Mientras el grueso de la sociedad permanecía encerrada en casa, aplaudiendo a los sanitarios desde los balcones y haciendo retos virales desde sus comedores, un grupo de narcotraficantes decidió hacer todo lo contrario: expandir su 'negocio'.
Y es que en plena pandemia, durante los meses más duros del confinamiento por el Covid-19, esta organización se consolidó como uno de los principales proveedores de cocaína en la comarca del Maresme y aledaños, abasteciendo tanto a clubs de alterne como a otros camellos encargados de la venta al por menor.
Mayoristas de la droga
Ahora, casi seis años después de su detención, el grueso de los integrantes de esta red se sienta en el banquillo de la Audiencia de Barcelona a partir de este jueves, 15 de enero.
Se les acusa de delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal. La Fiscalía, en particular, les atribuye haber mantenido una estructura jerarquizada, estable y altamente profesionalizada dedicada a la adquisición, adulteración y distribución de grandes cantidades de cocaína entre 2019 y 2020.
La investigación, tutelada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Mataró, culminó el 12 de junio de 2020 con una operación policial masiva en plena pandemia y que permitió desarticular la red y destapar una logística digna de una serie de crimen organizado.
Entrada de la Audiencia de Barcelona, en una imagen de archivo
De la cúpula al consumidor
Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Crónica Global, la red estaba formada por varias ramas interconectadas, cada una con funciones muy definidas.
En la cúspide se situaban S.E., considerado el líder, y E.F.A., su mano derecha; ambos de origen magrebí. El primero se encargaba de adquirir grandes partidas de cocaína y controlar el negocio; el segundo gestionaba los contactos, el transporte y el almacenamiento.
Juntos actuaban como proveedores mayoristas del resto de la estructura.
Entre el Maresme y la Costa Brava
Por debajo de la cúpula operaban diferentes células territoriales. Por un lado, una rama que actuaba como intermediarios. En paralelo, dos hermanos que compraban cocaína por kilos y la adulteraban en un local de Mataró para aumentar su rendimiento económico.
También se detectó otra rama liderada por un matrimonio y que operaba entre Pineda de Mar y Calella. Finalmente, también se detuvo a la responsable de un club de alterne en Blanes (Girona), que adquiría la droga para venderla directamente a clientes y trabajadoras del local.
El resultado era una red que conectaba proveedores, intermediarios y puntos finales de venta, capaz de mover droga entre el Maresme, el Vallès, Osona y la Costa Brava con rapidez y discreción.
Detención conjunta de los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional, en una imagen de archivo
Vehículos modificados
Uno de los elementos más llamativos del caso es el uso de vehículos modificados con habitáculos ocultos, las llamadas 'caletas', para transportar la cocaína sin levantar sospechas.
La policía localizó escondites construidos dentro de la estructura de los coches: en los respaldos de los asientos, bajo sillines de motocicletas o en dobles fondos de vehículos preparados expresamente para almacenar droga.
En uno de ellos, por ejemplo, se hallaron tres kilos de cocaína ocultos en el respaldo trasero de un turismo; en otro, casi 800 gramos bajo el asiento de una moto.
La logística se completaba con coches lanzadera, que circulaban por delante para detectar controles policiales, y con dispositivos de contra vigilancia, como detectores de frecuencia para evitar seguimientos electrónicos.
Activos en plena pandemia
Ni siquiera el estado de alarma consiguió detener la actividad. Las escuchas reflejan cómo los propios acusados se quejaban de las dificultades para moverse, lamentaban no haber acumulado más 'stock' antes del confinamiento y ajustaban entregas para sortear controles.
Pero la actividad continuó. La Fiscalía documenta movimientos y entregas hasta mayo de 2020, cuando las restricciones eran máximas. La organización se adaptó, redujo riesgos y siguió vendiendo.
Agentes de la Policía Nacional, en una imagen de archivo
Sin embargo, el 12 de junio de 2020 su suerte acabó. Tras meses de investigación, la Policía Nacional ejecutó una operación coordinada con entradas y registros en múltiples localidades catalanas.
El balance fue contundente: más de cinco kilos de cocaína intervenidos, 402.583 euros en efectivo procedentes del narcotráfico, además de todo el material para preparar la droga y venderla.
Hasta 11 años de prisión
Con todo, la Fiscalía solicita para los principales acusados penas que alcanzan los 11 años de cárcel, multas millonarias y, en el caso de varios procesados de nacionalidad extranjera, la sustitución parcial de la condena por la expulsión del territorio nacional.
El juicio que comienza ahora en la Audiencia de Barcelona pone el foco en una realidad incómoda: mientras el país se detenía, el narcotráfico no lo hizo. Y esta red supo aprovechar ese paréntesis histórico para consolidarse como uno de los grandes proveedores de cocaína del noreste de Cataluña.