Durante más de un año, una organización criminal con base operativa en Cataluña, aprovechó las grietas del transporte internacional de mercancías para vaciar camiones sin levantar sospechas.
Lo hacía en plena ruta, entre países de la Unión Europea, y con una logística tan pulida que logró sustraer productos por valor de tres millones de euros antes de ser detectada.
Ahora, la Guardia Civil ha desarticulado ese entramado en el marco de la 'operación Driverso', que se ha saldado con siete detenidos y otras 37 personas investigadas, además de siete registros domiciliarios y empresariales.
El grupo está acusado de haber cometido al menos 65 robos de mercancía de Amazon en trayectos internacionales entre Barcelona, Francia e Italia, según fuentes de la investigación.
Empresas pantallas
La investigación se inició en agosto de 2024, cuando la propia compañía de e-commerce detectó la desaparición reiterada de paquetes en envíos internacionales.
No eran pérdidas aisladas ni errores logísticos: detrás había un sistema organizado, jerarquizado y profesionalizado, que había logrado insertarse en la cadena legal de transporte mediante un entramado de sociedades aparentemente legítimas, muchas de ellas vinculadas a su base logística en Cataluña.
Los cabecillas controlaban varias empresas utilizadas como cobertura logística, mientras que otros miembros ejecutaban los robos y se encargaban del traslado y posterior distribución de la mercancía sustraída.
La estación logística de Amazon en Mollet del Vallès (Barcelona) - ARCHIVO
Para dificultar la trazabilidad y la identificación de los responsables reales, la red utilizaba sucesivas subcontrataciones dentro del sector del transporte internacional, una técnica que les permitía diluir responsabilidades y operar durante meses sin levantar alertas.
El centro de operaciones, en el Vallès
La coordinación de la red se realizaba desde una empresa ubicada en La Roca del Vallès (Barcelona), que funcionaba como centro neurálgico de apoyo logístico. Desde allí se planificaban rutas, se gestionaban las sociedades pantalla y se controlaba la redistribución del material robado.
El grupo había creado, además, un circuito de comercialización paralelo: los productos de menor valor se revendían dentro del territorio nacional, mientras que los dispositivos electrónicos y artículos de mayor coste se enviaban al extranjero, donde su seguimiento resultaba más complejo para los investigadores.
Registros, dinero en efectivo y cuentas embargadas
La fase final de la operación se desarrolló a finales del año pasado, con siete registros simultáneos en domicilios y sedes empresariales. En ellos se intervinieron dispositivos electrónicos, artículos de lujo, 47.000 euros en efectivo, una pistola de aire comprimido, documentación relevante y mercancía sustraída valorada en 30.000 euros.
Además, se procedió al embargo de cuentas bancarias con un saldo conjunto de 400.000 euros, como parte del aseguramiento patrimonial de la causa.
Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, en imagen de archivo
La investigación sigue abierta
Pese al golpe a la estructura principal, la Guardia Civil mantiene abierta la investigación y analiza más de 200 trayectos adicionales que podrían estar vinculados a la misma organización, con el objetivo de determinar si existen más robos no detectados y posibles ramificaciones del grupo en otros países.
La causa está en manos del Juzgado de Instrucción de Granollers y ha sido desarrollada por el Área de Delincuencia Organizada, Patrimonial y Económica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Barcelona, en coordinación con Europol y la Agregaduría de Interior de España en Rumanía.