La venta online de loterías se ha convertido en una pieza clave para la supervivencia del sector, pero su falta de regulación amenaza el futuro de miles de puntos de venta en España.
Esta es una de las principales conclusiones del Informe de la Mesa para la Rentabilidad y Digitalización de la Lotería Online, presentado este martes en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) por las asociaciones Defensa Digital (DEDIT) y Loteros en la Lucha (LELL), con el respaldo de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).
Red comercial
Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA Madrid, junto a Jon Urkiola, presidente de DEDIT, y Alberto García, presidente de Loteros en la Lucha, han subrayado la importancia de una red comercial formada por más de 10.600 puntos de venta repartidos por todo el país.
Muchos de ellos se ubican en pequeños municipios y zonas rurales, donde cumplen una función económica y social clave. “La digitalización ya no es una alternativa, es imprescindible para que las administraciones no queden fuera de los nuevos hábitos de consumo”, ha señalado Urkiola.
Realidad económica
Javier Loriente, abogado del Estado en excedencia y socio del despacho Ontier, ha explicado la metodología empleada y ha destacado el carácter objetivo del documento, que recoge un amplio consenso sectorial sobre la necesidad de ordenar la comercialización digital de las loterías, priorizando el papel regulador de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ).
El informe parte de una constatación clara: la venta online de loterías es ya una realidad consolidada y económicamente relevante. En un mercado que en 2024 superó los 10.300 millones de euros, la digitalización ha permitido sostener la demanda en un contexto marcado por el aumento de costes, la congelación de precios durante más de dos décadas y el deterioro de las comisiones.
Actualmente, el canal digital representa alrededor de 1.500 millones de euros y supone entre el 15% y el 30% de la facturación de muchas administraciones, especialmente de las más pequeñas.
Inseguridad jurídica
El documento advierte de que la falta de una regulación clara genera una prolongada inseguridad jurídica que frena la inversión tecnológica y dificulta una supervisión eficaz.
Esta situación, según el análisis, pone en riesgo la rentabilidad de los puntos de venta, que ha caído más de un 60%, y amenaza la continuidad de un modelo del que dependen más de 18.000 empleos directos.