Javier Rodríguez, el oftalmólogo que desafía el plan estrella de gafas infantiles de Sánchez

En el pulso abierto por el Plan Veo —la ayuda pública para financiar gafas infantiles— hay una voz que ha decidido llevar la batalla hasta los tribunales. Se llama Javier Rodríguez, es oftalmólogo y preside la Asociación Profesional de Oftalmólogos de España (APOE).

Algunos en el sector lo consideran un agitador; otros, el portavoz incómodo que ha decidido enfrentarse a un acuerdo que, a su juicio, confunde comercio con medicina.

Su trayectoria

Rodríguez, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de La Laguna, se especializó en Oftalmología, completó su MIR en el Hospital Universitario de Canarias y actualmente ejerce como Director Médico de la Clínica Nivaria.

Su experiencia le ha llevado a resumir su enfoque con una frase que repite casi como un mantra: “Diagnosticar y tratar es un acto médico”, una máxima que, según él, se ve comprometida por el plan impulsado por el Ministerio de Sanidad, que rompe precisamente esa frontera entre diagnóstico y tratamiento.

Plan Veo

El Plan Veo ofrece una ayuda anual de 100 euros para que los menores de 16 años puedan adquirir gafas o lentes de contacto. La medida, diseñada para aliviar el coste a las familias, se tramita directamente en ópticas adheridas al programa.

Sin embargo, para los oftalmólogos agrupados en la APOE ese diseño contiene un problema de base: permite que la valoración visual de los niños se realice sin la intervención de un médico.

Esa es la razón por la que la asociación ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. Su objetivo es que se anulen los apartados del plan que, según sostienen, habilitan de facto a los ópticos-optometristas a graduar a menores sin supervisión médica.

Competencia para los médicos

Rodríguez lleva años inmerso en esta batalla. El núcleo de su argumento se apoya en la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), que reserva el diagnóstico y el tratamiento a los licenciados en Medicina.

Según su lectura, esa norma delimita con claridad las funciones de cada profesión sanitaria. Los ópticos pueden vender y adaptar gafas o lentes de contacto, pero no diagnosticar patologías oculares. “Eso corresponde a los oftalmólogos, que somos médicos especialistas”, insiste.

"No son médicos"

El presidente de la APOE considera que la situación actual responde a una tendencia que, en su opinión, se arrastra desde hace años. La expansión de competencias de distintas profesiones sanitarias más allá de sus atribuciones legales.

En el caso de las ópticas, denuncia una confusión que —según dice— puede inducir a error al paciente. “En muchas tiendas te atienden con bata y te dicen si tu ojo está sano o no. Eso genera la sensación de que te está viendo un médico, y no es así”, afirma.

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Diagnóstico en menores

Para la APOE, el problema se agrava cuando se trata de menores. La asociación advierte de que una mala visión infantil no siempre se corrige simplemente con gafas. Puede ser el síntoma de patologías más complejas que requieren diagnóstico médico, desde cataratas congénitas hasta ambliopías o tumores oculares.

Además, Rodríguez sostiene que la graduación visual en niños exige técnicas que no siempre se aplican en entornos comerciales. Una de ellas es el uso de colirios que dilatan la pupila para evitar que el ojo “engañe” en la medición de la graduación. “Sin esa prueba, la graduación puede ser incorrecta”, asegura.

Conflicto de interés

El conflicto también tiene una dimensión económica. El presidente de la APOE denuncia un posible conflicto de interés: quienes determinan la necesidad de gafas son los mismos establecimientos que las venden.

“Quien prescribe no debería vender, y viceversa”, argumenta, citando el principio recogido en la legislación farmacéutica.

Los ópticos se defienden

Desde el sector óptico, sin embargo, la interpretación es muy distinta. Los optometristas defienden que su formación universitaria —un grado de cuatro años— les capacita para detectar anomalías visuales y realizar graduaciones, una práctica habitual en muchos países. Además, subrayan que las ópticas están reguladas y sometidas a supervisión sanitaria.

Apoyo institucional

En este contexto, Rodríguez se ha convertido en el rostro visible de una ofensiva que también ha buscado apoyos institucionales. La APOE ha solicitado el respaldo de la Organización Médica Colegial y de la Sociedad Española de Oftalmología, que han manifestado su apoyo a las acciones legales emprendidas.

Para el oftalmólogo, el conflicto trasciende el Plan Veo. Lo que está en juego, sostiene, es la frontera entre el acto médico y la actividad comercial. “La salud visual no puede quedar al arbitrio de criterios de mercado”, afirma.

Reformular el Plan Veo

Al mismo tiempo, Rodríguez insiste en que la asociación no se opone a las ayudas públicas para las familias. Su propuesta es otra: que el acceso a las gafas subvencionadas parta de un diagnóstico previo realizado por un oftalmólogo.

El Ministerio de Sanidad, por su parte, ha mostrado disposición a reunirse con los profesionales para abordar el conflicto. Mientras tanto, la Audiencia Nacional deberá decidir si el plan se ajusta o no al marco legal vigente.