Antes de que el abogado Francisco Comitre San Martín se convirtiera en el rostro visible y principal condenado de la mayor estafa inmobiliaria juzgada en Cataluña, otro letrado ya había colocado los cimientos de esta estructura criminal.
Se trata de David Navarro, uno de los acusados en la causa que acaba de resolverse mediante un acuerdo de conformidad, y a quien diversas fuentes sitúan como el ideólogo inicial del modelo que permitió articular este fraude sin precedentes.
Más que un mero subordinado
La sentencia, dictada in voce ayer lunes 16 de febrero tras el reconocimiento de los hechos por parte de los acusados, sitúa formalmente a Navarro como una figura subordinada dentro del entramado.
Sin embargo, el análisis de los orígenes de la trama y el testimonio de fuentes conocedoras de su funcionamiento apuntan a un papel mucho más decisivo: el de arquitecto inicial de una estructura que, con el tiempo, evolucionó hasta convertirse en una maquinaria perfectamente engrasada para apropiarse de viviendas bajo una apariencia de legalidad.
Según esta versión, fue Navarro quien concibió el esquema jurídico y societario que permitió poner en marcha el sistema, un modelo que posteriormente sería asumido, ampliado y explotado por el núcleo de la organización encabezado por Comitre.
Pena de más de cuatro años
Navarro, al igual que el resto de los acusados, ha sido condenado en el marco del acuerdo alcanzado entre las defensas y la Fiscalía, que permitió cerrar la causa sin necesidad de celebrar un juicio que se preveía largo y complejo, con hasta 128 perjudicados personados.
En concreto, el tribunal le ha impuesto dos años de prisión por delitos de estafa agravada y falsedad documental, a los que se suman nueve meses adicionales por blanqueo de capitales y un año y siete meses por pertenencia a grupo criminal.
El abogado Francisco Comitre declarando ante el tribunal por el caso 'Cocoon'
La resolución incluye también la inhabilitación especial para el ejercicio de la abogacía durante varios años, al considerar acreditado que utilizó su condición profesional como instrumento para facilitar la operativa fraudulenta, así como el pago de diversas multas económicas.
Estas penas se enmarcan en la conformidad que ha permitido rebajar sustancialmente las condenas inicialmente solicitadas por el ministerio fiscal, que en el caso del principal acusado, Francisco Comitre, alcanzaban los 20 años de prisión.
El primer ladrillo
Más allá de su condena concreta, diversas fuentes coinciden en señalar que el papel de Navarro fue determinante en la génesis de la trama.
Fue él, siempre según esta versión extrajudicial, quien puso el primer ladrillo de una estructura que posteriormente crecería hasta afectar a decenas de víctimas.
Navarro procede de una familia históricamente vinculada al negocio de las subastas en Barcelona, un ámbito tradicionalmente dominado por sagas familiares que durante décadas operaron en los márgenes de este lucrativo sector: los Royuela y los Guindulain.
La reforma normativa introducida en 2010 alteró profundamente este ecosistema, reduciendo el margen de actuación de los llamados rematadores y obligando a muchos de estos operadores a reinventarse.
Imagen de archivo del exterior de la Ciudad de la Justicia
Fue en ese contexto de transformación cuando comenzaron a emerger nuevas fórmulas de financiación extrabancaria, basadas en complejas estructuras jurídicas y societarias que permitían intervenir en operaciones inmobiliarias desde posiciones de aparente legalidad.
Según las fuentes consultadas, Navarro habría sido uno de los impulsores de esta transición, adaptando el conocimiento acumulado en el ámbito de las subastas a un nuevo modelo que permitía captar inmuebles mediante mecanismos contractuales sofisticados.
La ingeniería jurídica
El sistema diseñado se apoyaba en la captación de propietarios en situación de vulnerabilidad económica, a quienes se ofrecían supuestas soluciones financieras, como préstamos o rentas vitalicias.
Sin embargo, estos contratos ocultaban en realidad la transmisión de la titularidad de sus viviendas a sociedades instrumentales controladas por la organización.
La utilización de escrituras notariales, entramados societarios y estructuras jurídicas complejas permitía dotar de apariencia legal a unas operaciones que terminaban privando a las víctimas de su principal patrimonio.
Con el paso del tiempo, este modelo evolucionó hasta consolidarse como una de las mayores tramas de fraude inmobiliario detectadas en Cataluña, con cientos de afectados y un entramado que implicaba a abogados, sociedades instrumentales y operadores que actuaban bajo el paraguas de la legalidad formal.
¿Líder en la sombra?
Aunque la sentencia identifica a Comitre como el máximo responsable del entramado, las fuentes consultadas insisten en que Navarro desempeñó un papel clave en su concepción inicial.
Fue, según esta versión, quien sentó las bases sobre las que posteriormente se construyó toda la operativa criminal. Y, de hecho, es quien ha recibido la segunda pena más elevada, por delante, incluso, de Enrique Peña, el notario implicado.
Su perfil, menos expuesto públicamente que el del principal condenado, contrasta con la relevancia que habría desempeñado en la fase embrionaria del entramado.
Un papel discreto, pero decisivo, en la génesis de una estructura que entre 2009 y 2015 permitió apropiarse fraudulentamente de centenares de inmuebles bajo una apariencia de legalidad.