló de coacciones
En la querella, adelantada por El País, los albaceas acusan a Surroca de haber vertido "manifestaciones contrarias" a su "honor" en el citado artículo, que apuntaba a supuestas coacciones al empresario para que cediera el control de su fortuna.
En concreto, Surroca afirmaba en la publicación que los tres albaceas de Pere Mir lo encerraron en su despacho, a sus 97 años, le prepararon una "reunión trampa" y, "a punta de bisturí", le hicieron modificar el testamento para nombrarlos a ellos administradores de su patrimonio.
El empresario y mecenas Pere Mir
Asimismo, la querella acusa a Surroca de plantear una "gravísima imputación" a los albaceas de Mir, al acusarles de haberle "coaccionado con amenazas para modificar su testamento", lo que en su opinión va más allá de la investigación de que están siendo objeto, que se centra en la gestión económica de la herencia del empresario fallecido.
El juez ha citado a declarar a Surroca para el próximo mes de septiembre, en calidad de querellado, y como testigo al que fue el cuidador de Pere Mir durante esos años, ya que el artículo lo cita como fuente de las supuestas coacciones al empresario por parte de sus albaceas.
Perjuicio de 6,2 millones
Previamente, Surroca, que fue mano derecha del empresario y mecenas en su etapa en Derivados Forestales, denunció a Josep Tabernero, jefe de Oncología del Hospital Vall d'Hebron, Jordi Segarra y Francisco Capellas por el presunto desvío de fondos de las fundaciones privadas Cellex y Mir Puig, herederas del patrimonio del filántropo.
Su demanda provocó la apertura de una investigación judicial y, tras las primeras actuaciones, la instrucción pudo estimar el perjuicio económico provisional en 6,2 millones de euros.
Una cuantía que los investigadores atribuyen a operaciones ajenas a los fines fundacionales y que se analizan bajo la sospecha de delitos de administración desleal y apropiación indebida.
El jefe de Oncología del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Josep Tabernero, tras comparecer ante la titular del juzgado de instrucción número 12 de Barcelona
Transferencias, joyas y donaciones sospechosas
La causa, que instruye el Juzgado número 12 de Barcelona, pone el foco en diversas operaciones patrimoniales e inmobiliarias realizadas tras la muerte de Mir, cuando el control del patrimonio quedó en manos de sus albaceas.
Entre las transacciones sospechosas figuran transferencias a cuentas personales, incrementos salariales injustificados, donaciones de joyas, concesión de pensiones vitalicias y la cesión de una lujosa vivienda en Baqueira-Beret a uno de los albaceas.