Entre 120.000 y 150.000 personas migrantes residentes en Cataluña podrían beneficiarse de la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno español. Así lo ha expuesto este martes la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, durante la última reunión del Consell Executiu.
Martínez Bravo ha defendido la importancia de esta medida y sus efectos positivos tanto a nivel social como económico, y ha trasladado la voluntad del Ejecutivo catalán de colaborar estrechamente con el Gobierno de España para aprovechar al máximo esta oportunidad.
En este sentido, el Govern se ha comprometido a trabajar en tres ejes clave: contribuir a una tramitación rápida, ordenada y eficaz del proceso de regularización; ofrecer información, apoyo y orientación a las personas potencialmente beneficiarias; y agilizar su incorporación al mercado laboral una vez obtenida la autorización administrativa.
Herramienta de inclusión social
Según ha subrayado Martínez Bravo, las experiencias de regularizaciones anteriores avalan este tipo de medidas. En concreto, ha recordado que una migración regular y ordenada dinamiza la economía, no genera un 'efecto llamada' y tampoco tiene un impacto significativo en el gasto público, especialmente en ámbitos como la sanidad o la educación.
La 'consellera' de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, comparece ante el Parlament, en una jornada anterior
Desde el Govern consideran, además, que esta regularización extraordinaria puede convertirse en una herramienta clave de inclusión social y cohesión, al tiempo que permite dar respuesta a necesidades estructurales del mercado laboral y aflorar situaciones administrativas irregulares que ya forman parte del tejido social y económico catalán.
Alianza institucional
Tras la reunión del Consell Executiu, portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha puesto en valor las consideraciones de la consellera de Derechos Sociales, explicando también que se ha convocado una "cumbre institucional" con agentes sociales para "explicar y articular" a todos los actores participantes para agilizar la regularización de hasta 150.000 personas.
Según Paneque, esta alianza está compuesta por las consejerías de Igualdad y Feminismo y Derechos Sociales, en coordinación con la delegación del gobierno español en Cataluña.
Para el ejecutivo catalán, esta regularización extraordinaria "puede tener un impacto positivo sobre la economía" catalana y minimizando el fenómeno de la economía sumergida.
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En cifras
El 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera y más de un tercio —el 35%— de las personas de entre 25 y 44 años es de primera o segunda generación migrada.
Actualmente, 663.980 personas extranjeras cotizan a la Seguridad Social en Cataluña, una cifra que da cuenta de su peso real en el mercado laboral. De hecho, Cataluña ha ganado cerca de medio millón de habitantes en los últimos seis años gracias a los flujos migratorios, que han compensado el crecimiento demográfico negativo.
En este contexto, la Generalitat estima que España necesitará hasta 24 millones de personas migrantes de aquí a 2053 para mantener el equilibrio entre población activa y no activa, y subraya que su aportación es clave para sostener sectores económicos estratégicos.