Las cuentas del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC) correspondientes al ejercicio de 2023 --año en que la Generalitat estaba presidida por Pere Aragonès (ERC)-- presentaron diversas irregularidades contables, administrativas y de control interno.
Estas disfunciones no se han conocido hasta ahora, tras la publicación del Informe 1/2026 de la Sindicatura de Cuentas, que fiscaliza aquel ejercicio y pone el foco en la gestión económica del organismo encargado de formar a policías y bomberos.
Fallos relevantes
Según se extrae del documento, el órgano fiscalizador ha detectado fallos relevantes en ámbitos clave como la contratación pública, la contabilidad, el control del patrimonio, la gestión del personal docente y el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y seguridad digital.
En conjunto, el informe apunta a deficiencias estructurales en los mecanismos de control de una institución estratégica dentro del sistema de seguridad pública catalán.
Agentes durante el curso de formación policial en el ISPC
Abuso de contratos menores
La Sindicatura ha identificado irregularidades significativas en la contratación administrativa, especialmente en el uso indebido de contratos menores.
Según el informe, el Instituto adjudicó contratos separados a un mismo proveedor para cubrir necesidades recurrentes y previsibles, una práctica que evitó la aplicación de procedimientos abiertos con concurrencia pública.
Entre los casos detectados figuran compras reiteradas de material sanitario, linternas, mobiliario o servicios de mantenimiento adjudicado a empresas concretas como Adaro Tecnología o Hilti Española, que en conjunto superaban los límites legales para este tipo de contratos.
Otros errores
El informe también cuestiona la adjudicación directa, mediante el procedimiento negociado por imperiosa urgencia, de la ampliación de un parque solar por valor de 386.592 euros.
En este caso, el ISPC invitó a una única empresa sin justificar adecuadamente la supuesta exclusividad técnica que habría impedido la participación de otros operadores.
Asimismo, la Sindicatura detectó errores en los criterios de adjudicación en varios concursos públicos, en los que se otorgaron puntos por la experiencia y la formación de las empresas licitadoras, pese a que estos elementos deben evaluarse como requisitos previos de solvencia y no como criterios de puntuación.
Irregularidades contables
El informe también pone de relieve irregularidades contables que afectaron a la imagen fiel de la situación financiera del organismo durante el ejercicio 2023.
Entre ellas destaca la imputación indebida a ese ejercicio de una factura de 169.767 euros correspondiente a la rehabilitación de las galerías de tiro, pese a que la obra se finalizó y certificó en febrero de 2024. Una decisión que redujo artificialmente el remanente de tesorería del ejercicio fiscalizado.
Entrada principal al ISPC
Además, el Instituto clasificó erróneamente cerca de 1,3 millones de euros procedentes de matrículas, cursos policiales y servicios como transferencias y subvenciones, cuando en realidad debían contabilizarse como ingresos propios derivados de su actividad.
La Sindicatura también detectó errores en la gestión de fondos finalistas, como el registro como ingreso ordinario de 95.950 euros procedentes de un proyecto europeo que no se ejecutó ese año, así como la omisión de la imputación de más de 265.000 euros vinculados a otro programa formativo.
Poco control patrimonial
Asimismo, el control sobre el patrimonio del Instituto presentaba deficiencias relevantes en 2023. El organismo carecía de un inventario actualizado e integrado con el sistema oficial de la Generalitat, lo que dificultaba la identificación precisa de sus activos.
Entre los bienes no registrados en el balance figuraban infraestructuras clave como el edificio de las galerías de tiro, la escuela de bomberos y diversos vehículos oficiales.
En algunos casos, además, ni siquiera constaba la inscripción registral de la obra nueva en el Registro de la Propiedad.
El informe también señala errores en el cálculo de las amortizaciones, al no tener en cuenta la fecha real de puesta en funcionamiento de los activos, lo que distorsionó el resultado económico del ejercicio.
Pagos y nombramientos indebidos
La fiscalización también detectó irregularidades en la gestión del personal docente del Instituto.
En al menos ocho casos, la resolución formal de nombramiento de profesores se firmó una vez finalizados los cursos, una práctica contraria a los procedimientos administrativos ordinarios.
Asimismo, se certificaron y tramitaron pagos a docentes que estaban de baja médica, de permiso o afectados por incompatibilidades, lo que obligó posteriormente a iniciar procedimientos de regularización y devolución.
Imagen de unos furgones de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo
El informe también señala irregularidades en la provisión de puestos de trabajo, con encargos de funciones que superaron el límite legal de seis meses y comisiones de servicio que excedieron el máximo permitido de dos años.
Fallos en ciberseguridad
La Sindicatura también advierte de incumplimientos en materia de seguridad informática y transparencia.
En 2023, el Instituto no había realizado la auditoría obligatoria del Esquema Nacional de Seguridad ni disponía del informe bienal exigido sobre protección de datos personales.
Además, el portal de transparencia no publicaba información obligatoria, como resoluciones administrativas, datos de plantilla o estadísticas completas de contratación pública.
Bajo supervisión
El Instituto de Seguridad Pública de Cataluña es el organismo encargado de formar a los Mossos d’Esquadra, policías locales, bomberos y personal de protección civil.
Las irregularidades detectadas corresponden al ejercicio 2023, durante la etapa en que Pere Aragonès presidía la Generalitat, con Pere Ferrer al frente de la dirección general de la Policía y Eduard Sallent como comisario jefe de los Mossos d’Esquadra.
El órgano fiscalizador concluye que las deficiencias detectadas evidencian la necesidad de reforzar los mecanismos de control interno, la transparencia y la gestión administrativa del organismo para garantizar el correcto uso de los recursos públicos.