La familia de Gina, la niña de cinco años que fue sustraída por su padre el pasado 13 de diciembre, pensó que había recibido el mejor regalo de Navidad cuando los Mossos d’Esquadra y un grupo de detectives privados lograron localizarla el día 25 en una casa de la familia paterna en Vitulazio, al norte de Nápoles.
La pequeña estaba "sana y salva", localizada y fuera de peligro inmediato. Sin embargo, desde entonces Gina no ha vuelto a casa, a El Prat de Llobregat. Desde hace más de dos semanas permanece en un centro de protección de menores en Italia, a la espera de que la justicia de ese país autorice formalmente su repatriación a España.
El Convenio de La Haya
De este modo, lo que parecía el final del calvario abrió, en realidad, una nueva fase del drama: la judicial. Porque, aunque el traslado de la menor fue ilícito y está reconocido como tal por las autoridades españolas, su retorno no es automático.
Según las fuentes expertas consultadas, la repatriación de la menor está sometida a un procedimiento internacional regulado por el Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, un tratado que España e Italia tienen suscrito y que obliga a los Estados a cooperar para devolver a los niños trasladados ilegalmente a su país de residencia habitual.
Imagen de Gina, la menor sustraída por su padre
Complicaciones burocráticas
El Convenio parte de una idea clave: ningún progenitor puede cambiar el país que debe decidir sobre la custodia de un menor. No entra a valorar con quién debe vivir la niña, sino dónde debe tomarse esa decisión. En este caso, en España.
Pero para ejecutar esa restitución es necesario que un juez italiano la autorice, tras comprobar que no concurre ninguna de las excepciones previstas —como un riesgo grave para la menor o una vulneración de derechos fundamentales— y tras garantizar que el retorno se realizará de forma segura y ordenada.
Vista clave este martes en Nápoles
De este modo, y cuando este martes 13 de enero se cumple exactamente un mes desde la sustracción, un juzgado de menores de Nápoles celebrará una vista preliminar para analizar el caso y decidir si activa formalmente el procedimiento de restitución internacional. La resolución que adopte el tribunal marcará el futuro inmediato de la niña.
La vista se celebrará además con un elemento que añade tensión al proceso: el padre de la menor, que fue detenido tras ser localizado en Italia, se encuentra actualmente en libertad y está personado en el procedimiento con el objetivo de que la niña permanezca en Italia.
Es decir, el mismo progenitor que se llevó ilícitamente a la menor fuera de España está ahora litigando en el país de acogida para consolidar una situación creada al margen de la legalidad.
Ese trámite, que sobre el papel se presenta como “urgente”, en la práctica implica informes sociales, intervención de la Fiscalía de menores y, en ocasiones, la audiencia del propio niño si tiene edad suficiente.
Durante ese tiempo, la menor queda bajo tutela provisional del sistema de protección del país requerido, en este caso Italia. Por eso, Gina no ha sido entregada todavía a su madre, sino que permanece en un centro de menores en Nápoles, en una especie de limbo jurídico que ni su familia ni los investigadores esperaban.
Un caso de violencia vicaria
La abogada de la madre, Carla Vall, ha sido aún más contundente en su valoración jurídica. En declaraciones a 'El Prat Digital', aseguró que “es un caso de violencia vicaria y se han vulnerado los derechos de Gina, que es la víctima directa y a la que se está instrumentalizando para dañar a su madre”.
La letrada añadió que “hay varios delitos y causas en curso, existe una sustracción de carácter internacional con la clara intención de impedir que la niña tenga acceso a su entorno cercano”.
Vall denunció además una situación de “bloqueo” competencial que, a su juicio, no tiene justificación legal. “Italia está haciendo valer su competencia por encima de la nuestra. Jurídicamente es incomprensible, porque tenemos una resolución de un juzgado de El Prat que dice que la niña debe ser retornada a su hogar, a su madre, y, por tanto, Italia lo que debería hacer es cumplir con los convenios internacionales”, sostuvo.
Un limbo que se ha prolongado, además, en pleno periodo navideño, con juzgados funcionando a medio gas y plazos que se estiran mientras la vida de una niña de cinco años queda en suspenso entre dos países.
Imagen de Facundo Nahuel y su hija Gina
Campaña de micromecenazgo
A ese bloqueo jurídico se suma ahora una carga económica que la madre de la menor difícilmente puede asumir en solitario. Laia Castelltort --la progenitora-- ha impulsado una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma 'GoFundMe' para hacer frente a los gastos derivados del proceso, tanto en Italia como en España.
“Las autoridades italianas aún no han activado la repatriación inmediata de mi hija. Afronto unos costes judiciales muy elevados: necesito contratar a abogados habilitados en Italia para conseguir que Gina vuelva a casa, y tengo que afrontar cuatro procesos abiertos en España contra el padre, tanto civiles como penales. La suma puede llegar a los 40.000 euros”, explica.
La campaña, difundida a través de una plataforma de micromecenazgo, ha empezado a circular en redes sociales y ha recibido el apoyo de caras conocidas como el actor Octavi Pujades, que se ha hecho eco de la iniciativa para dar visibilidad al caso.
Su rastro se perdió en Ripoll
Con todo, Gina fue sustraída el pasado 13 de diciembre por su padre, Facundo Nahuel de Santis, que decidió romper el régimen de visitas y no devolverla a su madre. El punto de encuentro era la comisaría, a las siete de la tarde, pero nunca apareció.
Desde ese momento, la maquinaria policial de los Mossos d’Esquadra se activó para tratar de localizar a un hombre que, según la investigación, no actuó de forma impulsiva.
Antes de desaparecer con la menor, Facundo se deshizo de varios de sus enseres y propiedades, vendiéndolos para obtener dinero en metálico y facilitar así su huida sin dejar rastro bancario. Un movimiento que reforzó la tesis de la premeditación y de que buscaba los recursos necesarios para mantenerse oculto durante un tiempo prolongado.
Tal y como pudo avanzar Crónica Global, las últimas pistas lo situaban en la zona de Ripoll (Girona). Tras saltarse el régimen de visitas —que no le permitía pernoctar con la niña debido a sus antecedentes por maltrato hacia su expareja—, el rastro del hombre se perdió en el norte de Cataluña, donde se encontraba su residencia habitual.
Según la información que se supo tras la desaparición de la menor, Facundo cuenta con denuncias previas por violencia de género, un factor que elevó la peligrosidad del caso y activó las alertas policiales. El juzgado ya había emitido las órdenes internacionales correspondientes para su detención inmediata cuando, finalmente, fue localizado en Italia.