Exterior de la comisaría de la Guardia Urbana de Badalona
A juicio un guardia urbano de Badalona por liderar una trama de contratos falsos a inmigrantes
El acusado cobraba entre 3.000 y 5.000 euros a extranjeros en situación irregular a cambio de ofrecerles documentación laboral en una empresa
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Hasta ocho víctimas han sido presuntamente estafadas por un agente de la Guàrdia Urbana de Badalona en una trama que ha tardado más de una década en llegar a los tribunales.
El acusado está señalado como el cerebro y líder de una supuesta red organizada encargada de captar inmigrantes en situación irregular para ofrecerles contratos laborales falsos a cambio de importantes sumas de dinero.
Juzgados esta semana
El sospechoso de ser cabecilla de la operación comparecerá esta semana ante la justicia junto a su expareja sentimental, M.A.C.M --quien ejercía como administradora única de las sociedades--, y otros dos administradores implicados.
El juicio se celebra a partir de mañana martes en la Audiencia Provincial de Barcelona.
Sede de la Audiencia Provincial de Barcelona EUROPA PRESS
Aunque la investigación judicial se formalizó en 2015, los hechos se remontan a los años 2013 y 2014.
El proceso llega finalmente a la fase de juicio oral 11 años después de su inicio, un caso paradigmático de justicia lenta.
Abuso de autoridad
La organización seleccionaba meticulosamente a sus víctimas: extranjeros en situación vulnerable que, además de carecer de papeles, tenían severas dificultades con el castellano.
Para dar veracidad al engaño, la Fiscalía sostiene que el agente utilizaba su uniforme oficial de la Guàrdia Urbana de Badalona en las reuniones. La presencia de la autoridad policial servía para persuadir a los afectados de que estaban ante un proceso administrativo legal y seguro.
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Estructura empresarial
La red operaba a través de dos sociedades: Asesoramiento Integral Tincasa SL, con sede en Barcelona, y Edificalia Gestión y Mantenimiento Global de Edificios SL, inscrita en Zaragoza.
A través de ellas, ofrecían contratos de trabajo simulados con el único fin de presentarlos ante la Oficina de Extranjería para tramitar permisos de residencia por arraigo, sin que existiera intención alguna de dar empleo real.
Cobros a las víctimas
A cambio de estos documentos, el grupo exigía pagos de entre 3.000 y 5.000 euros. El escrito del fiscal detalla casos sangrantes, como el de una víctima que abonó 5.000 euros fraccionados o menores cuantías de "reserva" de 300 euros.
Con las ocho víctimas personadas, se estima que la trama recaudó, como mínimo, 22.000 euros.
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Cheques de cuentas canceladas
Cuando algunas víctimas sospecharon del fraude y exigieron la devolución de sus ahorros, el agente recurrió a una segunda maniobra de distracción.
Les entregó pagarés y cheques para aparentar que les devolvía el dinero. Sin embargo, los documentos carecían de valor: los pagarés no tenían fondos y los cheques pertenecían a una tercera empresa, Reformas Soumont SL, cuya cuenta bancaria había sido cancelada ya en el año 2011.
Delitos y penas solicitadas
La Fiscalía califica los hechos como delitos continuados de falsedad en documento privado y estafa. Debido a su posición de liderazgo y su condición de funcionario, el Ministerio Público solicita para el agente cinco años de prisión, inhabilitación especial y una multa diaria de 12 meses con un valor de 10 euros.
Para sus tres colaboradores, la petición de pena es de dos años y seis meses de cárcel, así como también se propone la mencionada sanción económica diaria.
Además, se solicita que el agente indemnice directamente a las ocho víctimas identificadas con 3.000 euros para cada una para resarcir parte del daño económico causado hace más de una década.
