Estuvo escondido durante semanas. Los Mossos d'Esquadra lo buscaban desde el pasado 24 de septiembre por su presunta vinculación con una organización criminal dedicada al tráfico de drogas a pequeña y mediana escala.
Pese a ser un rostro conocido en Sitges (Barcelona), nadie sabía nada de A. N., uno de los hijos del popular ‘Texas’, el empresario que provocó la investigación judicial que alcanzó incluso a la alcaldesa del municipio.
Circularon rumores de todo tipo, pero finalmente fue el propio investigado quien decidió dar la cara. Acompañado de su abogado, el hijo del conocido como ‘el Texas de Sitges’ se presentó voluntariamente en los juzgados tras semanas en paradero desconocido.
Libertad con medidas
Según han confirmado fuentes policiales a Crónica Global, A. N. quedó en libertad con medidas cautelares tras declarar ante la autoridad judicial, que no apreció riesgo de fuga suficiente como para ordenar su ingreso en prisión preventiva.
Así, permanecerá en libertad a la espera de juicio por su presunta pertenencia a una organización criminal dedicada al tráfico de un amplio abanico de drogas: desde hachís y marihuana hasta pastillas y sustancias sintéticas.
De acuerdo con los investigadores, el grupo había logrado hacerse un hueco en el negocio del narcotráfico en las comarcas del Garraf y el Penedès.
Pillados 'in fraganti'
El origen de la investigación que acabó situando al hijo menor del ‘Texas’ en el foco policial se remonta a finales de 2024.
Fue entonces cuando una patrulla de Tráfico de los Mossos sorprendió 'in fraganti' a A. N. y a otro individuo transportando 59 kilos de hachís y otros 25 de marihuana en Vilafranca del Penedès (Barcelona).
Ambos fueron detenidos por un delito contra la salud pública, aunque quedaron en libertad provisional tras pasar a disposición judicial.
Imagen de la droga que los Mossos incautaron en Vilafranca del Penedès, en diciembre de 2024
El caso, sin embargo, no se cerró ahí. La investigación pasó a manos del Área de Investigación Criminal (AIC) de la Región Metropolitana Sur, que durante los meses siguientes fue reconstruyendo el entramado para el que, presuntamente, trabajaban los dos arrestados.
Boxeadores, porteros y ultras
Según ha podido saber Crónica Global, entre los investigados figuran reconocidos boxeadores de la zona, personas vinculadas al ocio nocturno e incluso un exmiembro de los Boixos Nois, los ultras del FC Barcelona.
Este último ya fue condenado a dos años de prisión por apalizar hasta casi la muerte a un seguidor del Rayo Vallecano en 2018.
El presunto cabecilla de la red sería un conocido luchador de artes marciales mixtas, que actualmente permanece en prisión preventiva.
Ni rastro de A. N.
El día de la explotación policial del caso, el 24 de septiembre de 2025, los agentes desplegaron un amplio dispositivo y registraron un conocido local de ocio situado en una vía paralela a la popular Calle del Pecat, en Sitges.
Según la investigación, el establecimiento era un punto habitual de reunión del grupo y, además, el lugar de trabajo de uno de sus miembros, encargado de la seguridad.
Allí esperaban encontrar a A. N., pero los investigadores creen que logró escabullirse en medio del despliegue. Tampoco fue localizado en su domicilio.
La sombra del 'Texas'
Ahora representada con su hijo, pero la sombra del 'caso Texas' vuelve a proyectarse, así, sobre Sitges.
La familia de Joan Carles N., el Texas de Sitges, es sobradamente conocida en el municipio: regentaron durante años un bar en una esquina del final de la calle Jesús.
Además, el patriarca fue el ideólogo de la Taula del Tercer Sector Social de Sitges-Garraf, una asociación sin ánimo de lucro que acabó en el punto de mira judicial.
Montaje del fundador de la Taula del Tercer Sector Sitges-Garraf, Joan Carles N. F., alias 'el Texas'
Según la investigación, tanto él como su esposa e hijos se habrían enriquecido de forma ilícita a través de contratos y subvenciones presuntamente otorgados a dedo por el Ayuntamiento de Sitges.
El caso salpicó incluso a la alcaldesa Aurora Carbonell (ERC), que declaró por primera vez ante la jueza instructora en junio, más de dos años después de iniciarse la instrucción.
Durante su declaración, la edil defendió que sus competencias eran meramente políticas, que no participaba en la gestión directa de ayudas o contratos, y que las subvenciones posteriormente señaladas como irregulares ya fueron devueltas a las arcas municipales.