Una parte significativa de la plantilla de la Guardia Urbana de Barcelona (GUB) ha dado un paso inédito al margen de los sindicatos para plantar cara al nuevo Acuerdo de Condiciones Laborales (ACL) 2025-2028 que el gobierno municipal quiere ratificar este viernes en el pleno del Ayuntamiento.
Los agentes han presentado un escrito formal acompañado de 1.545 firmas dirigidas al alcalde Jaume Collboni y a todos los grupos municipales, en el que solicitan expresamente que no se apruebe el acuerdo en los términos actuales y reclaman una revisión completa que respete “la legalidad vigente y los derechos de la plantilla”.
La iniciativa ha sido adelantada por la periodista Anna Punsí y supone una movilización sin precedentes dentro del cuerpo policial barcelonés.
Contrarios al nuevo convenio
Para canalizar el rechazo, los agentes se han desmarcado de los sindicatos, en los que aseguran haber perdido la confianza, y han constituido una Asociación Profesional de Agentes de la Guardia Urbana, actualmente en proceso de inscripción administrativa.
Según exponen en el escrito, al que ha tenido acceso Crónica Global, la protesta responde tanto al contenido del acuerdo como al proceso de negociación, que consideran opaco y acelerado.
Varios agentes de la Guardia Urbana de Barcelona (GUB) en un acto institucional en Montjuic
El movimiento de los agentes busca también desmentir públicamente las afirmaciones realizadas por el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, quien defendió recientemente en la Comisión de Seguridad que el nuevo convenio es “el que ha tenido un respaldo más amplio en décadas”.
¿Qué dicen las cifras?
Las cifras, sin embargo, dibujan un escenario muy distinto.
Los tres sindicatos que han firmado el acuerdo --UGT, CCOO y CSIF-- obtuvieron 1.525 votos en las últimas elecciones sindicales, mientras que los policías contrarios al convenio ya suman 1.545 firmas, una diferencia que los agentes consideran clave para evidenciar que el respaldo no es tan mayoritario como sostiene el gobierno municipal.
Parte del escrito formal enviado al Ayuntamiento de Barcelona
En el escrito, los firmantes alertan además de una crisis de confianza transversal dentro del cuerpo, que no se limita a la base policial. Al malestar de los agentes se suma la reciente creación de asociaciones profesionales de sargentos y cabos, lo que, a su juicio, demuestra que el rechazo al acuerdo afecta a distintos niveles jerárquicos.
Un acuerdo "impuesto"
Los policías insisten en que su oposición no se limita a una cuestión económica. Denuncian que se ha impuesto un calendario laboral “sin preguntar a quienes lo van a sufrir” y sin ofrecer alternativas.
“No hemos participado en nada”, lamentan fuentes de la plantilla, que también recuerdan el déficit estructural de efectivos que arrastra la Guardia Urbana desde hace años.
Ese déficit, subrayan, obliga a recurrir de forma habitual a horas extra para sostener el servicio ordinario, una realidad que choca con algunos de los cambios introducidos en el nuevo convenio.
Varios furgones de la GUB, en una imagen de archivo
La carta del jefe
Este episodio llega días después de que el jefe de la Guardia Urbana, Pedro Velázquez, enviara una carta a toda la plantilla apelando al “compromiso profesional” de los agentes “con independencia del momento y el contexto”.
En el escrito, Velázquez advertía de que adoptará las “medidas necesarias” para garantizar el correcto funcionamiento del servicio público cuando sea imprescindible y expresaba su preocupación por la acumulación de indisposiciones médicas en fechas especialmente sensibles, como Nochevieja o la cabalgata de Reyes, cuando —remarcaba— “la profesionalidad del cuerpo es especialmente necesaria”.
Y reconocía también que hay agentes cuyas expectativas no se han visto satisfechas, una percepción “legítima” que, según afirmaba, debe ser escuchada con respeto.
La carta de Pedro Velázquez a la plantilla de la GUB
Las 35 horas semanales
Del mismo modo, el mando policial recordaba que el pasado 18 de diciembre se firmó el nuevo ACL, que calificaba como una “mejora objetiva”.
Entre los principales avances, destacaba la reducción de la jornada a 35 horas semanales, lo que supondrá unas 250.000 horas menos de servicio disponible al año. “Más que nunca debemos velar por la óptima gestión de cada hora de trabajo con el máximo rigor, eficacia y responsabilidad”, señalaba.
Sin embargo, este punto del acuerdo es uno de los que ha generado más controversia con la plantilla: "todos sabemos que la jornada de 35 horas en un cuerpo policial es prácticamente imposible. A cambio, nos dan más días de fiesta, pero no cuando nosotros los queremos", asevera uno de los agentes que firma el escrito.
Malestar reconocido
Desde CSIF y desde la propia plantilla se insiste en que el nuevo convenio ha sido firmado por tres sindicatos, UGT, CCOO y el propio CSIF, aunque con una representatividad muy desigual dentro del cuerpo policial.
CSIF es actualmente el sindicato con mayor implantación en la Guardia Urbana, mientras que UGT y CCOO concentran la mayor parte de la representación del conjunto de funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona, pero no específicamente del cuerpo policial.
Desde UGT, uno de los sindicatos firmantes, admiten la existencia de malestar en parte de la plantilla y reconocen que, pese a no contar con una representación mayoritaria dentro de la Urbana, intentaron “negociar hasta el final” con el Ayuntamiento, defendiendo el acuerdo como un primer paso.
Agentes de la Guardia Urbana de Barcelona durante un dispositivo
Esperan que se frene
Con este telón de fondo, y pese a que el acuerdo cuenta con el aval formal de los sindicatos firmantes, una parte relevante de la plantilla ha decidido dar un paso al lado de las estructuras tradicionales.
Mientras tanto, los agentes mantienen su pulso político y sindical y reclaman in extremis que el pleno municipal de este viernes frene la ratificación del convenio y abra un proceso real de revisión antes de aprobar un acuerdo que, advierten, podría acabar en los tribunales.
En paralelo, el Sindicato Independiente de la Policía Local (SIP FEPOL) ha convocado una concentración el viernes por la mañana en la plaza de Sant Jaume, para “alzar la voz durante el pleno municipal para que todos los políticos sepan que este nuevo acuerdo no cuenta con la aprobación de la plantilla de la Guàrdia Urbana de Barcelona”.
¿Qué dice el ayuntamiento?
Desde el Ayuntamiento de Barcelona, en cambio, siguen defendiendo el nuevo Acuerdo de Condiciones Laborales como un pacto histórico, al asegurar que ha sido respaldado por una amplia mayoría de la mesa negociadora, con 13 de los 15 representantes que han participado en las conversaciones abiertas desde el pasado mes de enero.
El gobierno municipal subraya que el acuerdo no solo mejora las condiciones laborales del conjunto de la plantilla, beneficiando directamente a más de 15.000 trabajadores municipales y a sus familias, sino que también tiene un impacto directo en la mejora de los servicios públicos y de la atención a la ciudadanía, con una repercusión positiva para el conjunto de los vecinos de la ciudad.