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Interior destina 1,3 millones a cámaras de seguridad en municipios sin policía

La primera fase de este plan se dirige a los 730 pueblos catalanes que no cuentan con cuerpo policial propio

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La Generalitat quiere cerrar grietas en el mapa de la seguridad local. El Departamento de Interior y Seguridad Pública ha activado una convocatoria de subvenciones por valor de 1,3 millones de euros para impulsar la instalación y el mantenimiento de cámaras de videovigilancia con lectura de matrículas, especialmente en aquellos municipios que no disponen de Policía Local.

Así lo ha anunciado este lunes la consellera Núria Parlon, que ha detallado una doble fase: una primera tanda de ayudas por valor de 800.000 euros para ayuntamientos sin cuerpo policial municipal; y otros 500.000 adicionales en una segunda fase para localidades que sí cuentan con cuerpo propio.

Requisito clave

En esta primera fase piloto, solo podrán optar a las ayudas los municipios que tengan vigente el convenio Lectio con los Mossos d’Esquadra, un sistema que permite a la policía catalana acceder y analizar las imágenes captadas por las cámaras.

De los 730 municipios catalanes que no tienen Policía Local por su tamaño, solo entre 60 y 65 cumplen ahora mismo ese requisito.

Un cartel informa de que se accede a una zona vigilada por cámaras de videovigilancia

Un cartel informa de que se accede a una zona vigilada por cámaras de videovigilancia Europa Press

Las ayudas contemplan hasta 30.000 euros para la instalación de los dispositivos y 450 euros anuales de mantenimiento por cámara, con un máximo de tres por municipio.

Lectio, la pieza estratégica

El Govern quiere que todos los ayuntamientos conecten sus cámaras al sistema Lectio. “Nos facilita información cualitativa clave para la prevención y la resolución de delitos. Es una herramienta muy potente”, ha remarcado Parlon.

En esa línea, los servicios territoriales ya trabajan con los municipios para acelerar adhesiones.

Las ayudas también podrán beneficiar a entes supramunicipales —consejos comarcales y diputaciones— que hayan cofinanciado la instalación de estos sistemas. 

En juego, algo más que cámaras: una red de vigilancia coordinada para que los pueblos más pequeños, sin Policía Local, no queden fuera del radar de la seguridad.

Prueba piloto 

Parlon ha subrayado que se trata de una prueba piloto nacida de las demandas trasladadas por los alcaldes en las Juntas Locales de Seguridad. Si el sistema funciona y contribuye a reducir la delincuencia, el Govern no descarta ampliar el presupuesto.

“Son dispositivos que ayudan a disuadir y a complementar la labor de los Mossos allí donde no hay policía local”, ha defendido la consellera, que ha situado el objetivo en reforzar la convivencia ciudadana y la capacidad preventiva.

Cámara de vigilancia. Imagen de archivo

Cámara de vigilancia. Imagen de archivo EUROPA PRESS

Más de 5.300 cámaras activas

En este sentido, y según el último balance del Departamento de Interior, al que tuvo Crónica Global, en Cataluña, actualmente, hay 5.322 cámaras ya autorizadas y en funcionamiento y otras 691 pendientes de resolución administrativa, repartidas en casi 300 expedientes municipales.

Conviene recordar que la instalación y uso de cámaras de videovigilancia está reservada a las fuerzas y cuerpos de seguridad y requiere de la autorización expresa de la Dirección General de Administración de Seguridad (DGAS) previo informe favorable de la Comisión de Control de los Dispositivos de Videovigilancia de Cataluña.

La DGAS, que depende del Departamento de Interior, solo concede las autorizaciones si existe un riesgo razonable para la seguridad. Además, el sistema debe resultar proporcionado, garantizando en todo momento la privacidad, intimidad e imagen de los ciudadanos.

Cada ayuntamiento debe justificar previamente los motivos que le han conducido a solicitar una cámara de seguridad en cada punto concreto del municipio.