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El juez que investiga una presunta red de narcotráfico y blanqueo de capitales al por mayor con el concurso de Óscar Sánchez Gil, ex jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) ha pedido a Uber, Cabify y Bolt que entreguen los datos de nueve floteros, empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC) que operaban con su tecnología.

Lo reza una providencia consultada por Crónica Global que acompaña al auto de procesamiento de la mayoría de miembros de la supuesta trama --en el que no figura aún Sánchez--, en la que se deja negro sobre blanco que las tres tecnológicas deben entregar el registro de viajes y el de pagos de 13 colaboradores entre los años 2020 y 2024.

Son Servicar 25; Servicar 25 VIP Madrid; Leihwagen; Julias Home-Cars; Yaiza-Car; Forever Cars; Medusa Car 25; Jojucar; Blackcab 25 Transporte de Viajeros; Lorpocar; Incazam Gestión; Top Life Real Estate y Pao Gestiones Turísticas.

Dos pagos

En su motivación, el juez del Tribunal Central de Instancia motiva el exhorto al trío de firmas para aclarar cómo utilizó presuntamente a los floteros Ignacio Torán, financiero de la supuesta trama, para blanquear capital.

En concreto, el togado advierte que Torán "reintegraba" los "beneficios del narcotráfico" por medio de "estructuras de blanqueo de capitales".

Estas plataformas le servían para devolver al circuito legal el dinero logrado con la venta de las "ingentes cantidades de cocaína" que, se cree, introducía el entramado en España.

"Inversiones"

Este método era uno de los que utilizaba Torán para reintegrar el dinero ilícito en el circuito convencional, cree el juez.

Había otros. El procesado --desde hoy-- les llamaba inversiones. Eran, en realidad, estructuras para canalizar los fondos a la economía convencional.

Internacional

La treta tenía alcance internacional, sostiene el juez. "Se observa que Torán tenía otra estructura de blanqueo de capitales internacional", concluye en su exposición. Estas ramificaciones se extienden a Singapur y Emiratos Árabes Unidos (EAU).

En paralelo, el titular vincula al investigado dos sociedades offshore en Estados Unidos y Panamá: Top Life America e Inversiones Latam Corp y Latanpam Inversiones. Se estima que estas mercantiles, operadas por testaferros, podrían servir para el mismo cometido.

Siete procesados

La providencia que pide información a las tres tecnológicas acompaña el auto de procesamiento, por la que se deja a un paso de juicio a siete personas, con Torán a la cabeza, además de ocho sociedades.

Son todas ellas compañías que pudieron ser utilizadas para vehicular el dinero que los implicados ganaban con la cocaína.

Dos de ellas, Top Life Real Estate y Leihwagen, son las que podrían haber utilizado la tecnología de las firmas de movilidad.

Declaración voluntaria

El auto que abre el juicio oral de los siete sospechosos y las ocho empresas antecede a una diligencia clave: la declaración voluntaria del inspector jefe Óscar Sánchez. El exjefe de la Udef declarará de forma voluntaria en la Audiencia el próximo 9 de marzo, como avanzó El Español.

El policía dará explicaciones ante el juez instructor Francisco de Jorge. Fuentes cercanas a la causa han detallado que de esa comparecencia se esperan avances, puesto que el funcionario es el de más rango que jamás ha corrompido el narcotráfico en España.

Antes, a finales de 2024, Sánchez fue arrestado en su chalet de Alcalá de Henares (Madrid). En la villa se encontraron cerca de 20 millones de euros emparedados en los muros, además de coches de alta gama.

Su arresto siguió al descubrimiento de 13 toneladas de cocaína en el Puerto de Algeciras. Era una remesa de droga que, se cree, pudo intentar introducir la trama en España con ayuda del alto mando policial.