Tomàs Josep Salàs, director de Antifraude, sobre el auge de denuncias: "En Cataluña hay más trampas para el corrupto"

La corrupción no desaparece, pero sí puede ponerse contra las cuerdas. Ese es el punto de partida —y también el desafío— de la Oficina Antifraude de Cataluña, que afronta una nueva etapa con más denuncias que nunca y una creciente conciencia social contra las malas prácticas.

Al frente está, desde este 2026, Josep Tomàs Salàs Darrocha, magistrado de carrera y recién llegado a la dirección del organismo. Ha sido titular del Juzgado Penal número 22 de Barcelona y ha pasado también por Manresa, Vic y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), donde ejerció como letrado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) adscrito a la Presidencia.

Desde esta posición, defiende una institución “rabiosamente independiente” que ya tramita más de 2.000 denuncias al año y que se enfrenta ahora a retos clave: proteger mejor a los alertadores, incorporar inteligencia artificial y consolidar un modelo que haga cada vez más difícil “salirse con la suya”.

En esta entrevista con Crónica Global, traza un diagnóstico claro: hoy hay más control, más exigencia, aunque también existe el miedo a denunciar.

Josep Tomàs Salàs Darrocha. director de la Oficina Antifraude de Cataluña Simón Sánchez

Para empezar por lo básico: ¿qué es exactamente la Oficina Antifraude de Cataluña y qué hace en su día a día?

La Oficina Antifraude ha ido evolucionando desde su origen, al ritmo de las distintas leyes que se han ido aprobando. Hoy la podríamos definir como una agencia integral de lucha contra la corrupción.

Esto incluye la prevención, la investigación, la puesta a disposición de un canal externo para que ciudadanos y servidores públicos puedan denunciar hechos que conozcan, la supervisión de los canales internos que la ley obliga a tener a administraciones y a buena parte del sector privado, la protección de las personas alertadoras que lo soliciten y, en su caso, el ejercicio de potestades sancionadoras.

La Oficina ha estado siempre dirigida por perfiles del ámbito jurídico. ¿Hasta qué punto eso garantiza su independencia?

Probablemente esta pregunta deberían responderla quienes han hecho los nombramientos, es decir, los presidentes de la Generalitat y los grupos parlamentarios.

Desde mi perspectiva, se trata de buscar un perfil independiente, como el que pueden aportar miembros de la carrera judicial o fiscal.

Pero más allá del perfil, la independencia se garantiza ejerciéndola. Siendo rigurosos y, diría, rabiosamente independientes. Eso tiene dos direcciones: por un lado, no permitir interferencias —y debo decir que no tengo constancia de que se hayan producido— y, por otro, ser absolutamente respetuosos con la actividad y las decisiones del Parlament y del Govern.

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Si existe una oficina antifraude es porque asumimos que la corrupción existe. ¿Qué diagnóstico hace de Cataluña en los últimos años? ¿Somos una sociedad corrupta?

La corrupción existe desde hace siglos. Ya en tiempos del rey Hammurabi, hace más de 4.000 años, se legislaba contra funcionarios corruptos. Por tanto, no es un fenómeno nuevo.

Lo que sí ha cambiado es el contexto social. Yo diría que en Cataluña hemos avanzado mucho, especialmente en el nivel de exigencia y en la menor tolerancia hacia la corrupción.

Si comparamos la sociedad actual con la de hace 15, 30 o 50 años, la exigencia es mucho mayor y la concienciación también. Y eso se traduce en algo muy claro: el incremento de denuncias que recibe la Oficina, que está directamente vinculado a una mayor confianza por parte de la ciudadanía y, en especial, de los servidores públicos.

¿Dónde están hoy los principales riesgos?

Nosotros manejamos lo que podríamos llamar un “menú estándar”. Indiscutiblemente, la contratación pública es uno de los principales ámbitos de riesgo. También lo es la función pública y, en general, los conflictos de intereses.

¿La percepción de corrupción está alineada con la corrupción real?

El problema es que no tenemos cifras objetivas, porque la corrupción, por definición, es una actividad secreta. El silencio y la ocultación forman parte de su propia estructura.

Por eso trabajamos con percepciones, y esas percepciones están muy condicionadas por la repulsa social. Incluso aunque se castigara a todos los corruptos, devolvieran el dinero y se repararan los daños, seguiría existiendo un daño reputacional que es prácticamente irreparable.

Además, hay otro factor: los tiempos. Los casos de corrupción tienen tramitaciones muy largas. A menudo se juzgan hechos de hace 10, 15 o 20 años. Eso hace que siempre haya casos en la agenda pública, lo que impide que haya periodos sin noticias de corrupción que permitan ajustar mejor esa percepción.

Josep Tomàs Salàs Darrocha, director de la OAC Simón Sánchez

¿De qué volumen de denuncias estamos hablando actualmente?

En 2025 recibimos unas 2.100 denuncias. Para ponerlo en contexto, en 2016 fueron unas 150. Es decir, el crecimiento ha sido muy significativo.

Y la previsión para este año es de entre 2.300 y 2.400 denuncias, lo que supone un incremento de más del 10%.

¿Tiene la Oficina capacidad para asumir este aumento?

Hasta ahora lo hemos resuelto incrementando la plantilla. Pero probablemente estamos llegando a nuestro límite humano y organizativo.

Por eso estamos impulsando un cambio importante en las herramientas, especialmente en el ámbito documental y tecnológico. Hemos licitado un sistema que incorpora inteligencia artificial para ayudarnos a gestionar mejor las denuncias y reducir la carga manual.

De lo contrario, necesitaríamos crecer mucho más en personal, lo que sería difícilmente sostenible.

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¿Qué recorrido sigue una denuncia dentro de la Oficina?

Las denuncias son muy diversas, pero podemos agruparlas en cuatro tipos: anónimas, anonimizadas —en las que conocemos al denunciante pero no se hace pública su identidad—, identificadas y aquellas en las que la persona solicita ser considerada alertadora protegida.

Las denuncias identificadas suelen ser más completas y con mayor documentación. Las anónimas requieren más trabajo de investigación.

A partir de ahí, solicitamos documentación a administraciones o particulares, analizamos contratos, expedientes o procesos, y también podemos realizar entrevistas.

En los casos más graves, si apreciamos indicios de delito, trasladamos el asunto a la Fiscalía. Si no hay delito pero sí irregularidades, emitimos un informe razonado a la administración afectada para que corrija la situación en un plazo determinado y nos informe de las medidas adoptadas.

Si no actúa, eso queda reflejado en la memoria anual.

Hablemos de los alertadores. ¿Está suficientemente protegida esta figura?

No. La protección es insuficiente.

Depende de varios factores: la ley estatal, la actuación de la propia Oficina, las circunstancias personales del alertador y la respuesta de la institución afectada. Y en muchos casos esa suma es claramente mejorable.

¿Habrá una ley catalana?

Se está trabajando en ello. Tengo el compromiso del presidente de la Generalitat de que se presentará un proyecto de ley en esta legislatura. Después veremos cómo evoluciona, pero es imprescindible.

Imagen de archivo del exterior de la sede de la Oficina Antifraude de Cataluña Europa Press

¿Sigue habiendo miedo a denunciar?

Sí. Y a veces no es por desconocimiento, sino precisamente por conocimiento. Hay personas que se informan y deciden no dar el paso.

Por eso nosotros ofrecemos una figura previa, podríamos llamarla de "prealertador", para que la persona se informe antes de decidir.

La situación presupuestaria actual, con las cuentas aún pendientes de aprobación, ¿preocupa a la Oficina Antifraude?

Sí, preocupa. El aumento de denuncias nos ha obligado a incrementar personal y recursos con el presupuesto actual, que no ha crecido al mismo ritmo.

Es cierto que hemos podido tirar de algunos remanentes de años anteriores y eso nos permite, por ahora, cubrir las necesidades. Pero si la situación se prolonga y seguimos sin nuevos presupuestos, podríamos tener que prescindir de algunos refuerzos.

Eso implicaría una ralentización de la actividad de la Oficina.

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Es decir, más trabajo con los mismos recursos.

Exacto. Estamos hablando de un incremento de más del 10% en el número de denuncias con una estructura prácticamente igual.

Es una situación que no es exclusiva de nuestra institución; ocurre en muchas administraciones: las plantillas no siempre están dimensionadas para la demanda real.

Nosotros intentamos adaptarnos con ajustes internos, reorganizando recursos y funciones —un poco como un Tetris constante—, pero llega un punto en el que es complicado seguir absorbiendo más carga sin afectar al ritmo de trabajo.

¿Cuáles son los grandes retos de su mandato?

El principal es consolidar la institución. Las organizaciones necesitan tiempo para asentarse.

También queremos incorporar herramientas como la inteligencia artificial para ser más eficaces, mejorar la protección de los alertadores y avanzar en un objetivo que me parece clave: introducir la cultura de la integridad en el sistema educativo, desde bachillerato hasta la universidad.

Josep Tomàs Salàs Darrocha, director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) Simón Sánchez

¿Se puede erradicar la corrupción?

Erradicarla completamente es muy difícil, porque es un fenómeno multidisciplinar: intervienen factores jurídicos, económicos, psicológicos y sociales.

Pero sí se puede contener. Y ahí son clave dos elementos: la prevención y la disuasión. Lo que realmente frena la corrupción es la probabilidad de ser descubierto.

¿Hoy es más difícil cometer corrupción sin ser descubierto?

Sí. Hoy hay más controles, más transparencia, más procedimientos y más instituciones vigilando. Eso hace que sea más difícil “salirse con la suya” que hace 10 o 20 años.

¿Cataluña es especialmente exigente en este sentido?

Probablemente sí. Hay una sociedad civil muy implicada y múltiples instituciones de control: la Oficina Antifraude, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Cuentas, además de jueces, fiscales y cuerpos policiales.

Todo ello configura un entorno en el que la corrupción tiene cada vez más obstáculos.