Shyam Stanly, pendiente de un juicio por violación en el que la Fiscalía de Barcelona solicita hasta 12 años de prisión, ha salido en libertad provisional sin fianza tras pasar casi dos años en prisión preventiva.
La decisión se produjo este miércoles 18 de febrero, el mismo día en que debía celebrarse la vista oral en la Audiencia Provincial, pero que fue suspendida y pospuesta hasta el mes de abril por un error en la citación de unos peritos.
Fue poco después de acordarse la suspensión que la Sección 20ª dictó con un auto de libertad al considerar que no podía mantener al acusado en prisión provisional más allá del plazo legal máximo.
En libertad sin fianza
El acusado fue detenido el 31 de marzo de 2024, y el límite de dos años de prisión preventiva vence el 31 de marzo de 2026.
Aunque en diciembre se solicitó formalmente una prórroga para evitar su excarcelación antes del juicio, y esta fue autorizada el 7 de enero de 2026, aquella extensión solo alcanzaba hasta la fecha inicialmente prevista para la vista oral: el 18 de febrero.
Entrada de la Audiencia de Barcelona, en una imagen de archivo
De este modo, tras la suspensión del juicio, el tribunal concluyó que mantenerlo en prisión hasta abril resultaría "desproporcionado", y acordó su libertad sin fianza, con la obligación de designar domicilio y permanecer localizable.
La notificación llegó a la víctima y a sus abogadas apenas unas horas después.
La preocupación fue inmediata: temen que el acusado no acuda al juicio de abril y abandone el país, donde no tiene vínculos estables, y que su puesta en libertad pueda traducirse en nuevos episodios de intimidación o violencia.
Un viaje familiar
Los hechos que se juzgarán se remontan a marzo de 2024. La denunciante, una mujer de 40 años, natural de Venezuela, había iniciado meses antes una relación sentimental con el acusado, residente en Amberes (Bélgica).
Llevaban poco tiempo saliendo, aunque —según su relato— él ya le había pedido matrimonio. Ambos viajaron a Barcelona para que él conociera a la familia de ella, en lo que debía ser una visita tranquila y de presentación formal.
Según la denuncia, los celos marcaron el inicio del episodio. Él le recriminó haber flirteado con su propio primo y, de camino al hotel, comenzó a interrogarla de forma insistente sobre la relación que mantenía con su familiar.
Dos coches de la Guardia Urbana aparcados en la playa de la Barceloneta
Lo que comenzó como una discusión fue subiendo de tono durante el trayecto, con acusaciones reiteradas y un clima de creciente tensión.
Al llegar a la habitación, los reproches dieron paso a los insultos. La situación, lejos de calmarse, se agravó en cuestión de minutos: la discusión derivó en agresiones físicas.
Apalizada y violada
La mujer relató que fue golpeada, zarandeada y estrangulada en varias ocasiones, hasta el punto de casi perder el conocimiento.
Declaró que le apretó con fuerza el cuello y los antebrazos, que le causó dolor intenso en la zona lumbar y en las piernas, y que llegó a amenazarla con arrojarla desde el balcón del hotel, situado en una 15ª planta.
En ese contexto de violencia, sostuvo que fue obligada a mantener relaciones sexuales contra su voluntad. Según su testimonio, él la inmovilizó, la sujetó por el cuello y la forzó pese a sus negativas.
Cuando el acusado se durmió, ella se escapó de la habitación.
La denunciante logró finalmente salir de la habitación y pedir auxilio. Agentes policiales acudieron al lugar y el acusado fue detenido in situ.
Imagen en archivo de agentes de Mossos d'Esquadra
Antecedentes en Países Bajos
El procedimiento incluye acusaciones por los presuntos delitos de agresión sexual, malos tratos en el ámbito de la violencia sobre la mujer y amenazas. De hecho, el fiscal pide una pena de hasta 12 años de prisión para el acusado.
La causa recoge igualmente que el procesado arrastra antecedentes por violencia de género en Países Bajos, un dato que ya fue puesto sobre la mesa durante la instrucción y que, según las partes, evidenciaba un patrón de conducta que preocupaba a la acusación.
Cambio de opinión
En autos anteriores, la Audiencia había considerado proporcionada y necesaria la prisión provisional para evitar el riesgo de fuga, subrayando la gravedad de las penas solicitadas y la falta de arraigo del procesado en España.
En la resolución de enero, la Sala mantenía que subsistían los motivos que justificaban la medida cautelar.
Sin embargo, el vencimiento del plazo máximo legal de la prisión provisional y la suspensión del juicio han cambiado radicalmente el escenario procesal.