El Ayuntamiento de Roses ha decidido poner punto final a uno de los litigios urbanísticos más largos de la Costa Brava gerundense.
El consistorio acatará la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y pagará 2.549.519 euros a la empresa Marina Bahía de Roses, S.L. por la expropiación forzosa de una parcela de 4.900 metros cuadrados.
El terreno, ubicado en la zona de Santa Margarita —justo frente al bloque de apartamentos conocido como el de "los 600"—, llevaba calificado como equipamiento público desde 1993, pero la inacción municipal durante décadas lo acabó transformando en un desguace acuático y un foco de insalubridad.
Vista de la Illa de Roses y el apartamento de los 600, en Roses (Girona)
El pleno aprueba el pago
El ayuntamiento ha confirmado a Crónica Global que el gobierno local descarta recurrir al Supremo y asumirá el pago: "No hacemos recursos, no hacemos nada, lo acatamos y pagamos".
De hecho, la maquinaria burocrática ya se ha puesto en marcha. En el pleno municipal celebrado este mismo lunes, la corporación aprobó por mayoría una modificación de crédito específica para disponer de la partida presupuestaria necesaria.
"Asumimos el pago y expropiamos tal y como había pedido el propietario; liquidaremos la cantidad en el momento en que administrativamente esté todo preparado", han señalado desde el consistorio.
Alivio para las arcas municipales
El litigio, heredado de la anterior legislatura de coalición entre ERC y Junts (2019-2023), amenazaba con abrir un agujero mucho mayor en las arcas públicas. La propiedad llegó a reclamar en su primera tasación cifras superiores a los 6,7 millones de euros solo por el suelo, según apuntan desde la administración gerundense.
Finalmente, el TSJC ha fijado el justiprecio en 2,5 millones, una cantidad que el ayuntamiento actual, liderado por el alcalde Josep Maria Martínez (PSC), considera "el precio justo" porque se alinea casi al milímetro con las tasaciones a la baja que habían elaborado sus propios técnicos.
Sumando los intereses de demora devengados a favor del expropiado —que la justicia ordenó empezar a sumar transcurridos seis meses desde la resolución del jurado en enero de 2021—, la factura final rondará los tres millones de euros.
Desguace submarino documentado
La resolución del TSJC, más allá de fijar el precio de la discordia, saca a la luz el mal estado de estas instalaciones náuticas, situadas entre las calles Cap Llevant y Cap Ponent.
Para evitar la "expropiación por ministerio de la ley" —una figura legal que permite al dueño forzar la compra si la Administración incumple sistemáticamente los plazos de desarrollo urbanístico—, el consistorio intentó una defensa audaz en los tribunales. Esta batalla legal se inició formalmente en 2021, en la legislatura pasada.
Vista del Ayuntamiento de Roses (Girona).
El ayuntamiento argumentó entonces que la expropiación no procedía porque allí seguían existiendo estructuras "susceptibles de ser aprovechadas" como aparcamiento náutico y que, por tanto, el propietario aún podía obtener un rendimiento económico de ellas.
La justicia ha tumbado ese argumento de plano, apoyándose en años de informes periciales.
Las pruebas aportadas al proceso describen una postal de ruina absoluta. Ya en el verano de 2006, una inspección certificó que, de 19 embarcaciones fondeadas en ese tramo del canal, 13 estaban completamente hundidas en el fondo y las seis restantes presentaban daños irreparables tras acumular más de una década sin navegar.
Al borde del colapso
El abandono crónico no hizo más que agravarse con el paso de los años. En 2019, otro informe técnico constató que los muros de contención y los pantalanes estaban "al borde del colapso".
Las anillas de amarre se encontraban corroídas por la oxidación, faltaban pilonas de soporte y la zona carecía por completo de infraestructuras básicas como agua corriente, electricidad o saneamiento.
El riesgo era tan palmario que la Dirección General de Transportes de la Generalitat ya había exigido en 2013 balizar el recinto y prohibir urgentemente el acceso tanto desde tierra como desde el agua por el evidente peligro para las personas.
A la vista de la contundencia de la sentencia, el ayuntamiento reconoce ahora el estado ruinoso descrito por el juez: "Lo aceptamos, sí, es así".
La barrera de Costas
El TSJC recuerda que la parcela se encuentra en situación de "fuera de ordenación", lo que prohíbe tajantemente autorizar obras de consolidación, mejora o nuevas licencias de actividad.
Por si fuera poco, cualquier intento teórico de reactivar el puerto chocaría con una barrera administrativa insalvable: las obras necesarias invadirían de lleno el dominio público marítimo-terrestre, una zona que el Ministerio para la Transición Ecológica blindó y excluyó de la propiedad privada en su deslinde aprobado a principios de 2021.