En la primavera de 1981 fueron intoxicados unos 50.000 españoles, aunque oficialmente sólo han sido reconocidos 20.199.
Cuatro décadas y media después los números siguen estremeciendo: resisten vivos unos 9.000, olvidados y abandonados por las administraciones públicas.
1 de mayo de 1981
Son las víctimas (tras el primer fallecido el 1 de mayo, Jaime Vaquero) del llamado síndrome tóxico.
O de la colza, nombre coloquial de la enfermedad atribuida judicialmente a la ingesta de este aceite industrial desnaturalizado con anilina al 2% y vendido fraudulentamente.
Secuelas de por vida
Los supervivientes de la mayor intoxicación de la historia de España arrastran secuelas de por vida: problemas respiratorios, neurológicos, musculares, daños en las articulaciones, pulmonares, estomacales, hepáticos, cutáneos, estrés postraumático, fatiga crónica…
El más joven tiene 50 años. La enfermedad ha marcado sus vidas durante décadas. También dejó una huella social profunda.
"Nadie pensaba que podía matar"
En barrios enteros el recuerdo sigue ligado a nombres y apellidos, historias truncadas y una desconfianza que tardó décadas en disiparse.
"Se compraba una garrafa de aceite, muy barata, entre varios vecinos. Nadie pensaba que podía matar", recordaba años después una afectada.
Muerte en soledad
“En lugar de víctimas parece que somos los responsables. Muchos afectados están muriendo en la más absoluta soledad, ante la indiferencia institucional”, expresa la coordinadora de Seguimos Viviendo, Carmen Cortés, la plataforma que les aglutina con sede en el humilde barrio de Vallecas.
Garrafas de aceite de colza sospechosas de estar contaminadas / EFE
Carmen enfermó cuando era una adolescente, como la mayor parte de supervivientes que cada día que pasa sufren un repunte de sus dolencias.
“Nos afectó en b crecimiento. Pero nadie está investigando esa evolución”, lamenta.
Una “enfermedad rara”
Aseguran que ninguna autoridad les ha escuchado de verdad. “Quieren que seamos invisibles”, recriminan.
Han sido incluidos dentro del apartado de las llamadas “enfermedades raras” por el Instituto de Salud Carlos III.
Ayuda carente
Hoy reciben el trato frío y burocrático del INSS. Llevan más de dos años sin seguimiento sanitario con el silencio de la máxima responsable, la ministra Mónica García.
Campos de colza en Navarra / TURISMO DE OBSERVACION
“Estamos en absoluto desamparo”, subrayan.
Esperando a Letizia
Los afectados recuerdan una reunión en 2022 con el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, a quien pidieron en vano que hijos y familiares también sean considerados víctimas. “Han sido los muertos más baratos del Estado”, acusan.
Siguen esperando la visita de algún alto cargo y la prometida por la reina Letizia o alguien de la Casa Real, donde llevan años solicitando audiencia infructuosamente.
Zona de juegos junto al monolito
También están dolidos por la proyectada instalación municipal, que tachan de “profanación”, de una zona infantil de juegos en Vallecas junto al monolito conmemorativo de la tragedia.
Obras al lado del monolito conmemorativo
Han solicitado un memorial en la emblemática Plaza de España.
Democracia frágil
La primavera de 1981 no fue solo una crisis sanitaria motivada por los circuitos de venta ilegales y sin control público. España era una democracia muy frágil sacudida semanas antes por el intento de golpe de Estado del 23F.
A la inestabilidad política se sumaba una situación económica muy delicada: inflación elevada, paro disparado y pérdida de poder adquisitivo en amplias capas sociales.
Sin modelo territorial
El modelo territorial también estaba en pañales. La Constitución Española de 1978 había sentado las bases del Estado autonómico, pero su despliegue era todavía incipiente.
Ese contexto explicaría en parte la rápida penetración del producto adulterado en una sociedad más vulnerable, con menos recursos, y capacidad de información y protección.
Garrafas de aceite de colza sospechosas de estar contaminadas / EFE
Pobres y del centro
La mayoría de afectados pertenecían un grupo social de escasos recursos económicos. La Comunidad de Madrid concentra casi la mitad.
El resto pertenecen a Castilla y León, Comunidad Valenciana, Cantabria, Galicia, Aragón, La Rioja, Andalucía….
A penas hubo casos en Cataluña
Siempre ha llamado la atención la discriminación intrafamiliar, es decir, que el aceite nunca afectara a una familia completa.
Y que prácticamente no se registraran casos en Cataluña, desde donde operaban los aceiteros implicados y se habían comercializado unos 300.000 litros.
Singularidad catalana
En el macrojuicio de Campamento, que condenó a trece empresarios al máximo de veinte años de cárcel por delitos contra la salud pública e imprudencia (no por homicidio), un defensor planteó si las partidas destinadas a Castilla eran tóxicas y las de Cataluña inocuas.
“¿O se debe a una distinta composición genética o reacción sensible de catalanes y castellanos?”, inquirió.
El letrado apuntaba a la controvertida tesis de si el causante fue una partida de tomates de Almería tratados con productos químicos y recolectados prematuramente.
Predisposición genética
El Instituto de Investigaciones Biomédica de Barcelona-CSIC-IDIBAPS apuntaló en 2004 la tesis oficial: aunque miles de personas tomaron el aceite de colza que causó la epidemia, sólo enfermaron las que tenían una predisposición genética determinada para padecer este síndrome.
Parece que en Cataluña, extraña y afortunadamente, no la tenían.