Nuevo capítulo en la trama de la niña de 14 años vendida por 5.000 euros para casarla en Lleida. Ahora, la Audiencia de Navarra ha decidido reabrir la investigación al considerar necesaria la práctica de más diligencia sobre la supuesta venta la menor.
Con esta decisión, la Sección Primera estima el recurso presentado por el fiscal frente al auto de sobreseimiento provisional dictado el pasado 6 de noviembre por el titular de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tudela.
Existen indicios de criminalidad
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), el tribunal considera que, tal y como sostiene el Ministerio Fiscal, existen indicios de criminalidad frente a los encausados --los padres, los suegros y la pareja de la menor-- siendo el archivo de la presente causa absolutamente prematuro.
En consecuencia, añade, existen indicios de que la menor fue vendida en enero 2025 por sus padres a otro matrimonio para casarla con su hijo de 21 años. Así, fue localizada la menor en el domicilio de estos en Mollerussa (Lleida).
Mendigando y sin escolarizar
A eso suma la existencia de indicios de que "la menor ha sido dedicada a la mendicidad e incluso en acciones delictivas" aludiendo en ese sentido a que el 9 de septiembre de 2025 fue encontrada por los Mossos d'Esquadra en Bellpuig "pidiendo y encarándose con la gente" y el 4 de octubre fue identificada en Les Borges Blanques.
Un coche de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo
En ambos casos fue recogida por los investigados residentes en Lleida, quienes afirmaron ser sus familiares, ya que sus padres, residentes en Zaragoza, tenían mucho trabajo y se la habían dejado a ellos.
Portaban una partida de nacimiento de la menor y aunque aseguraron que estaba estudiando en Lleida, la realidad es que no está escolarizada.
Al respecto tras remarcar que la escolarización es un "derecho y un deber", el auto de la Audiencia de Navarra subraya que la falta de escolarización de los menores, puede acarrear sanciones para los progenitores, que van desde multas hasta penas de 3 a 6 meses de prisión por incumplimiento de la patria potestad.
Además, la falta es escolarización también puede acarrear medidas civiles como la suspensión de la patria potestad si es una desatención grave y prolongada o la declaración de desamparo del menor.
Riesgo evidente para la menor
En tercer lugar, indican que constan en el atestado de los Mossos d'Esquadra las fotografías aportadas por un testigo en las que aparece la menor y su "presunto marido", además de los progenitores de este, en el festejo de su boda.
En cuarto lugar, apuntan que el hecho de que la menor en su declaración no se reconozca como víctima de delito "no puede ser sinónimo de que no lo sea".
Un agente de la Guardia Civil y otro de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo
Y concluye que "el sobreseimiento y archivo de la presente causa es prematuro y la medida de alejamiento impuesta es conforme a Derecho".
Nuevas diligencias
Entre las diligencias solicitadas figura tomar declaración a un testigo, quien, según dice, "consta que ha sido amenazado por la familia de la menor y, fue quien facilitó datos de gran transcendencia como el perfil de Facebook del presunto marido; de la menor, las fotografías del presunto enlace matrimonial, el precio de la entrega de la menor y el lugar donde se localizaba la misma".
También ve pertinente el oficio de los Mossos que han intervenido en los hechos y oficiar a los servicios sociales de base de Corella (Navarra), donde residía, para que aporten informe social y de intervención de su familia.