La noche del 22 de junio de 2022, Cristóbal estaba en casa con su pareja y su hija, que entonces tenía poco más de tres meses. Poco antes de las once, escuchó varias explosiones. "Pensamos que eran petardos, porque ya había gente celebrando San Juan", recuerda. Vivían —y siguen viviendo— en el primer piso de un edificio de Calella, justo encima de una tienda de bicicletas y patinetes eléctricos.
No eran petardos. La explosión de una batería que se estaba cargando en el interior del local provocó un incendio que llenó el edificio de un denso humo negro. Los bomberos desplegaron cuatro dotaciones y fue necesario desalojar de manera preventiva a los vecinos de 15 viviendas. El humo se propagó por el patio interior y entró en varios pisos, incluido el de Cristóbal. Dos personas fueron atendidas por inhalación leve de humo y una de ellas fue trasladada al hospital por precaución.
"Si esto llega a pasar a las tres de la mañana, morimos todos", asegura. Aquella noche, la rápida reacción de personas que se encontraban en las terrazas de la zona evitó consecuencias mayores. "Vieron el humo y empezaron a tocar timbres. El olor a quemado se notaba en media Calella, por las baterías y las gomas de los patinetes".
La pregunta que nadie responde
Aunque el incendio se dio por controlado y no hubo heridos graves, para Cristóbal el problema no terminó ahí. A raíz de lo ocurrido, empezó a preguntarse si el local situado bajo su vivienda cumplía realmente con las condiciones de seguridad necesarias para una actividad que implica la carga y manipulación de baterías de litio.
Hasta entonces, asegura, no tenían constancia de ninguna irregularidad. "No sabíamos si cumplía o no. Pero cuando te entra humo en casa, algo falla. Eso debería estar preparado para que un incendio no afecte a las viviendas".
El local había sido anteriormente una tienda de souvenirs y, según sostiene, arrastraba problemas previos de humedades y filtraciones. "No se cambió la instalación eléctrica. Pasas de vender recuerdos a enchufar decenas de baterías".
Instancias, silencios y versiones enfrentadas
Desde el verano de 2022, Cristóbal ha dirigido numerosas solicitudes al Ayuntamiento de Calella para que se revisara el inmueble y se le facilitara información sobre la licencia de actividad, las inspecciones realizadas tras el incendio y las medidas de seguridad exigidas. Las peticiones se canalizaron a través de instancias registradas y correos electrónicos.
Según la versión del consistorio, un ingeniero municipal atendió a los vecinos afectados tanto de forma telefónica como presencial, aunque el Ayuntamiento admite no disponer de constancia documental ni de fechas concretas de esos encuentros, al haberse producido —según explica— sin cita previa.
Plaza del Ayuntamiento de Calella
Cristóbal lo niega. "No ha habido ninguna reunión ni ninguna charla con nadie", afirma a Crónica Global. Por ese motivo, explica, exigió que toda la comunicación se realizara por escrito. "Lo hice porque sabía que después dirían que sí nos habían atendido". Las respuestas municipales, añade, no despejaron sus dudas.
El local sigue abierto
En enero de 2024, el Ayuntamiento notificó la apertura de expedientes para subsanar deficiencias detectadas en inspecciones del local. Entre las medidas exigidas figuraban actuaciones para evitar la propagación del fuego y la adecuación de determinados elementos técnicos.
Para Cristóbal, esas notificaciones confirmaban que el establecimiento no reunía las condiciones adecuadas. "Y aun así sigue abierto", reitera. Según los informes municipales, el local presentaba deficiencias acústicas, elementos sin aislar correctamente y zonas sin techo.
La situación ha generado un fuerte conflicto dentro de la comunidad de vecinos. El inquilino del local y el propietario se han cruzado reproches sobre responsabilidades y posibles reclamaciones al seguro. "Aquí nadie quiere hacerse daño, pero soy yo el que sigue viviendo aquí encima. Mira lo que pasó en Suiza en fin de año; en un momento se puede acabar todo", resume Cristóbal.
La mediación del Síndic
El caso acabó llegando al Síndic de Greuges de Catalunya, ante la falta de una interlocución directa eficaz con el Ayuntamiento. A través de este organismo, el consistorio trasladó información sobre las medidas de seguridad finalmente exigidas a la propiedad del establecimiento. Para el vecino, sin embargo, el proceso ha sido lento y opaco.
El impacto invisible
El conflicto ha tenido un impacto directo en su salud. "He estado más de un año de baja por ansiedad", explica. Aunque fue dado de alta, asegura que el miedo persiste. "Cualquier ruido por la noche, cualquier olor extraño, te dispara". Hace pocas semanas, relata, tuvo que llamar a la policía al detectar humo en la escalera.
Cristóbal sospecha que detrás de la falta de respuestas claras hay intereses cruzados relacionados con licencias concedidas poco antes del incendio, responsabilidades patrimoniales y la actividad económica del negocio. "Si el local no cumplía, el seguro no paga. Y alguien dio el visto bueno cuando no tendría que haberlo hecho". Una interpretación que el Ayuntamiento no comparte y que el vecino reconoce que no puede probar, pero que, asegura, es la única explicación que encuentra tras casi tres años de reclamaciones.
Más allá de las acusaciones, su demanda sigue siendo la misma desde el primer día: documentación clara, una revisión técnica concluyente y la garantía de que su vivienda es segura. "No estoy pidiendo nada extraordinario, solo quiero saber que lo que pasó en 2022 no puede volver a pasar", concluye.