Entrada de la Audiencia de Barcelona, en una imagen de archivo
El entrenador del Centre Catòlic de L'Hospitalet, a juicio: 43 años por violar a jugadoras menores
El exentrenador se ha sentado en el banquillo este martes acusado de cuatro agresiones sexuales a tres adolescentes de 14 y 15 años en 2018
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La Audiencia Provincial de Barcelona ha juzgado este martes, 10 de marzo, a un exentrenador de baloncesto de L'Hospitalet de Llobregat por una serie de agresiones sexuales cometidas contra tres de sus jugadoras.
Los hechos, que se remontan al año 2018, ocurrieron cuando el acusado tenía 20 años y era el responsable del equipo femenino infantil del Centre Catòlic.
La Fiscalía solicita para él una pena global de 43 años y seis meses de prisión al considerar que se prevalió de su posición de superioridad y de la relación de confianza con las víctimas, que tenían 14 y 15 años.
El episodio de Comarruga
El escrito de acusación detalla tres escenarios distintos, siendo el más grave el ocurrido durante la Semana Santa de 2018, en el transcurso de un torneo de baloncesto en Comarruga.
Según el Ministerio Público, el procesado citó en su habitación de hotel a una jugadora de 14 años y, tras instigarla a consumir alcohol hasta alcanzar un estado de semiinconsciencia, la penetró vaginalmente y le practicó sexo oral.
A la mañana siguiente, le exigió que no revelara lo sucedido a nadie mientras la menor todavía presentaba dificultades para caminar.
Citas por WhatsApp
Posteriormente, en junio de 2018, el acusado presuntamente mantuvo conversaciones por WhatsApp con otra menor de 14 años hasta convencerla para que acudiera a su domicilio en L'Hospitalet.
En esa visita, según la calificación fiscal, se produjeron actos de masturbación, sexo oral recíproco y una penetración vaginal.
El último de los episodios denunciados tuvo lugar en julio de 2018 con una tercera víctima, de 15 años, que acudió a la vivienda del entrenador en dos ocasiones, repitiéndose, siempre según la Fiscalía, en ambas el mismo patrón de agresión sexual.
El fin del silencio
El caso no estalló hasta enero de 2021, cuando los Mossos d’Esquadra detuvieron al exentrenador tras una denuncia inicial por un intento de abuso no consumado.
Una agente de los Mossos d'Esquadra Europa Press
Al tirar del hilo, los investigadores conectaron al sospechoso con las denuncias de las otras dos menores, cuyas familias decidieron finalmente dar el paso y judicializar el episodio vivido tres años antes.
El Centre Catòlic de L’Hospitalet, por su parte, expulsó al técnico de forma fulminante tras conocer los hechos.
Desglose de las penas
La Fiscalía desglosa la condena solicitada en función de la gravedad de cada delito, sumando un total de 43 años y medio de cárcel.
Para el caso ocurrido en Comarruga, pide 12 años de prisión. Por la agresión de junio, solicita 10 años y seis meses.
Finalmente, por los dos delitos cometidos en julio contra la tercera menor, reclama otros 10 años y seis meses por cada uno de ellos.
Inhabilitación y libertad vigilada
Más allá de la reclusión, el Ministerio Público exige que se le impongan 10 años de libertad vigilada tras la salida de prisión y la inhabilitación especial para cualquier profesión o actividad que implique contacto directo con menores durante un periodo de 12 años superior a la duración de la pena de cárcel impuesta.
Asimismo, solicita la prohibición de comunicación y aproximación a menos de 1.000 metros de las víctimas por periodos de entre seis y diez años adicionales a la condena principal.
Responsabilidad civil
En el apartado de la responsabilidad civil, la acusación reclama indemnizaciones por daños morales que suman 24.000 euros.
El Centre Catòlic de L’Hospitalet figura como responsable civil subsidiario, mientras que la entidad UMAS consta como responsable civil directo en calidad de aseguradora de la entidad deportiva.
Imagen de archivo del exterior de la Audiencia Provincial de Barcelona
Protección a las víctimas
El juicio, que se ha celebrado en la Sección 22ª, contará con medidas específicas para proteger la integridad de las denunciantes.
Se solicitó evitar la confrontación visual directa con el acusado durante las sesiones y que una de las menores comparezca acompañada de su representante legal.
Las defensas y la propia Fiscalía han podido también ratificar los informes periciales y forenses que forman parte de las diligencias instruidas desde que el caso fue denunciado.
