Poco después de las once de la mañana del 11 de mayo de 2020, Diego Vargas hizo una llamada perdida. Fue un gesto rutinario: avisaba a su supuesto socio de que había llegado.
Al otro lado de la puerta metálica de una nave industrial en San Andreu de la Barca (Barcelona) le esperaba Luis B. Ese fue el último acto de vida de Diego.
A día de hoy, ni su cuerpo, ni su coche, ni su teléfono móvil han vuelto a aparecer. Sin embargo, este viernes, casi seis años después, Luis B. se sienta en el banquillo del tribunal del jurado de la Audiencia de Barcelona, acusado de matar a Vargas y, luego, haber hecho desaparecer cualquier rastro físico del crimen.
Una deuda tensó la relación
Acusado y víctima se conocían desde 2017. Mantenían una relación personal y comercial vinculada al tráfico de marihuana, según sostiene Fiscalía. Desde 2019, esa relación estaba deteriorada por una deuda económica que Vargas le reclamaba de forma insistente.
En este contexto, llegaron a la mañana de autos, la del 11 de mayo de 2020, cuando ambas partes concretaron un encuentro para saldar dicha deuda.
La primera llamada entre víctima y acusado fue a las 8:29 horas, cuando Diego V. telefoneó a su socio exigiendo el pago.
El tono --describe el fiscal-- fue especialmente tenso. Y, tras varios intercambios, acordaron verse esa misma mañana para resolver sus desavenencias económicas.
Último acto en vida
Fue así como Luis B. se dirigió a una nave industrial que tenía alquilada en San Andreu de la Barca al volante de una furgoneta IVECO. Y Diego lo hizo con su Audi A4.
Tras una confusión inicial con el punto de encuentro --la víctima llega primero a Viladecavalls--, Diego llegó finalmente hasta el local donde el acusado ya le estaba esperando.
A las 11:01 de la mañana Diego se personó en el lugar del encuentro y realizó una nueva llamada para avisar a su socio de que ya había llegado. Fiscalía fija ese instante como el último momento verificable de vida de la víctima.
"Luis acabó con la vida de Diego"
A partir de ahí, el escrito es contundente: "En hora no determinada, pero a partir de ese momento”, Luis B. acabó con la vida de Diego V. en el interior de la nave.
No hay testigos directos. Ni tampoco hay cadáver. Pero hay un elemento clave: Diego Vargas entró y no hay constancia de que volviese a salir. La nave era un espacio controlado, alquilado por el acusado, sin accesos aleatorios ni tránsito ajeno.
Construyó una coartada artificial
Según sostiene el fiscal en su escrito de calificación, tras el crimen, Luis B., lejos de quedarse inmóvil, quiso simular que Vargas seguía con vida.
Es así, que la acusación pública apunta a que el acusado utilizó el dispositivo móvil de la víctima para construir una coartada artificial.
Envió mensajes de voz simulando normalidad y se desplazó con el móvil de Vargas hasta Gavà, donde lo abandonó deliberadamente.
Y no solo eso. El fiscal añade que Luis B. dejó su teléfono en la nave de Sant Andreu de la Barca para fingir que seguía ahí dentro.
Luego siguió con su rutina
El objetivo, según la acusación pública, estaba claro: desplazar la escena del crimen y hacer “vivir” el teléfono lejos del lugar donde Diego fue asesinado.
Después, el acusado regresó a la nave de Sant Andreu de la Barca --donde había dejado su teléfono-- y continuó su recorrido hasta Terrassa.
Desde ese momento, silencio absoluto. El teléfono de la víctima dejó de emitir señal. El coche no apareció; y el cuerpo tampoco.
Desaparición de Diego
La reacción y preocupación de la familia no llegó por una intuición divina, sino por la ruptura total de la rutina. Diego Vargas dejó de dar señales de vida: no respondía al teléfono ni se sabía nada de él.
Su madre, alarmada por una ausencia que no encajaba con nada conocido, presentó la denuncia por desaparición ante los Mossos d’Esquadra.
El contexto del confinamiento por la pandemia de COVID-19 jugó un papel decisivo: menos movimiento, menos testigos, menos ruido. Un escenario que, según la Fiscalía de Barcelona, facilitó la ocultación del cadáver y retrasó la detección de Luis B.
Imagen de un agente de los Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo
Un homicidio sin cadáver
Pese a la ausencia del cuerpo —la prueba clave en cualquier homicidio—, el Ministerio Fiscal sostiene que el caso no solo puede juzgarse, sino que está sólidamente acreditado.
Los hechos están calificados como delito de homicidio y el fiscal reclama 15 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, cinco años de libertad vigilada y órdenes de alejamiento respecto a la pareja, hijos, padres y hermano de la víctima.
Luis B. permanece en prisión provisional desde junio de 2022, una medida que Fiscalía ha pedido mantener por la gravedad de la pena solicitada y el elevado riesgo de fuga.
Cuando el rastro sustituye al cuerpo
De este modo, el juicio se sostendrá sobre una arquitectura probatoria compleja y minuciosa: análisis de llamadas, posicionamientos telefónicos, cámaras de seguridad, inspecciones oculares y biológicas de la nave, periciales de ADN, comparación de imágenes, audios, mensajes de WhatsApp y seguimientos policiales.
Una cadena de indicios que, para la acusación pública, conduce a una única conclusión posible.
A partir de este viernes, pues, el jurado deberá responder a una pregunta incómoda y decisiva: ¿puede probarse un homicidio cuando el crimen ha logrado borrar su prueba más evidente?